Para la senadora Migdalia González Arroyo, quien sometió el proyecto, la privatizadora LUMA Energy no cuenta con los empleados necesarios para actuar "de manera diligente y responsable" en caso de emergencia.

Con el fin de buscar alternativas ante la crisis con el servicio eléctrico en el país tras el paso del huracán Fiona, la senadora Migdalia González Arroyo presentó un proyecto de ley para crear la sección 15-A en la Ley 120 de 2018 (“Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”).

La modificación busca establecer que una vez declarada una emergencia por el gobernador, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) deberá activar a las personas retiradas de la corporación publica y a los empleados que fueron transferidos a otras agencias, dependencias, o instrumentalidades, para que se integren a las labores de restablecimiento del sistema de servicio eléctrico.

“Con la entrada de LUMA Energy muchos de los empleados más diestros y capacitados de la AEE fueron desplazados a otras agencias, dependencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado. En otras palabras, la privatizadora no cuenta con los empleados necesarios para actuar en una emergencia de manera diligente y responsable. Lo cierto es que tanto la privatizadora como la AEE pueden activar a los empleados que se encuentran en otras agencias o aquellos que se encuentran retirados para socorrer al país durante y después de la emergencia, y de esa manera restablecer lo más pronto posible la energía eléctrica”, sentenció la también presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda.

Según la legisladora, “mediante esta ley se requiere a la Autoridad de Energía Eléctrica que activen a los ex empleados de la AEE y a los retirados, que tienen vasta experiencia en la infraestructura del país, de manera que durante una emergencia se restablezca el sistema lo antes posible y se protejan las vidas de miles de puertorriqueños en estado de indefensión. Así también, lo anterior redundaría en un ahorro económico al no tener que contratar a sobreprecio personal, sin el conocimiento de nuestra infraestructura ni en nuestra topografía”.

Por otro lado, la senadora mencionó en un comunicado de prensa que “la activación para laborar en los trabajos de recuperación y restablecimiento del servicio de energía eléctrica será voluntaria. Una vez la emergencia haya cesado, y el servicio de energía eléctrica restablecido, aquellos empleados y empleadas del servicio público que fueran activadas durante la emergencia retornarán a sus centros de trabajo en la agencia, dependencia o instrumentalidad en donde se encontraban antes de la declaración de emergencia”.

La senadora también sometió peticiones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y al Departamento de la Vivienda para establecer cuál es la hoja de ruta de la Autoridad para avanzar las labores de restablecimiento del agua potable en el país y en el caso del Departamento de la vivienda cuál es el plan de acción para las personas que lo perdieron todo en sus hogares.

En la petición a la presidenta de la AAA, Doriel Pagán Crespo, se le solicita la siguiente información dentro de los próximos cinco días laborables: plan de acción para activar los sistemas de potabilización y distribución del agua, cuántas plantas son necesarias para activar el servicio en cada municipio y el número de municipios se les ha restablecido el servicio de agua potable en su totalidad.

Al Departamento de la Vivienda por conducto de su secretario, William Rodríguez Rodríguez, se le pidió un inventario de las vivienda que necesiten toldos azules o reparación de techos después del huracán Fiona (ya hay cerca de tres mil que datan de septiembre de 2017), cantidad de residencias que fueron afectadas por inundaciones provocadas por el huracán Fiona y plan de acción de la agencia para que las familias o personas de las residencias afectadas reciban las ayudas del Departamento de la Vivienda, estatal y federal.