La medida busca establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos.

El Senado pasó por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y aprobó en la sesión ordinaria de hoy el proyecto del Senado 563.

El pasado 25 de agosto, Pierluisi Urrutia había vetado la medida que buscaba establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos.

La pieza legislativa a la que se opone el mandatario fija para los servidores públicos el salario mínimo base en 10,50 dólares la hora y de forma escalonada.

El gobernador había argumentado que el proyecto del Senado resultaba “significativamente inconsistente" con el plan fiscal y el presupuesto certificado por la Junta de Supervisón Fiscal (JSF).

Sin embargo, el Senado, en su sesión ordinaria de hoy, pasó por encima del veto del gobernador y aprobó el proyecto 563 con 18 votos a favor y siete en contra.

El proyecto del Senado 563, que fue visto en reconsideración, dispone que el “primer día del mes próximo de la aprobación de esta ley se aumentará el salario mínimo de los empleados públicos a $8.50 la hora. Para el 1 de julio de 2023, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $9.50 la hora. El 1 de julio de 2024, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $10.50 la hora, a menos que la Comisión emita un decreto mandatorio variando el mismo. Además, del 1 de julio de 2024 en adelante, el salario mínimo de los empleados y empleadas públicos será aquel establecido por la Comisión”.

Los senadores no tomaron en cuenta así las consideraciones del mandatario, quien en su momento había advertido que "los objetivos de política pública perseguidos por estos no contemplan los gastos requeridos por la pieza legislativa y ésta no contempla ingresos o ahorros que permitan compensar los gastos inherentes a la implementación de los aumentos, según lo exige la Ley 52 de 2021".

El proyecto, de la autoría del senador Juan Zaragoza, establece un aumento gradual de los actuales 8.50 dólares hora, a 9.50 en julio de 2023 y a 10,50 en julio de 2024.

El objetivo de la medida es llevar "justicia salarial" a los servidores públicos, incluyendo los empleados de los corporaciones públicas, instrumentalidades y los empleados de la Ramo Judicial y Legislativa.

El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, ya ha adelantado que intentará ir también por encima del veto.

Habla Zaragoza

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza Gómez, comentó sobre la votación que “en la tarde de hoy el Senado de Puerto Rico le envía un mensaje claro y contundente al gobernador Pedro Pierluisi en favor de todos los empleados del sector público de nuestro país. Los servidores públicos no deberían estar a merced de este mecanismo Constitucional para no caer en lo que sería una segunda clase de empleados en Puerto Rico”.

Para el senador “es simplemente inaceptable que, como país, permitamos que el servidor público tenga una paga por debajo del mínimo establecido para el sector privado. El veto del gobernador ocasionó un clima no solo desmoralizante al servidor público, sino que además ha alimentado, el tumbe habitual de aquellas compañías de reclutamiento y manejo de personal que viven de los escasez de empleados gubernamentales para suplirlos, pero con creces”.

“Estas son algunas de las razones para los cuales se ha decidido ir por encima del veto del gobernador: equiparaba el salario mínimo del empleado público al de los empleados privados, aumentando el salario mínimo a $8.50 de inmediato, a $9.50 a partir del primero de julio de 2023 y a $10.50 a partir del primero de julio de 2024, sujeto a la revisión de la Comisión de Salario Mínimo. Además, creaba un mecanismo para que la Comisión de Salario Mínimo revisara periódicamente el Salario Mínimo de aquellos servidores públicos y el mismo aumentara conforme a los efectos de la economía del país”, sostuvo.

Añadió que “más aún tenía el efecto de impedir que el Plan de Reclasificación y Retribución que comienza en enero estableciera salarios por debajo del mínimo establecido”.

Explicó que “el gobernador en su veto atribuye que una de las razones para el veto es porque se atenderá este tema en el plan de retribución. Esto se aleja de la realidad por dos razones: el borrador del plan de retribución que OATRH ha circulado por las agencias hay varias escalas por debajo del salario mínimo actual de $8.50. Más aún, le recordamos a los asesores del gobernador que el plan de Retribución solo cubre a menos del 30% de los Empleados Públicos, por ejemplo, la agencia con la nómina más grande, el Departamento de Educación está excluida, Corrección, Policía, Bomberos, Ciencias Forenses, están excluidos. Por tanto, es simplemente un engaño decir que esto se resuelve con dicho plan.

Para el político, “otra gran mentira, es decir, que esta medida de igualar el salario mínimo de los empleados públicos al de los empleados privados, está en contra del plan fiscal. Es curioso que el señor gobernador utiliza este argumento cuando así le conviene. El plan fiscal en ningún lado establece que los servidores públicos deben ganar menos que el sector privado. Lo que indica el plan fiscal es que cualquier medida tomada tiene que ser neutralmente fiscal. Para este estimado de Neutralidad Fiscal, las agencias del gobierno, y las menciono por nombre, OGP y OATRH, no dieron ni un estimado a nuestra Comisión, entorpeciendo nuestros trabajos para la aprobación de esta medida. Tuvimos que producir un estimado interno”.

Expuso que “encontramos, que para este primer salto a $8.50 el costo debe ser al menos $5 millones anuales, cantidad que se puede cubrir sin mucho esfuerzo con los $120 millones ya presupuestados anualmente para financiar nuevo plan de retribución, para aquellas agencias adscritas a la OATRH y por las demás agencias no adscritas respectivamente. En cuanto a la neutralidad fiscal, le advierto al gobernador que, si este estado de derecho se mantiene, el gobierno de Puerto Rico sería incapaz de reclutar empleados por debajo del mínimo. Esto tendrá el efecto que ya conocemos en las agencias. No aparecerá nadie para el puesto por la baja paga, y el gobierno recurrirá, como siempre, a la contratación de compañías que suplan los empleados; aumentando el costo fiscal aún más”.

El senador aseguró que “con irnos por encima del veto le dejamos saber al equipo del Gobernador que ya se acabaron las excusas. Es hora que comiencen hacer su trabajo por el bien de Puerto Rico. A los ejecutivos de AAFAF, que de ordinario sacan a pasear su veto extraconstitucional, cuando exista una medida que el Gobernador quiere sepultar, sepan, que los estaremos vigilando”.