Según el proyecto del Senado 640, con la enmienda se corrige una "gran contradicción", ya que una madre menor de edad puede tomar la decisión de abortar, pero no se le permite dar a su hijo para adopción.

Los menores, de 18 a 21 años, tendrán capacidad jurídica para decidir si se acogen a la entrega voluntaria de sus hijos para que sean adoptados, establece el proyecto del Senado 640, que fue aprobado hoy por el alto cuerpo.

Votaron en contra el senador independiente José Vargas Vidot, el PPD Javier Aponte Dalmau, así como los legisladores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén.

La medida, de la autoría de la senador Joanne Rodríguez Veve, tiene como propósito enmendar los artículos 5, 13 y 21 de la Ley de Adopción de Puerto Rico (Ley 61 de 2018), en relación a los mecanismos de "acuerdo de adopción voluntaria durante el embarazo" y "entrega voluntaria".

También se incluye en la pieza legislativa la capacidad jurídica que tendrán las madres y padres entre los 18 y 21 años para acogerse a la entrega voluntaria de sus hijos para que sean adoptados.

Tanto el Departamento de la Familia, el Hogar Cuna San Cristóbal y el Centro de Acogida y Sostén Agustino (CASA), que se especializan en este ámbito, dieron su respaldo a la medida durante el proceso de audiencias públicas.

De acuerdo con la pieza legislativa, con el proyecto "se amplían las oportunidades que pueda tener una madre menor de edad para acceder a los mecanismos de entrega voluntaria contemplados en la Ley de Adopción de Puerto Rico".

"Se atiende así una gran contradicción, pues en nuestro ordenamiento una madre menor de edad puede tomar la decisión de abortar la criatura que lleva en su vientre, pero no se le reconoce la capacidad legal necesaria para tomar la decisión de permitir que su hijo nazca para luego entregarlo voluntariamente en adopción mediante los mecanismos de entrega voluntaria que promueve el Estado", agrega la exposición de motivos.

Se reconoce además que una menor de edad embarazada, entre los 18 y 21 años, "goza de la capacidad legal necesaria para decidir el futuro de sus hijos mediante los mecanismos de entrega voluntaria contemplados en la Ley de Adopción de Puerto Rico".

La autora del proyecto, Joanne Rodríguez Veve, comentó que "en estos momentos una menor puede abortar sin el consentimiento y conocimiento de sus padres, por lo que este proyecto propone que las menores entre los 18 y 21 años puedan tomar la decisión de acogerse al mecanismo de entrega voluntaria una vez nace la criatura. Si no puede asumir la maternidad, se da la opción de que pueda dar vida a su hijo".

Expuso que ya la ley establece unas "garantías" para el proceso y aseguró que es Familia la autoridad "competente" para que asuma la responsabilidad de ese menor.

Mientras, la legisladora independentista María de Lourdes Santiago, sostuvo que "hay que procurar que se reconozcan ciertos derechos que no estaban accesibles y para que no necesiten el permiso de su papá y su mamá para tomar esa determinación. Hoy esa mujer, si no está emancipada, necesita ese permiso, a pesar de que puede estar convencida de tomar esa decisión".

A su vez, consideró que "el proyecto incluye salvaguardas para la intervención del Departamento de la Familia con el objetivo de que una mujer vulnerable no esté sujeta a algún tipo de presión, coacción o engaño. Se trata de que una mujer, de 18 o 19 años, pueda tomar esa decisión difícil y trascendental".

En tanto, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, dijo que tiene dudas "entre esas mujeres que tienen derecho a tomar su decisión sobre su embarazo, pero que este proyecto pone un límite entre los 18 y 21, pero entonces no les cobija. Dejan fuera a menores de 18 años a acceder a la adopción y crea una maternidad forzada. Si fijamos la edad en 18 años, estamos yendo en contra del concepto de la mujer madura, que se ha establecido en el ámbito jurídico".

El portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, calificó el proyecto de "riesgoso" y opinó que "el infierno puede estar pavimentado de buenas intenciones y esta medida puede ser el infierno".

"Pasa que ese bebé indefenso, con una madre quizás bajo un estado de desespero porque no tiene un apoyo, nosotros creamos las herramientas para que pueda entregarlo cuando constantemente aquí hablamos de la trata de seres humanos y hay un montón de gente afuera haciendo cosas ilegales con bebés. Es un riesgo. No me hablan de protocolo, de garantías, exigencias", sentenció.

Tanto Rivera Lassén como Aponte Dalmau recomendaron que en lugar del proyecto se pusiera acento en la emancipación de las jóvenes para abordar el asunto.