Una pieza en el Senado busca redirigir el 5% del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación de la Oficina de Turismo para los municipios.

Los municipios no reciben ni un solo centavo de los alquileres a corto plazo, y ante esta realidad, varios alcaldes reiteraron la importancia de que se le dé paso a un proyecto del Senado que busca redirigir el 5% del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación ("room tax") que tiene la Oficina de Turismo para que lo administren los municipios.

El Proyecto del Senado 936, radicado el 8 de julio de 2022 por la senadora Ada García Montes, busca remitir mensualmente el 5% del impuesto recaudado a los alojamientos suplementarios a corto plazo, como lo son las plataformas de AirBnB, Join a Join, Vrbo, y Homeaway. Esto quiere decir que, del 7% del “room tax” la Oficina de Turismo estaría recibiendo un 2% y los municipios un 5%.

“El turismo para todos los municipios ha sido una herramienta muy importante. Los municipios nos hemos insertado con nuestras propias oficinas (de turismo) porque no recibimos nada del impuesto que se estableció en 2017, se debió disponer que parte de ese impuesto fuera a los municipios. Esta es una iniciativa necesaria para que los municipios continúen incentivando el turismo y traer recursos adicionales” sostuvo el presidente de la Asociación de Alcaldes y ejecutivo de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, en una conferencia de prensa en el Senado.

Por su parte, el alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos Ruíz, insistió en la carga laboral y económica resultado de los alquileres a corto plazo.

“Esto va a ser de gran alivio para los municipios en atender el incremento en el trabajo que tenemos que realizar”, expresó Ramos Ruíz.

En Isabela, donde se han identificado cerca de 700 estructuras de alquileres a corto plazo, incluyendo campers, el aumento de este fenómeno ha provocado que la Legislatura Municipal busque crear una ordenanza para de cierto modo reglamentarlo.

“La intención (de la ordenanza) no es que se conviertan en imposiciones y nuevos impuestos a los comerciantes pero la realidad es que este tipo de actividad está por la libre, no está regulada. Se crean problemas en términos policíacos, de basura y demás y el municipio es quien tiene que atender esta situación”, expuso el alcalde de Isabela, Miguel Enrique "Ricky" Méndez Pérez.

Para el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, este proyecto le da justicia al trabajo que han hecho los municipios, quien incluso ha buscado ampliar la policía municipal para trabajar la seguridad de las comunidades, pero el estimado es de medio millón al año.

“Se hace justicia con este proyecto para que el dinero llegue a las arcas del municipio. Entiendo que llegó el momento y se debería dar paso a este proyecto. Es muy importante. Necesitamos seguir desarrollando nuestros municipios”, manifestó Roldán.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, dijo que también está trabajando para traer a 10 nuevos policías municipales, pero “conllevan un costo grandísimo para pueblos pequeños como nosotros”.

“Estas rentas a corto plazo en las distintas plataformas es una realidad, y hay muy pocas que pagan patentes. Exhortamos a los ciudadanos a que se registren, que pongan todo en orden, porque no están colaborando solo con el país, sino con los municipios”, planteó Morales Wiscovitch.

El alcalde de Luquillo, Jesús Márquez Rodríguez, describió esta pieza legislativa como “la luz al final del túnel” ante las adversidades que han enfrentado por los alquileres a corto plazo.

“Podemos ver luz al final del túnel (con esta medida) porque hay dinero que precisamente pudiéramos usar para dar los servicios”, expresó Márquez Rodríguez.

La presidenta de la Comisión de Turismo, García Montes, desglosó distintas maneras en las cuales los municipios pudieran usar el dinero: contratación de policías municipales y turísticos; manejo de emergencias médicas; adquisición de bienes y vehículos; reciclaje; iluminación adecuada; rotulación; pavimentación de vías públicas; arreglo de carreteras y aceras; limpieza y ornatos; contratación de guías turísticas y el desarrollo de programas turísticos y culturales.

“Hemos recibido de las propias comunidades peticiones de que se ponga orden, que tengamos el personal para poder atenderlo y esta medida lo que busca es proveer el recurso económico para que el alcalde pueda desarrollar estas soluciones”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Turismo.

En cuanto a la posición de la Oficina de Turismo, la senadora destacó que este proceso debe ser visto como una “inversión” para la agencia y no como algo negativo.

“Yo entiendo que la compañía de Turismo debe ver esto como una inversión para poder garantizar que el turismo siga desarrollándose y ver los alcaldes como unos aliados porque son los que están ahí todos los días atendiendo las diferentes situaciones que ocurren, y son los que garantizan que cuando la gente llegue a sus pueblos puedan llevarse una buena impresión, así que yo entiendo que la compañía de Turismo, teniendo otros métodos de recaudo mucho mayor que este no debe tener reservas con apoyar un proyecto que va a redundar en beneficio del turismo de Puerto Rico y para eso es que ellos están ahí, para garantizar que el turismo crezca y que sea de manera segura”, dijo García Montes.

La medida se encuentra bajo evaluación de la Comisión de Cultura y Turismo del Senado y en las próximas semanas se anunciará las fechas para las vistas públicas.

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