En una audiencia pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, se evaluó el proyecto 1230, que crearía el andamiaje legal para obtener, administrar y cumplir de forma eficaz con el desembolso de estos dineros.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), ante un proyecto que se evalúa en la Cámara que pretende manejar la “lluvia” de fondos federales que llegan constantemente a la Isla, advirtió que la medida podría pecar de “intromisión indebida” y, además, consignó que ya hay normativa que aborda lo que atiende la pieza legislativa.

Roberto Rivera, asesor de Asuntos Legislativos de la OGP y quien compareció a la audiencia pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara en representación del director de la agencia, Juan Carlos Blanco, expuso la posición de esa dependencia pública en torno al proyecto 1230, para establecer la “Ley de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales”.

Sobre la medida, el funcionario, en principio, llamó la atención sobre el hecho de que la agencia ya está abordando el asunto a través de la Ley Orgánica de la OGP, que incorporó medidas para el mejor uso de los fondos federales (la Ley 147 de 1980, indica que la agencia tendrá entre sus facultades “coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales”).

A su vez, consignó que “aunque la medida persigue el propósito legítimo de regular el manejo de fondos federales, ya existe reglamentación federal designada para este mismo propósito”.

Respecto de la Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales, que establece el proyecto y que estaría adscrita a la OGP, Rivera advirtió “de las consecuencias que esto podría acarrear”, ya que “podría interpretarse como una intromisión indebida del Estado, controversia que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el gobierno federal”.

Asimismo, alertó que con la medida “se estaría añadiendo un paso al proceso burocrático establecido por el gobierno federal”, que miembros de la Comisión que se crearía “estarían sujetos a los cambios de turno en el gobierno” y que sus miembros podrían verse afectados por “conflictos de interés”, ya que “las personas con experiencia en el campo de los fondos federales generalmente son consultores o asesores de algún programa federal en Puerto Rico”.

En definitiva, aseguró que el proyecto “no asegura el cumplimiento de los programas federales con la reglamentación aplicable”.

La pieza legislativa busca mejorar los esfuerzos para coordinar e integrar mejores prácticas a la obtención, manejo y cumplimiento con fondos federales, que según la exposición de motivos “han sido dispersos, esporádicos e ineficaces”.

En la audiencia pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el representante Jesús Santa Rodríguez, se detalló que la medida también propone poner en marcha un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos Federales (SMEFF), así como definir las obligaciones de agencias gubernamentales recipientes de fondos federales y proveer un procedimiento con participación ciudadana para la elaboración de planes de uso o planes de desembolso estratégico de estos dineros.

Para el año fiscal 2020-2021, los fondos federales de distintas fuentes y categorías

supusieron una suma significativa del presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico: sumaron $8,879 millones de un presupuesto consolidado total de $22,229 millones.

La partida de ingresos provenientes del gobierno federal representó 39.9% del presupuesto consolidado para ese año fiscal, una proporción de dos quintas partes del dinero destinado a programas y servicios gubernamentales en la Isla.

Además, hay que considerar los $69,257 millones para recuperación de los huracanes Irma y María, los $972 millones para atender las necesidades creadas por los terremotos y $7,008 millones para responder a la pandemia de covid-19 en el país.

También hay que incluir la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura, que contiene al menos $2,265 millones en asignaciones para Puerto Rico, además de oportunidades para solicitar más fondos mediante subvenciones competitivas.

En la exposición de motivos de la medida, se explica que “pese a que de ordinario el presupuesto de Puerto Rico se nutre de una proporción significativa de fondos federales, y que actualmente el gobierno federal ha asignado una cantidad histórica adicional de fondos federales, no existe en Puerto Rico un andamiaje legal para la obtención, el manejo y el cumplimiento eficaz de fondos federales”.

Añade que, “en ese sentido, Puerto Rico es una anomalía”, ya que “34 estados de Estados Unidos someten los fondos federales al proceso presupuestario ordinario. Es decir, que tanto el ejecutivo como la legislatura tienen que aprobar el desembolso y expendio de los fondos”.

Además, consigna que “15 otros estados tienen algún proceso estatutario para la aprobación del desembolso y expendio de fondos federales. Solamente cinco estados carecen de un proceso presupuestario o estatutario para el desembolso y expendio de fondos federales por parte de las agencias y entidades gubernamentales del estado”.

Igualmente, merced a un estudio que encomendó la OGP hace más de una década, se concluyó que Puerto Rico ocupaba el segundo lugar en términos de devoluciones de fondos federales si se comparaba con los estados.

Adicionalmente, se encontró que la Isla recibía solamente el 32% de todos sus fondos de subvenciones federales de programas de subsidios competitivos, lo cual lo llevaba a ocupar el lugar número 49 de 51 jurisdicciones en la participación de convocatorias competitivas.

Por otra parte, la obligación de subvenciones per cápita para Puerto Rico ascendía a $1,695 por persona, lo cual colocaba a Puerto Rico en el lugar 47 en este renglón.