Ante la presentación de un nuevo plan de ajuste de deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los representantes José Bernardo Márquez Reyes (MVC), Mariana Nogales Molinelli (MVC) y Luis Raúl Torres Cruz (independiente) sometieron una medida para requerir a la Contraloría que informe a la Asamblea Legislativa de la auditoría que realiza sobre la deuda de la AEE.

La resolución concurrente de la Cámara 65 requiere a la Contraloría presentar informes especiales a dos comisiones legislativas con resúmenes, hallazgos y actualizaciones periódicas de la auditoría en curso sobre las emisiones de bonos de la AEE.

“A finales del año pasado supimos que la Contraloría inició una auditoría de varias emisiones de deuda de la AEE debido a un presupuesto que el gobernador había designado para esos propósitos. Es urgente y fundamental que conozcamos cualquier hallazgo de esa auditoría ante el avance del Plan de Ajuste de Deuda en el tribunal federal, particularmente cuando los propios informes de la Junta han reconocido la posible ilegalidad de ciertas emisiones" afirmó Márquez Reyes, portavoz del MVC en la Cámara.

Mientras, Nogales Molinelli, portavoz alterna del MVC, dijo que, “nuevamente, nos parece incomprensible que paguemos la cuenta antes de pedir el recibo de gastos. Por eso radicamos esta resolución que le exigiría a la Oficina de la Contralora una rendición de cuentas urgente y periódica ante la Asamblea Legislativa sobre la auditoría que llevan a cabo".

"¿Se emitió de deuda ilegal? ¿Se emitió deuda para pagar a contratistas y consultores para proyectos que no contaban con los permisos necesarios y que nis siquiera se concretaron? ¿Hubo conflictos de interés en la asesoría de consultores externos que recomendaron muchas de estas transacciones? El país merece respuestas a antes de preguntas antes de cualquier Plan de Ajuste”, añadió.

La resolución concurrente de la Cámara 65 actualmente se encuentra ante la consideración de la Comisión de Asuntos Internos de ese cuerpo, presidida por el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras, y tanto la Cámara como el Senado tendrían que aprobarla, mas no haría falta la firma del gobernador para su implementación.

Según Torres Cruz, “tenemos que saber si ese proceso se llevó conforme a la ley antes de tomar cualquier paso en la dirección de una posible negociación, especialmente cuando sectores privados alertan sobre las posibles consecuencias de aumentos en las tarifas tanto para clientes residenciales como comerciales. Le pedimos a las presidencias de ambos cuerpos que promuevan la aprobación de esta medida con la celeridad que amerita. No podemos permitir que la Junta de Control Fiscal dicte cómo vamos a pagar una deuda con fondos públicos cuando aun no tenemos las cuentas claras".

Desde finales de 2021, la contralora Yesmin Valdivieso había informado la asignación de un presupuesto de 1 millón para auditar la deuda de Puerto Rico.

Sin embargo, tras varias sesiones en espera de que la Asamblea Legislativa aprobara legislación específica, la Contraloraía dio inicio a la auditoria el año pasado utilizando sus poderes legales actuales.