El proyecto busca dejar sin efecto incentivos que, en ocasiones, sobrepasaban los $100,000 dólares para la alta gerencia de algunas agencias.

El Senado aprobó en su sesión ordinaria de hoy un proyecto que elimina los bonos de productividad en la alta gerencia de las agencias del gobierno.

La medida busca dejar sin efecto una práctica que beneficia habitualmente a la alta gerencia de las agencias del gobierno con bonos de productividad que pueden superar los $100,000 dólares.

Se trata del proyecto 739, que enmienda la Ley 66 de 2013, y que fue aprobado por 15 votos a favor y siete en contra.

La pieza legislativa enmendó los artículos 1 y 2 de la Ley 66 (“Ley para Prohibir la Otorgación de Bonos de Productividad en el Gobierno”), a los fines de definir el alcance del concepto “bono de productividad”, ajustar sus disposiciones a la normativa establecida en legislación posterior a la aprobación de dicha ley y prohibir taxativamente la concesión de bonos de productividad en toda agencia, corporación o instrumentalidad gubernamental para altos directivos, funcionarios, empleados de confianza y otros gerenciales del gobierno.

Dentro de la pieza legislativa, se ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, así como a las juntas de gobierno de las autoridades, administraciones o corporaciones públicas, a promulgar o enmendar cualquier reglamento, memorando especial o carta circular necesario para poner en vigor las disposiciones de la ley.

Sobre la medida, el senador Ramón Luis Nieves comentó en el hemiciclo que “aquí se legisló que, dependiendo de las finanzas de la agencia, se daban los bonos de productividad. Ahora se pretende algo sencillo: que no se espere por las finanzas del gobierno, sino que de una vez y por todas eliminar en su totalidad el asunto de los bonos de productividad en la alta gerencia, no en los empleados de tercer orden y por mérito”.

“Ya no es si mejoran las finanzas, sino que permanentemente se eliminen los bonos de productividad a esa alta gerencia, que se beneficia con bonos de $100,000 y hasta $115,000 dólares. Esa política se tiene que eliminar. Si hablamos de gente comprometida, empecemos por demostrarlo con este proyecto”, acotó.

Aprueban resolución sobre violencia doméstica

Además, el Senado aprobó la resolución 213, para ordenar a las comisiones de Asuntos de las Mujeres y De lo Jurídico realizar una investigación sobre cómo se está manejando la recopilación de datos sobre los casos de violencia de género entre las agencias del gobierno.

La investigación abarcará el Negociado de la Policía, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Justicia, entre otras agencias.

A su vez, se contemplarán diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a la investigación y prevención de esta problemática, las que podrán presentar sus recomendaciones para atender esta situación.

Sobre la resolución, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, respaldó la medida, pero hizo un cuestionamiento: “Se parece al proyecto 360, que habíamos radicado para que se vieran diferentes enmiendas y cambios a la Ley 54 (de Violencia Doméstica) para hacer un estudio, mejorar el cumplimiento de la misma y hacer un análisis integral. La 213 nos parece muy bien, estamos de acuerdo en que la recopilación de estadísticas en agencias del gobierno tiene que ser mejorada, organizada y tiene que ser fidedigna, pero exhorto a quienes votaron en contra del 360 a que voten a favor de este y del otro (213), que van en la misma dirección”.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Thomas Rivera Schatz, se abstuvo, lo mismo que la senadoras Keren Riquelme, Wanda Soto Tolentino y Migdalia Padilla, así como el legislador Gregorio Matías.

La medida fue aprobada por 17 votos a favor (con las cinco abstenciones del PNP).