Tenían guantes y máscarillas por el COVID-19.

La Cámara de Representantes presentó enmiendas a las medidas sobre moratorias a los pagos adeudados a bancos e instituciones financieras y sobre el toque de queda, proyectos y resoluciones que pretenden respaldar el mensaje de incentivo económico y la Orden Ejecutiva de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en respuesta al coronavirus, o COVID-19.

Estos detentes momentáneos, que deben ser discutidos por el Senado, significan que todavía no hay un marco legislativo aprobado para dar paso a las moratorias que declaró la Primera Ejecutiva el pasado 23 de marzo a pagos de hipotecas, vehículos o tarjetas de crédito. También, que persisten las preocupaciones entre legisladores de minoría sobre la viabilidad de las penas y multas por violaciones al toque de queda que transcurre desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. todos los días.

En lugar de atender la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 489, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto (PC) 1263, radicado en octubre 2017, que activa una moratoria por 90 días a los pagos de deudores, como hipotecas y préstamos, entre otros.

El proyecto de ley, de la autoría de Néstor Alonso Vega, estipula que los bancos e instituciones financieras deben tener esa opción disponible una vez la Gobernadora emita una declaración de emergencia o desastre y una Orden Ejecutiva con las medidas a tomar.

No obstante, en comparación con la RCS 489, el proyecto establece un marco general sobre las moratorias y se basa en gran medida en las experiencias tras el huracán María, ocurrido un mes antes de haberse radicado la medida.

La resolución, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, es más específica a la emergencia del COVID-19 y fue aprobada por el Senado el pasado martes. Ahora, este cuerpo legislativo debe evaluar las enmiendas sometidas el próximo martes, cuando reanude su sesión.

Por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado (PS) 1545, radicado por Thomas Rivera Schatz, que dispone el marco legal para los arrestos y las multas suscitadas por violentar el toque de queda vigente.

El proyecto de ley busca enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP) para incluir entre sus secciones la disposición de que desobedecer el toque de queda podría resultar en una pena de reclusión de seis meses o menos, una multa de $5,000 o ambas.

La enmienda presentada incluye que la transmisión de información falsa “con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva” también será sometido a las penas dispuestas en la medida. En el caso de que estos actos resulten en daños al erario público, terceros o a la propiedad pública o privada en exceso de diez mil dólares, la enmienda solicita que se imponga una pena correspondiente a la de un delito grave en cuarto grado.

Esta petición surge luego de que un pastor fuera señalado como el responsable de un audio alarmista y falso que, luego de difundirse por Whatsapp, se abarrotaron los supermercados durante el fin de semana.

Sin la aprobación de este proyecto de ley, entretanto, el representante Ángel Matos García entienden que toda aprehensión y multa por violentar el toque de queda es nula.

“Sin esta legislación, todas las multas que se han dado son nulas, porque ahora es que se está enmendado la ley del Departamento de Seguridad Pública. No lo decimos con animosidad, pero es un error”, declaró el representante del Partido Popular Democrático (PPD), quien además apuntó a que como está escrita, la medida no tiene efecto retroactivo.

Hasta hoy, el Negociado de la Policía ha efectuado 396 arrestos por violaciones al toque de queda.

En horas de la mañana, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez denunció que el partido de mayoría suspendió la sección del reglamento que obliga a que el calendario de órdenes del día se publique con 24 horas de anticipación de la sesión. Por tanto, los legisladores llegaron a ciegas a la sesión.

El representante independiente Manuel Natal Albelo, por su parte, cuestionó puntos similares y añadió que varias medidas se bajaron por descargue. O sea, se le relevó a las comisiones pertinentes de realizar una evaluación a los proyectos antes de ser llevados a votación.

El protocolo de acceso a la Cámara de Representantes es distinto al del Senado en medio de la pandemia por el COVID-19. En este caso, todos los integrantes del cuerpo legislativo y sus ayudantes portaban mascarillas —como las utilizadas en el sector de construcción— y guantes de latex, a toda vez que obligaban a los periodistas a hacer lo mismo.

En el Senado, había “hand sanitizer” para libre uso y los guantes eran opcionales.