ASSMCA apoya las medidas dirigidas a esos fines solamente si se aplican las recomendaciones presentadas.

Los profesionales en salud apoyaron la medida que busca incorporar a los médicos primarios en los servicios de salud mental, siempre y cuando se tomen en consideración las enmiendas presentadas a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

En vista pública, presidida por la presidenta de la Comisión, Sol Higgins Cuadrado, Ángel Montaner, vicepresidente de la Asociación IPAS de Puerto Rico (AIPAs), endosó los Proyectos de la Cámara 837 y 1485.

El Proyecto de la Cámara 837 (P. de la C. 837) pretende enmendar la Ley 408-2000 conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, para autorizar e integrar la figura del médico primario en el plan de tratamiento del equipo multidisciplinario de los servicios de salud mental en Puerto Rico.

“La AIPAs entiende que es indispensable que los médicos primarios sean parte del equipo de profesionales que atiende los servicios de salud mental en aras de poder lograr la prevención, atención temprana, seguimiento, rehabilitación y tratamientos para la salud mental de los ciudadanos de Puerto Rico que tanto necesitan”, expresó Montaner.

De igual manera, Montaner señaló que enmendar la ley sería beneficioso para todos los pacientes de salud mental en Puerto Rico, y se trataría “sin distinción de ser aseguradores o beneficiarios de planes médicos públicos o privados”.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 1485 (P. de la C. 1485) busca derogar la Sección 11 de la Ley 67-1993, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)” por contener “disposiciones que violentan los derechos garantizados a personas con uso problemático de sustancias”.

Carlos Cruz Rosado, funcionario de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), planteó que la asociación apoya ambos proyectos siempre y cuando se acojan las recomendaciones presentadas a la Comisión. ASSMCA recomendó que se incremente la jurisdicción de los Tribunales en los casos de drogodependencias sin necesidad de remitirse a la definición del concepto “servicios de salud mental”. Según indicó, de esta manera se pueden destinar fondos y recursos para el establecimiento de campañas de educación dirigidas a reducir el estigma y resaltar la importancia de los tratamientos para la adicción.

“Enfatizar y analizar la legislación según las particularidades y realidad correspondiente a la atención de la salud mental y la problemática causada por el consumo de sustancias en nuestro país. Derogar, sin más, la sección 11 de la Ley 67, a nuestro juicio, crearía un vacío legal al ingreso involuntario de personas que necesiten un tratamiento por abuso o dependencia a sustancias controladas o el alcohol”, expresó Cruz Rosado.

Como parte de los planteamientos, el vicepresidente de AIPAs añadió que hay que humanizar la drogadicción, y que este proyecto reconozca la enfermedad. Montaner citó el estudio del la Universidad de Harvard titulado “Involuntary Civil Commitment for Substance Use Disorders in Puerto Rico: Neglected Rights Violations and Implications for Legal Reform” como referencia, ya que identificó que en la Isla usualmente no usan profesionales médicos o salubristas, sino que dependen de personas que han tenido problemas con sustancias en el pasado.

“Este estudio recomienda que en la Isla se utilice el procedimiento vigente establecido en la Ley 408-2000, y derogar la Ley de ASSMCA. El proyecto de ley 1485 es uno que constituye un paso de avanzada en nuestra jurisdicción, que al igual que todas las otras jurisdicciones de los Estados Unidos, han dejado atrás este procedimiento innecesario y obsoleto que no toma en cuenta los derechos fundamentales de las personas”, informó Montaner.

De la vista pública participaron los siguientes representantes: Luis Pérez Ortiz, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y Lisie Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad.