Se pretendía discutir en la sesión del sábado, pero la posibilidad de múltiples enmiendas y debates provocó que se dejará para una próxima ocasión.

El Senado dejó pendiente la creación de un nuevo programa de preretiro incentivado para empleados públicos, medida que ha mantenido en discusión desde inicios de cuatrienio y no ha encontrado resolución para los más de 40,000 trabajadores que podrían beneficiarse, lo que a su vez representa millones de dólares en ahorros para las agencias públicas.

El Proyecto del Senado (PS) 1616 propone crear la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”, que permite que empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de alcanzar la edad de retiro.

En horas de la tarde, el cuerpo legislativo se proponía discutir la medida e introducirle un sinnúmero de enmiendas, sin embargo, no se incluyó en el calendario de votación final en la sesión ordinaria del sábado, que se extendió hasta las ocho de la noche.

Desde inicios de cuatrienio, miles de empleados públicos han exigido que se cumpla con la Ley 211 de 2015, que establecía el “Programa de Preretiro Voluntario” y permitía que empleados de 61 años de edad pudieran jubilarse voluntariamente con una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

Aunque esta medida fue derogada por la Ley 106 de 2017, el reemplazo garantizaba todos los derechos y obligaciones de aquellos que iniciaron el proceso de preretiro antes de anularse el estatuto.

Como está escrito, el PS 1616 disminuye esa propuesta de pensión vitalicia de 60% a 50% para algunos empleados y hasta 46% para otros.

Durante la sesión, el senador Carlos Rodríguez Mateo rindió junto a la senadora Migdalia Padilla Alvelo un informe positivo sobre el PS 1616, en el que resumieron que la medida representaría una alternativa razonable de ahorro significativo para la nómina del Gobierno de Puerto Rico.

Ante el reclamo de los empleados públicos a inicios de cuatrienio, el tema alcanzó el radar del Senado en el 2017 con la radicación de las resoluciones 252 y 570 de la senadora Padilla Alvelo y el ahora exsenador Larry Seilhamer Rodríguez a tres meses de haber tomado posesión.

Ambos buscaban conocer más sobre los ahorros alcanzados por las entidades gubernamentales y municipios con la puesta en vigor de este tipo de programas.

En ese entonces, empleados públicos que acudieron a vistas públicas del Senado subrayaron que se trataba de una falta de voluntad de las agencias públicas, observación reforzada con la firma de una ley por Ricardo Rosselló Nevares para exigirle a OGP que revisara las solicitudes para acogerse a este programa en un período de 30 días.

El plazo predispuesto no se cumplió en su totalidad, pues en mayo 2019 se desconocían las fechas y los recursos económicos —como las liquidaciones— que recibirían los empleados, de serles aprobada la petición. El dinero, además, debía ser considerado para el presupuesto del próximo año fiscal, que estaba en discusión en esos días.

Cuando NotiCel abordó a la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el asunto, ya que se trataba de una medida económica con impacto directo en la nómina y en la cantidad de empleados disponibles en las agencias, la entidad financiera carecía de información al respecto y no había recibido documentación pertinente por parte del gobierno.

El PS 1616 supone recoger las preocupaciones de los empleados con el incumplimiento y el alcance de los programas previos.