El Proyecto de la Cámara 1130 establecería que las violaciones sean consideradas faltas administrativas, con multas de $500 y que no conlleven cárcel.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, propuso hoy enmiendas para que las violaciones a órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador sean consideradas faltas administrativas, en vez de constituir delitos que deben ser atendidos por los tribunales y que exponen a las personas a multas de hasta $5,000 e incluso a penas de cárcel.

El cambio propuesto por Nogales Molinelli en el Proyecto de la Cámara 1130 establecería que las violaciones a órdenes ejecutivas, así como otras conductas prohibidas en el Artículo 6.14 de la Ley 20-2017, constituirán faltas administrativas que acarrearán multas de hasta $500.

A través de un comunicado de prensa, la representante indicó que dicho artículo fue modificado por una medida aprobada mediante descargue en abril de 2020, al principio de la pandemia de Covid-19, con el propósito de darle validez legal al toque de queda impuesto por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Dicha disposición, según indicó, fue enmendada nuevamente en julio de 2020 para que cualquier violación a órdenes ejecutivas se pueda castigar con cárcel y multas.

“Desde que Wanda Vázquez emitió la primera Orden Ejecutiva y decretó un toque de queda, muchos sectores levantamos bandera y señalamos que esa forma de gobernar es peligrosa y que las órdenes no se sostienen ante el escrutinio estricto al que se deben someter las medidas que interfieren con derechos constitucionales. Eso dio paso a muchas detenciones y arrestos bien cuestionables porque ni siquiera se tomó en cuenta que podían existir razones muy válidas para estar transitando de noche o incluso que salir en carro de noche no representaba en sí un riesgo de contagio", señaló Nogales Molinelli.

''Pero, en vez de ir moviéndose a medidas menos restrictivas, tuvimos un toque de queda que duró más de un año, y se siguieron añadiendo prohibiciones a las órdenes ejecutivas que, por virtud de la enmienda a la Ley 20-2017, se convertían automáticamente en delitos que siguen siendo procesados de forma arbitraria, desigual y caprichosa. Así llevamos 34 meses en los que el gobierno se ha dado mediante Órdenes Ejecutivas, sin discusión pública, sin escrutinio o proceso legislativo”, agregó.

La legisladora puso como ejemplo ''la desproporcionada respuesta de seguridad'' que se activó ayer, martes, para arrestar a una pareja por violar la Orden Ejecutiva en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que dispone que cada ciudadano debe traer una prueba negativa de covid-19 o realizarse una a su llegada a Puerto Rico.

“Activar unidades especiales de la policía y hacer todo un espectáculo de fuerza para arrestar a estas personas es totalmente descabellado. Más aún, en un contexto en que hay mucho personal fuera de sus labores. Es obvio que, como ocurre en otras instancias, la administración de Pedro Pierluisi está tratando de convertir a estas personas en ejemplo de lo que pasa cuando alguien disiente de las decisiones de su gobierno", sostuvo Nogalles Molinelli.

''Ahí es que surge el problema con una disposición tan amplia y vaga como la que se creó en la Ley 20-2020, porque permite el abuso de poder y la aplicación arbitraria y caprichosa de las órdenes ejecutivas con fines políticos. Por eso es que cuando la legislatura le delega al Ejecutivo la creación de delitos tiene que ser bien específica y limitada en lo que va a permitir”, explicó.

Nogales Molinelli añadió que el P. de la C. 1130 también le ordena al Departamento de Seguridad Pública que cree reglamentación en un término de noventa días para la aplicación de las multas que establece el Artículo 6.14.

“No podemos seguir dándole cheques en blanco a la Rama Ejecutiva, más aún cuando se trata de gobiernos que ya han demostrado que tienden al autoritarismo y aborrecen la democracia. Tiene que respetarse el sistema de gobierno que provee para pesos y contrapesos, y que se supone que proteja a la gente de leyes caprichosas y abusivas. Eso es lo que busca este proyecto”, afirmó.