Durante la vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales que investiga el denominado crimen ambiental en la Bahía Jobos en Salinas.

Los exsecretarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado y Tania Vázquez Rivera, defendieron el trabajo que hicieron para intentar detener las construcciones ilegales en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas.

La exsecretaria, quien estuvo al mando del DRNA desde el 2017 hasta que renunció en el 2019, informó que al entrar en conocimiento de las construcciones en el área protegida lo denunció a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

“Al ocupar la posición de secretaria en enero de 2017, advine en conocimiento de la proliferación de la invasión y los posibles daños ambientales que se están ocurriendo en la Reserva. En abril de 2017, a solo cuatro meses de haber ocupado la silla de secretaria, cursé una carta a la NOAA, en la que alerté a dicha agencia federal sobre construcciones ilegales en la Reserva", expuso Vázquez Rivera.

''En específico, solicitamos la asistencia de la NOAA y del Cuerpo de Ingenieros para procesar a los responsables de la construcción de las estructuras ilegales. Estas agencias federales tienen jurisdicción compartida con el DRNA en el asunto y debo aclarar tienen mayores recursos que la agencia estatal”, agregó.

La exsecretaria aseguró que no tuvo nada que ver con la discutida multa de $250,00 que se le expidió a un grupo de invasores y que finalmente fue transada por $3,000. Según indicó, ya ella había renunciado al puesto cuando finalmente se llegó a dicho acuerdo.

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“Yo no participé de la transacción, yo no firme la resolución… es imposible que esta secretaria haya participado de eso”, aclaró sobre la adjudicación de la multa.

Durante la vista pública salió a relucir que la multa, adjudicada en el 2019, fue pagada por los querellados hace dos semanas. Ante el retraso del pago, la amonestación tuvo un recargo de $3,000 adicionales.

Mientras, Machargo Maldonado, quien renunció el pasado primero de abril, destacó que desde el 16 de septiembre del 2020 visitó por primera vez la Bahía de Jobos y ese mismo día cursó cartas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad Energía Eléctrica (AEE) para que desconectaran los servicios a los invasores de la Reserva del DRNA.

Según el exsecretario, el pedido fue infructuoso. No fue hasta la semana pasada que AAA comenzó a desconectar los servicios a los invasores. Mientras, LUMA ha dicho que no desconectará los servicios hasta recibir una orden judicial.

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Sin embargo, durante el mandato de ambos, hubo varias querellas de la Reserva de la Bahía de Salinas que se quedaron en el tintero, y que, al sol de hoy, no se han atendido.

El representante Denis Márquez Lebrón cuestionó el porqué los exsecretarios no hicieron nada con las querellas.

"Todas esas querellas estaban radicadas antes que yo llegara a la agencia", defendió la exsecretaria.

Mientras, Machargo se lo atribuyó a que la responsabilidad es de la División Legal del DRNA.

“Los procesos dentro de la división legal deben seguir su curso y cuando llegan a nuestra atención es cuando se atienden”, dijo el exsecretario.

Ante esto, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) planteó que la inacción de ambos funcionarios no va acorde con sus expresiones durante sus ponencias, en las que catalogaron el tema como de suma importancia para el país.

“La multa es secundaria. El enfoque en estas querellas debe ser la paralización. Mi insistencia a ambos es que si era tanta la importancia era esencial trabajar sobre esto”, manifestó Márquez Lebrón.

La directora de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas, Aitza Pabón, en un emotivo testimonio, contó de sus numerosos intentos infructuosos para intentar detener la construcción ilegal.

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"No se hacen querellas, pero tampoco se trabaja un plan activo para sorprender a los criminales ambientales ni se les da seguimiento para que remuevan el relleno y mitiguen el daño ocasionado en el hábitat", reclamó Pabón con frustración.

La directora de la Reserva reiteró que su equipo de trabajo siempre ha denunciado el crimen ambiental, pero que ha caído a oídos sordos.

“Me causa emoción porque esta Reserva ha hecho lo que tiene que hacer. El equipo de trabajo ha hecho lo que tiene que hacer. Dando seguimiento, solicitando reuniones, documentando informes semestrales, siempre la reserva ha notificado este crimen ambiental”, expresó con lágrimas y la voz quebrada.

La representante Mariana Nogales Molinelli solicitó que se otorguen todas las querellas que están sin señalamiento de vistas relacionadas a este caso y las querellas en general presentadas al DRNA que no se han atendido. También requirió todos los nombres de propietarios que el DRNA puede constar.

Así las cosas, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sugirió que los representantes del DRNA deben reunirse con la oficina legal para conocer las querellas que hay.

En su turno, el representante popular Héctor Ferrer Santiago expresó la necesidad de exigirle al gobernador Pedro Pierluisi una declaración de estado de emergencia ambiental para el área de la Bahía Jobos.

Ferrer Santiago destacó también que “es necesario que se realice un estudio de suelo sobre la Reserva y áreas aledañas, para entender cuáles han sido los efectos de los rellenos y construcciones sobre los ecosistemas marítimos”.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, el representante Edgardo Feliciano Sánchez, anunció al finalizar la vista que estará cursando una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que le otorgue al DRNA el presupuesto tal como lo sugirió el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia. Esto con el fin de que se pueda hacer una nueva Academia de Vigilantes y puedan recurrir a mayor equipo y personal.

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La próxima vista pública de esta investigación será el miércoles 27 de marzo con la citación de la Comisionada del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Haydelin Ronda; la exsecretaria del DRNA, Carmen Guerrero, la Junta de Calidad Ambiental y distintas organizaciones comunitarias y ambientales.