En el segundo día de vistas públicas para atender el Proyecto del Senado 184.

“Me sentía sucio cuando me acordaba de las palabras del psicólogo de que no era normal lo que yo sentía (hacia mi mismo género)”, relató Elvin Rivera, de 21 años, en la segunda vista pública del Proyecto del Senado 184, que busca eliminar las terapias de conversión.

Elvin confió en un familiar a sus 14 años y le contó que le gustaban los hombres. El familiar, que era miembro activo de un ministerio de la iglesia, lo llevó rápido a una oración para sacar “el demonio” que tenía adentro.

A sus 15 años, le indicaron que necesitaba una segunda liberación y lo llevaron a un psicólogo una vez por semana, por un mes para “sacarle el demonio”. Cabe destacar que, al ser servicios médicos, su mamá pagaba por ellos.

“Si eres homosexual no vas a tener una familia, nunca vas a ser feliz”, recordó Rivera como parte de la narrativa del psicólogo.

Luego del mes de sesiones, el psicólogo le dijo a la mamá que ya Elvin estaba “curado”.

No estaba “curado”: desarrolló un miedo absoluto y una depresión, ya que sentía que lo que le estaba pasando era un demonio y era algo que lo llevaría al infierno. Elvin trataba de contener su orientación sexual, lloraba, vivía triste y negándose constantemente. Aunque le dijeron que el demonio estaba fuera, el sentimiento seguía igual. Elvin contempló varias veces quitarse la vida.

La abogada de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) Mayte Bayolo Alonso, expuso que el PS184 no está irrumpiendo con el derecho constitucional para que las madres y los padres puedan criar a sus hijos e hijas libremente, sino que solo busca regular la profesión de psicología.

“La regulación es solamente sobre la persona terapeuta certificada o licenciada en Puerto Rico. Lo única que no podrán hacer las personas terapeutas es usar su terapia para cambiar o buscar cambiar la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona paciente o cliente menor de 18 años de edad y de así hacerlo podría enfrentar consecuencias de conducta poco profesional y medidas del cuerpo regulador de su profesión”, explicó la abogada de asuntos legislativos y política pública de la ACLU.

En Puerto Rico se han aprobado 85 leyes para reglamentar la practica de profesiones. Esto incluye la regulación de la abogacía, detectives privados, arquitectos, dentistas, psicólogos, consejeros, enfermeros, especialistas de belleza, técnicos de emergencia de salud, médicos, naturópatas, terapistas ocupacionales y trabajadores sociales, entre otros.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Liza Gallardo, presentó varias recomendaciones para el PS 184.