Legisladores avalaron proyecto que pretende dar un aumento de sueldo a estos funcionarios que no se materializa hace 20 años.

No podía ser de otra forma: el grupo de fiscales de distrito, fiscales auxiliares, procuradores de menores y de familia, así como registradores de la propiedad que llegaron a instalarse en las gradas del hemiciclo del Senado desde el pasado lunes, ayer aplaudió al conocer que finalmente verán una mejora en sus salarios.

Y es que el alto cuerpo, en su sesión de hoy, avaló el proyecto de la Cámara 1343, que enmienda la Ley 205 de 2004 ("Ley Orgánica del Departamento de Justicia") y a Ley 210 de 2015 ("Ley del Registro de la Propiedad inmobiliaria") para aumentar los sueldos a estos profesionales, lo que tendrá un impacto de $22.5 millones de dólares.

La medida tiene el fin de transferir al Departamento de Justicia la autoridad para establecer el salario base aplicable a los fiscales de distrito, fiscales auxiliares IV, fiscales auxiliares III, fiscales auxiliares II, fiscales auxiliares I, procuradores de menores y familia, así como registradores de la propiedad, conforme a la revisión periódica de las escalas salariales que realice el Poder Ejecutivo.

Esto permitirá que estos funcionarios de Justicia reciban un aumento de sueldo que no se daba desde 2004, bajo la gobernación de Sila Calderón, y que fue de $100 dólares.

El futuro beneficio permitirá que Justicia detenga la fuga significativa de sus fiscales auxiliares y procuradores más experimentados, "principalmente provocado por renuncias voluntarias, ante la falta de competitividad salarial de la ley vigente y la limitada capacidad del Estado para ofrecer condiciones de empleo más atractivas", reza la medida.

Ahora será el propio Departamento de Justicia el que diseñará una estructura de compensación competitiva, conforme a la realidad fiscal de la agencia y las guías mandatorias dispuestas en la ley.

Los fiscales de distrito, fiscales auxiliares, procuradores de menores, procuradores de familia y registradores de la propiedad se encuentran excluidos del "Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme para el Gobierno Central" debido a que la Asamblea Legislativa “retiene la facultad exclusiva de revisar las escalas salariales, labor que la situación económica no permite ejecutar desde hace más de 20 años. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se encuentra impedido de incluir a estos funcionarios dentro de la revisión proyectada, salvo que exista autorización legislativa”, afirma la medida.

Pero finalmente se materializó el beneficio a estos funcionarios a través del proyecto, que atempera administrativamente el salario base de estos funcionarios, conforme a la realidad fiscal de la agencia, “para evitar una disparidad injusta e insostenible con los restantes profesionales del derecho que ejercen funciones en el gobierno de Puerto Rico”, añade la pieza legislativa.

Un ejemplo de la mejora en el salario es que los fiscales de distrito recibirán una compensación equivalente a la escala máxima aplicable para la figura de "abogado principal", utilizando como referencia el "Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme para el Gobierno Central".