Las legisladoras alegan en su interdicto preliminar que el Ejecutivo está gobernando por decreto, lo que sobrepasa sus poderes.

Las legisladoras de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz y Joanne Rodríguez Veve radicaron una solicitud de interdicto preliminar y permanente con el fin de frenar la implementación de las ordenes ejecutivas del covid-19.

La demanda es en contra del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia; el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López; el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, esta última es un protocolo cuando se demanda al gobierno. Las legisladores acusan a los demandados de “usurpación” de los poderes legislativos.

“Esta acción legal, mas allá de procurar proteger nuestras facultades como legisladores de Proyecto Dignidad, tiene como propósito hacer valer las facultades legislativas de todos los miembros de la Asamblea Legislativa”, expresó la senadora Joanne Rodríguez Veve en conferencia de prensa.

Las legisladoras coincidieron en que esta acción legal va más allá de la postura que se pueda tener sobre la vacuna del covid-19. En cambio, alegan, buscan proteger el poder legislativo sobre ésta y cualquier otra materia.

“Esta acción legal de ninguna manera trata sobre la posición que cada cual pueda tener a favor o en contra de la vacuna de covid-19, de lo que si trata es de defender nuestro estado de derecho”, puntualizó la portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado.

Mientras, la representante Lisie Burgos Muñiz reiteró que su posición “desde el día uno” ha sido en contra de las órdenes ejecutivas.

“Desde el día uno he expresado que la implementación de estas órdenes ejecutivas de covid-19 son ilegales e inconstitucionales ya que violentan el principio de separación de poderes”, sostuvo la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes.

El abogado de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, explicó que la demanda se fundamenta en que el Primer Ejecutivo se ha extralimitado de sus poderes.

“El Ejecutivo, por disposición de la Constitución, se limita a cumplir y hacer cumplir las leyes según el articulo 4 de la Constitución de Puerto Rico, nada dice la Constitución en cuanto al poder que pueda tener el Ejecutivo de tomar acción propia sobre la salud, vida y el bienestar común”, planteó el licenciado de Proyecto Dignidad.

“En estas circunstancias lo que ha sucedido es todo lo contrario, y por eso, nuestro fundamento es que el Ejecutivo, con estas órdenes ejecutivas, ha asumido un poder que no le corresponde”, abundó.

Asimismo, indicó que las órdenes ejecutivas son para los empleados de la Rama Ejecutiva, no deben ser para ciudadanos privados.

“Usualmente los reglamentos ejecutivos van a empleados de agencias del ejecutivo, pero no van solo dirigidas a ellos, sino a ciudadanos privados, y quien único tiene la prerrogativa para hacer eso es la Asamblea Legislativa, no el Poder Ejecutivo. Es imposible que un país continúe por dos años funcionando bajo unos decretos y estados de emergencia que violenten la separación de poderes”, sostuvo el abogado.

El licenciado Frontera Suau señaló que esta controversia en particular no se ha resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La Legislatura ya ha intentado de frenar las órdenes ejecutivas con el Proyecto de la Cámara 515, que buscaba establecer los requisitos al Primer Ejecutivo en tiempos de emergencia, al igual que la necesidad de que se rinda cuentas a la Legislatura.

El proyecto fue aprobado en Cámara y Senado, pero luego vetado por Pierluisi Urrutia.

“La Legislatura lo trató de hacer y el Gobernador lo vetó bajo fundamentos que son claramente inconstitucionales", indicó el abogado de Proyecto Dignidad.

"Esta medida nos lleva a preguntarnos si es posible legislar una emergencia, y si los propios poderes que consagra la Constitución como extraordinarios para poder atender la emergencia y que son necesarios para poder coordinar eficientemente la ejecución de los servicios que requiere el Pueblo para atenderla, pueden ser subordinados a las fuerzas político-partidistas que controlan el debate en la Legislatura. Me parece que, si de verdad hemos aprendido las lecciones de emergencias y desastres pasados, ese es un error que no debemos cometer", dijo el Gobernador en la carta de su veto al PC 515.

La senadora Rodríguez Veve no descartó intentar ir por encima del veto del Gobernador, pero, por ahora, afirmó que estará enfocada en la vía judicial.

Por su parte, Burgos Muñiz aceptó que empezó a tener conversaciones con los representantes para el veto, pero han sido "infructuosas".

Las legisladoras exhortaron al resto de sus compañeros en la Casa de las Leyes a unirse a el reclamo presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

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