Además, caucus de la delegación PPD sometió una resolución para reclamar al gobierno la divulgación de los datos sobre el desempeño de la empresa desde que comenzó su operación.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes acordó el plan de acción que sentaría las bases para la cancelación del contrato de LUMA Energy.

Entre lo acordado está la presentación de varias resoluciones para ordenar a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía a someter y certificar a la Secretaría de la Cámara de Representantes, en un término improrrogable de cinco días laborales, aquellas métricas de evaluación recopiladas como resultado de la disposición contractual de LUMA Energy.

El contrato de Alianza Público Privada entre LUMA Energy y el gobierno de Puerto Rico establece una lista de métricas las cuales se tienen que cumplir para poder extender y perfeccionar el contrato.

Algunas de estas métricas son reducir el tiempo de interrupción del servicio de energía eléctrica, reducir el promedio de interrupción mensual por cada cliente, el promedio de costo de generación total por kilovatio/hora, mejorar el servicio al cliente y la asistencia al empleado.

En una declaración del caucus, se señala que “nosotros en la Cámara hemos actuado responsablemente desde el primer día para evitar crisis energética y combatimos desde el origen la nefasta política pública que trajo a LUMA. El tiempo nos dio la razón a nuestra delegación en la Cámara cuando estábamos en minoría y le votamos en bloque en contra a la Ley 120 de 2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico), que permitió la transferencia de activos, operaciones y servicios de la AEE.

Para el PPD, “las premisas de inversión de capital externo, eficiencias y bajo costo energético nunca se cumplieron como anticipamos. En el mes mayo 2021 radicamos la resolución conjunta de la Cámara 88, para posponer la implementación de contrato a los fines de poderlos evaluar y garantizar una implementación adecuada y funcional, pero el gobernador la vetó el 5 de mayo de 2021”.

También se consignó que “en la Cámara derrotamos la resolución conjunta 139, que asignaba $750 millones a LUMA del dinero del pueblo puertorriqueño. La JCF los asignó unilateralmente con la anuencia de (Pedro) Pierluisi como gobernador”.

Las expresiones añaden que “la Cámara se percató en el proceso de evaluación del presupuesto que los empleados de la AEE que pasaron al gobierno central no tenían dinero asignado para el pago de nómina. En junio 2021, identificamos y asignamos sobre $90 millones para el pago de nómina.

Además, el caucus recordó que “en julio 2021 la Cámara llevó un pleito legal en contra de LUMA Energy por la falta de información sobre su operación y los gastos incurridos con fondos públicos. La Cámara prevaleció en este recurso. Y en abril de 2022 aprobamos la resolución conjunta 315, para ordenar la cancelación del contrato de LUMA, y está en espera de acción por el Senado de Puerto Rico”.

“También en junio de 2022 rechazamos el proyecto de la Cámara 1387, el cual pretendía quitarle $165 millones al Fondo de Seguro del Estado para LUMA. El gobernador y PNP realizaron este intento en una sesión extraordinaria”, señalaron los representantes del PPD.

La comunicación hace un llamado al Ejecutivo “para sentarnos a buscar alternativas en consenso y a trabajar en equipo. En todas las ocasiones que de buena fe hemos colaborado el resultado ha sido de beneficio para todos los puertorriqueños. En estos momentos es necesario que todos los funcionarios del gobierno tengamos la sensibilidad y la empatía para reconocer que el contrato de LUMA ha afectado la calidad de vida y el ambiente de negocios en la Isla. Gobernador vamos juntos a cancelar el contrato”.