Su dueño insiste en que se presentará únicamente a vista ejecutiva.

Ricardo J. Vázquez Hernández, presidente de la empresa 313 LLC, fue citado so pena de desacato a comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para responder a cuestionamientos sobre la venta al Departamento de Salud de pruebas para detectar el coronavirus COVID-19.

La empresa 313 LLC vendió a la agencia pública unas 101,500 pruebas serológicas, conocidas como pruebas rápidas, a $36 y $45 cada unidad, para un total de $3.6 millones, no obstante, no se han podido utilizar desde su llegada en marzo, por lo que también se encuentran en medio de un pleito legal con Salud.

El martes, marcó la tercera fecha en que la empresa se ausenta de una citación ante la Comisión de Salud, precedida por una el 7 de mayo y otra el 18 de ese mes.

Mediante una comunicación escrita de su abogado, Miguel A. Negrón Matta, la empresa indicó que requería una comparecencia ejecutiva, es decir, en privado, pero no se le había otorgado “en contra del debido proceso de ley”. Entre sus justificaciones, planteó que la empresa está en proceso de cooperación con una investigación simultánea que lleva a cabo el Departamento de Justicia y otra de las autoridades federales.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, y los integrantes del cuerpo investigativo cuestionaron los argumentos de Negrón Matta, puesto que las citaciones realizadas a 313 LLC datan desde antes de las citaciones realizadas por las autoridades estatales y federales.

“Debo entender que el abogado debe tener información de que su representado va a tener algún tipo de acusación. Luego de haber evaluado todas las gestiones que ha hecho esta Comisión de Salud, de haber ofrecido varias oportunidades para prestar testimonio, entendemos necesario y ya la Comisión ha hecho un referéndum para solicitar el auxilio del presidente de la Cámara de Representantes para que presente ante el tribunal de Primera Instancia de San Juan una comparecencia a vista pública contra Ricardo J. Vázquez, presidente de 313, LLC”, anunció Morales Rodríguez en la vista.

Morales Rodríguez aseguró que el requerimiento se haría hoy (martes) ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y espera lograr la comparecencia, ya sea para una vista pública o para que el empresario sustente de forma presencial su petición de testificar a puerta cerrada.

“Todos han votado unánimemente de que esta Comisión hiciera lo necesario para solicitarle al presidente de la Cámara que, so pena de desacato, se le pida a este señor Ricardo Vázquez para que pueda declarar todo lo que tenga que ver con esta compra”, subrayó el representante.

Su correligionario, el representante José Aponte Hernández interpretó la ausencia como una falta de interés de comparecer ante la comisión, mientras que el representante Denis Márquez Lebrón catalogó las excusas de la empresa como “peñones jurídicos”.

La pasada semana, Morales Rodríguez dijo a NotiCel que había recibido el testimonio de Vázquez Hernández por correo electrónico, pero que no estaba convencido con las respuestas. Hoy, tras la cancelación de la vista, añadió que su interés es contrarrestar la información en poder de la Comisión de Salud con las declaraciones del presidente de la empresa.

En el radar de Morales Rodríguez también se encuentra el cuestionamiento sobre cuánto dinero invirtió 313, LLC para la compra de las pruebas serológicas y a cuánto la vendieron a Salud, para establecer un margen de ganancia.

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Igualmente, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), apuntó a que a la empresa se le pagó el 100 por ciento de la transacción, pese a que la orden de compra especifica que la entrega podía completarse con un 60 por ciento del pago. Morales Rodríguez interesa saber si fue a petición de la empresa que el método de pago cambió. A preguntas de la prensa, reconoció que el Gobierno de Puerto Rico también carga con parte de la responsabilidad por esa determinación, pero necesitaba escuchar la versión del empresario.

313, LLC se defiende

La empresa envió declaraciones escritas a la Comisión de Salud y a la prensa en la que sustentan su ausencia. En el documento, ofrecen una cronología de los intercambios con la comisión y sus razones para exigir que el testimonio sea en privado.

“313 LLC ha sido diligente en todo momento con la Comisión de Salud, contestando toda la comunicación enviada dentro de los términos solicitados y proveyendo toda la información disponible. Al día de hoy, y tras cuatro cartas explicando la situación y reiterando la solicitud de que las vistas se dieran de forma Ejecutiva por no poder participar a unas Públicas, no se ha recibido una contestación conforme a la sección 12.19 del Reglamento de la Cámara de Representantes y la Comisión de Salud celebra las Vistas Públicas aún sabiendo de antemano que 313 LLC no puede comparecer a la misma”, lee la declaración de la empresa.

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En su recuento, la empresa recuerda que solicitó a la Comisión de Salud el pasado 13 de junio, antes de la vista pautada para hoy, una tercera comunicación en la cual “nuevamente esbozó todos los fundamentos y planteamientos en derecho por los cuales por razones de confidencialidad su comparecencia ante la Comisión debía ser mediante el procedimiento de Vista Ejecutiva y no mediante Vista Pública”.

Dos días después, el 15 de junio, la empresa expresó estar “en desacuerdo con el manejo de la Comisión de los reclamos justificados de confidencialidad presentados. Que dichos reclamos debían ser atendidos de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Representantes y que de no ser atendidos según establece el Reglamento se estaría forzando a 313 LLC a una incomparecencia involuntaria. La Comisión nunca contestó la comunicación enviada por 313 LLC”, alegaron.

En todo momento, según la declaración, la Comisión de Salud se desvirtuó del Reglamento de la Cámara de Representantes.

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La transacción entre el Departamento de Salud y la empresa 313 LLC, que previo a la pandemia se especializaba en la informática y estaba vinculada con altos funcionarios del PNP, fue de $3.6 millones, a cambio de 101,500 pruebas rápidas.

La semana pasada, la Junta de Control Fiscal (JCF) radicó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico para obligar al Gobierno de Puerto Rico a entregar documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.

Con esta acción legal, la Junta procura información sobre los contratos multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos, y de esta manera retomar y mejorar la confianza que tiene el pueblo en los procesos de compras del Gobierno en tiempos de emergencia.

Tras los hechos, el Tribunal ordenó que la empresa se presente a testificar "en el término final de tres días" a partir de la notificación.

Mire a continuación la orden: