También aprobó el informe final sobre la investigación al contrato de LUMA Energy, del cual se desprenden enmiendas al acuerdo y peticiones al Gobernador.

Luego de un debate conjunto de más de cuatro horas, la Cámara de Representantes derrotó la resolución enviada por la Junta de Control Fiscal para destinar $750 millones del Fondo General a los costos operacionales de LUMA Energy.

A la misma vez, ese cuerpo legislativo discutió el informe de investigación sobre la empresa, del cual se desprenden una serie de recomendaciones para enmendar y posponer la efectividad del contrato para el manejo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica del país, que supone comenzar operaciones el 1 de junio.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, adelantó el martes que ese sería el curso a seguir, luego de una determinación unánime del caucus del Partido Popular Democrático (PPD) y tras recibir una comunicación de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, para aprobar la suma y en la cual estableció la fecha límite de hoy, jueves, para hacerlo.

Aunque la medida presupuestaria, codificada como la Resolución 139, fue aprobada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Hernández Montañez planteó derrotarla en el hemiciclo para que constara en récord la postura de los representantes y enviarle un mensaje a la Junta, entidad que tiene los poderes para imponer su criterio.

No obstante, a modo de cambiar la intención y el mensaje de la delegación popular, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, por el Partido Nuevo Progresista (PNP), planteó enmendar la Resolución 139 para destinar los $750 millones al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Hay 750 millones disponibles. Yo como legislador decido y entiendo que el problema fundamental que tiene ahora mismo la Autoridad es atender el sistema de retiro como tanto han dicho los empleados. […] Es una iniciativa de este servidor para atender una necesidad apremiante que se ha discutido por los empleados”, argumentó Rodríguez Aguiló, al ser cuestionado si el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia estaba de acuerdo con ese cambio.

El Fondo General, de donde proviene el dinero, no le pertenece a la AEE, sino que es dinero que puede utilizarse para otros fines. La enmienda de Rodríguez Aguiló fue derrotada en sala.

“Me sorprende sobremanera que ahora el PNP tenga este desprendimiento para reasignar este dinero, cuando este dinero es resultado de la política pública de austeridad del PNP de los últimos cuatro años. Este es el dinero que no le ha llegado a la gente humilde, a los trabajadores y gente con necesidad. Se han ido acumulando”, destacó el Presidente de la Cámara.

En su extensa alocución, Hernández Montañez resumió que los $750 millones podrían emplearse en otras áreas, como: arreglar todas las carreteras del país, pues según estimados esa encomienda requiere $650 millones; la reconstrucción de nuevas escuelas en el sur a un costo de $600 millones; o para asignarle $258 millones a la Universidad de Puerto Rico y mitigar los recortes presupuestarios a la institución.

El representante Jesús Santa Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reiteró que la votación sobre la Resolución 139 era una forma de demostrar quiénes estaban a favor o en contra del pueblo de Puerto Rico.

Empero, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, subrayó la realidad política colonial de Puerto Rico que permite que la JCF busque las maneras de aprobar el dinero de todas formas.

“Los 750 millones los va a imponer la Junta de Control Fiscal. Hasta yo pudiera sugerir destinarlos para El Morro o ponerle escaleras eléctricas al Yunque. O bueno, no son jurisdicción de Puerto Rico. Son del imperio. Ni eso podemos hacer. Los $750 millones de dólares, o lo que sea que le de la gana, los van a imponer”, declaró Márquez Lebrón.

El representante por el PIP destacó que, como país, debe haber una manifestación en repudio a la Junta.

“Aquí siempre se habla que Puerto Rico es un país de ley y orden. Violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria”, expresó Márquez Lebrón.

En horas de la tarde del miércoles, una marcha de trabajadores de la AEE y simpatizantes llegó desde el Capitolio hasta La Fortaleza para exigir la cancelación del contrato de LUMA Energy.

El expresidente de la Cámara y actual presidente de la delegación del PNP, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, asumió un turno principalmente para criticar que la resolución se haya elevado al hemiciclo en lugar de rechazarse en la Comisión y para abogar por la estadidad para que Puerto Rico pueda tomar sus propias decisiones.

"Si de verdad quieren combatir a la Junta de Control Fiscal, no debieron radicar esta medida. No se debió ni haber radicado. Se debió haber quedado en el archivo 18. Es más, con la correspondencia cuando llegó, se debió haber triturado", afirmó Méndez Núñez, antes de anunciar su voto en contra.

Voluminoso informe contra LUMA

Por otra parte, la Cámara de Representantes discutió la Resolución 136, que contiene el informe final sobre la investigación al contrato de LUMA Energy. El documento se compone de más de 300 páginas, producto de 21 vistas públicas realizadas desde enero y presididas por el representante Luis Raúl Torres Cruz.

Entre sus recomendaciones, se remite copia del documento al Departamento de Justicia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), entre otros, para que “actúen sobre el informe”, según Torres Cruz.

“No han movido un cable, no han reparado una torre, no han hecho nada por el sistema eléctrico del país y ya, en menos de un año, se han fotuteado 101 millones de dólares de los chavos que usted, pueblo de Puerto Rico, paga en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica”, argumentó Torres Cruz al presentar el informe ante el pleno.

Según Torres Cruz, el informe había sido aprobado en la comisión de manera unánime y sin votos en contra, pues el representante del PNP, Víctor Parés Otero, se abstuvo de la votación.

“Dentro del cristal partidista, trataron de defender lo indefendible, pero lo hicieron con respeto, pero yo creo que aquí hay un consenso que este contrato no ayuda a nadie”, exclamó Torres Cruz, quien además exhortó a votarle en contra al nombramiento de Lawrence “Larry” Seilhamer Rodríguez como secretario del Departamento de Estado.

Seilhamer Rodríguez lidera el Comité timón designado por el Gobernador para revisar las cláusulas del contrato entre las Alianzas Público Privadas y LUMA Energy. En la Cámara de Representantes se había condicionado la aprobación de su nombramiento a que el Primer Ejecutivo enmendara la Reforma electoral, mientras que se condicionó el nombramiento de Manuel Torres Nieves como contralor.

“Vamos a colgar a Larry Seilhamer. Al Contralor lo colgamos si es necesario, pero aquí el que importa es Larry Seilhamer”, argumentó Torres Cruz.

Durante la evaluación de la Resolución 136, el PNP no consumió turnos de debate.

“Debería darle vergüenza a la AAFAF, debería darle vergüenza a la P3, debería darle vergüenza a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica que no cumplieron sus funciones y que aprobaron ese contrato en 20 minutos y nosotros hemos hecho 20 vistas públicas y creo que tenemos para 20 más”, señaló la representante Mariana Nogales Molinelli, por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

LUMA Energy, como proveedor, supone asumir el control del sistema de transmisión y distribución por los próximos 15 años.

La sesión de la Cámara de Representantes finalizó pasadas las nueve de la noche.

Lee el informe: