Durante una primera vista pública, la mayoría de los representantes presentes se mostraron a favor del PC 120.

El Proyecto de la Cámara (PC) 120, conocido como la Ley de Retiro Digno, cuenta con el aval de los legisladores para su aprobación y ya un puñado de legisladores se comprometieron a defender el dinero los pensionados de Puerto Rico.

Uno de ellos fue el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien aseguró que “a corto plazo nosotros queremos darle legitimidad a este proceso. Nosotros vamos a ser sus abogados en en esta lucha, y luego que se pacte, podamos a largo plazo resolver el problema actuarial”.

Durante una primera vista pública, la mayoría de los representantes presentes se mostraron a favor del PC 120, de la autoría de la representante del Partido Nuevo Progresista, María de Lourdes Ramos.

También, y aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) se opone a la medida, cuenta con los votos para ser aprobada, según el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García.

El PC 120 declara como política pública la oposición a cualquier Plan de Ajuste que continúe el recorte las pensiones. También crea un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro (FACSir) que garantizaría el pago de a los retirados.

“Esta política pública es un primer paso importante para cimentar el compromiso del Gobierno de Puerto Rico de proteger la calidad de vida de nuestra gente antes que proteger los privilegios y las ganancias de unos pocos que viven del dolor ajeno”, declaró Sonia Palacios Miranda, portavoz de la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA).

Palacios Miranda, pensionada del Departamento de Justicia, participó en la vista pública sobre el PC 120, al igual que el licenciado Armando Santiago Pintado y la vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueños de Trabajadores (SPT), Karen De León Otaño.

Según la deponente, el FACSiR ofrecería las mismas protecciones contra quiebras futuras que recibieron los bonistas de COFINA con la Ley 241 de 2018, por lo que apoyó la aprobación de ese fideicomiso tal como dicta el PC 120, sin enmiendas.

No obstante, el SPT propuso enmendar esa sección para que el FACSir no pueda invertir más del diez por ciento de su cartera en instrumentos alternativos, por entender que el impacto del COVID-19 en el mercado podría ser a largo plazo.

El COA representa alrededor de 10,000 jubilados, así como los participantes del programa de pre-retiro y servidores públicos activos próximos a retirarse. El conjunto surgió luego de que se anunciara un Plan de Ajuste de Deuda para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) que obliga a los residentes de Puerto Rico a pagar el Impuesto sobre Ventas y Uso por 40 años.

En la vista pública, Palacios Miranda reiteró que el Comité Oficial de Retirados (COR) “no es representativo de los intereses de los pensionados y las pensionadas de Puerto Rico”. Este es el grupo que forma parte del caso federal de Título III, similar a la quiebra, de Puerto Rico, que está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain.

En su exposición, señaló que la JCF y el COR han emitido propaganda en lugar de información veraz, al asegurar que el recorte de 8.5% a las pensiones de las personas con sobre $1,500 mensuales en realidad se traduce a 19.35%.

“Cerca del 74 por ciento de ese recorte provendría de la congelación de beneficios de retiro al magisterio y la eliminación de la pensión de beneficio definido para maestros reclutados luego de que este Plan de Ajuste entre en vigor”, explicó Palacios Miranda.

Se informó que el proceso de las vistas públicas continuará hoy, jueves con la citación de los licenciados Héctor Mayol, del COR, Rolando Emmanuelli, y Daisy Calcaño, del Colegio de Abogados de P.R.

La vista fue presidida por el representante Domingo Torres García, quien lidera la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno.