Pero aseguran estar en contra de las terapias de conversión

El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, y el obispo de Ponce, Rubén González Medina, establecieron hoy que, aunque están en contra de la práctica de las terapias de conversión, no avalan el Proyecto del Senado 184 por considerarlo muy ambiguo.

En un memorial explicativo enviado a los senadores integrantes de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, ambos obispos explicaron en detalle su postura sobre la medida legislativa.

“Avalamos cualquier medida legislativa bonafide que vaya dirigida específicamente a evitar todo tipo de maltrato a personas, especialmente a los menores de edad y adultos vulnerables. Sin embargo, no podríamos avalar en su totalidad una medida legislativa cuya amplitud y ambigüedad excesiva pueda coartar derechos constitucionales de las religiones y los progenitores a educar de acuerdo a sus valores. Para nosotros, es importante enmendar la presente medida para corregir esta ambigüedad”, establecieron los obispos.

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En el memorial explicativo firmado por ambos religiosos se aclara que su contenido no es necesariamente la opinión de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico.

La primera preocupación de los obispos tiene que ver con la definición de la palabra “entidad”.

“No define la palabra ‘entidad’. Hay legislaciones especiales que cuando hacen referencia a una entidad, la definen (ej. Ley General de Corporaciones de Puerto Rico). La definición de entidad en esta medida debe descartar las iglesias y sus instituciones. No hacerlo contraviene el derecho constitucional a la libertad religiosa y al libre ejercicio de culto”, indicaron.

“Nos preocupa que de ser aprobada, esta Ley, en su defecto de vaguedad y amplitud, se convierta en un instrumento para procesar a los profesionales de la conducta humana, pastores, sacerdotes, personas de iglesia, agentes de pastoral, catequistas, con convicciones contrarias a la política pública que se pretende implantar mediante esta legislación. Por lo que sugerimos una enmienda para que se protejan a las personas con convicciones opuestas”, agregaron.

También mostraron preocupación por el derecho a los padres a ser los primeros educadores de sus hijos e hijas menores de edad.

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“Debe enmendarse este proyecto para que se clarifique que ningún padre/madre o persona responsable de un menor puede ser procesado debido a su intervención en la crianza y educación de sus hijos o hijas con respecto a los valores éticos relacionados con la sexualidad humana. El derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijas e hijos, también en el ámbito de la educación sexual, ha sido reconocido por esta Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la pasada Reforma Educativa. No obstante, entendemos que hay que distinguir entre el derecho a educar en los propios valores y creencias a los hijos e hijas menores de edad y obligarlos a someterse a un tratamiento médico para cambiar la orientación sexual. Comprendemos que se trata de un difícil y delicado equilibrio. Una cosa es educar a los hijos e hijas y otra distinta pretender forzarlos a cambiar su orientación sexual. La violencia física o psicológica. Por ejemplo, y hablando en otro parecido contexto, los padres no pueden obligar a una hija menor de edad embarazada a abortar a su bebé”.

Finalmente, los obispos plantean que les preocupa “que se limite la libertad de las personas que creen en esta alternativa y, libre, y con la capacidad legal para actuar, consciente e inteligentemente deseen optar por ella. Es decir, a mayores de edad que deseen optar por estas terapias”.

Afirman ambos religiosos que, si se subsana el lenguaje del proyecto, no habría razón para oponerse al mismo.

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Lee aquí la ponencia completa de ambos obispos: