El representante presentó un referido ante el Tribunal Supremo.

Tras la radicación del Segundo Informe de la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció el miércoles, la radicación de su segundo informe sobre el proceso de compra de pruebas COVID-19 en el que alega hubo un patrón de clientelismo político en la fallida transacción.

“En nuestro primer informe detallamos el esquema de fraude en el Gobierno y los funcionarios que conspiraron para defraudar al pueblo de Puerto Rico. En este informe hacemos lo propio con el sector privado en el que reiteramos y señalamos al clientelismo político como el germen de la corrupción que provocó toda la podredumbre gubernamental que ya conocemos”, expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas.

El líder independentista precisó que su segundo informe gira alrededor de personas del sector privado con alegada influencia sobre los servidores públicos y la conexión con el PNP y el gobierno, para poder llevar a cabo acciones que se alejaron por completo de un plan para atender la crisis sanitaria a raíz del COVID-19.

“El Gobierno, el PNP y el sector privado –Apex, 313LLC– actuaron de forma organizada para poder lograr acceso a una cifra millonaria sin importar las consecuencias de sus actos. Consecuencias que más allá de afectarles personalmente, afectaron al país, porque hoy el Gobierno no ha realizado la compra de un millón de pruebas. Es el desprecio absoluto por la salud pública y el bien común en general’, agregó el Portavoz del PIP.

Agregó que en los informes de la Comisión de Salud “no se ha querido referir ni reconocer la existencia de un esquema de corrupción y conspiración para defraudar al erario y quedó demostrado en las vistas públicas que fue mucho más que meras negligencias administrativas e incumplimiento del deber”.

El segundo informe de Márquez Lebrón amplía los referidos contra los dueños de Apex y 313 por alegados delitos de conspiración y perjurio.

En el caso de Juan Maldonado el representante, a su juicio, añadió las acusaciones de fraude por medio informático, Impostura conspiración y perjurio. Además, amplió el referido al Tribunal Supremo por alegadas violaciones a otras disposiciones de la Ley Notarial y Cánones de Ética Profesional.

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