La Cámara sigue tras la pista de acciones de la Gobernadora.

La Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia de la Cámara de Representantes continúa su indagación sobre el alegado mal manejo de suministros tras los terremotos registrados en el sur de la Isla.

Aunque no ha finalizado su labor, la vista pública más reciente dejó claro los siguientes puntos que detallamos a continuación: cuatro funcionarios podrían ser referidos a las agencias de adjudicación criminal por perjurio y la suspensión a una funcionaria del Departamento de la Familia continúa activa pese a los intentos de revertirla desde La Fortaleza bajo órdenes de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Sumado a eso, se reiteró que todos los funcionarios conocían sobre la existencia del almacén de Ponce con suministros y que, dentro del gobierno, el coronavirus ya influye en la ideación sobre lo que sería el manejo de esa emergencia, aunque en público se ha reiterado que la situación está bajo control.

Habrían referidos por perjurio

Las repercusiones tangibles de las vistas públicas podrían traducirse en que al menos tres jefes de agencia sean referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y al Departamento de Justicia por perjurio.

A la OPFEI, se referiría a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, mientras que los demás funcionarios podrían ser referidos a las agencias concernientes, como Justicia o Ética. Estos son: el nominado secretario de Estado, Elmer Román González, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y el director de la división de Operaciones y Logística del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Luis Cruz Ramírez.

No obstante, la Comisión Especial primero debe recibir copia del “Informe de 48 horas” —cuya publicación se encuentra bajo evaluación del Tribunal Apelativo—, porque el perjurio se sustenta en lo que se alega está descrito en ese documento.

El informe fue ordenado por la Primera Ejecutiva, luego de que ciudadanos irrumpieran en el almacén de Ponce lleno de suministros y cuestionaran que no fueron entregados a los damnificados de los terremotos que sacudieron a los municipios del sur desde el 28 de diciembre.

La sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia, ordenó a Justicia que entregara de “inmediato" el informe sobre el almacén, a raíz de una demanda incoada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo.

En su sentencia, Roques Arroyo indicó que Justicia elaboró argumentos falsos para evitar la entrega del documento y señaló a la agencia por mantener “una actitud temeraria” con fines de “inducir a error” al tribunal.

En su exposición, la jueza subrayó que no había razón alguna para que el informe fuera privado y aseguró que el documento no hace referencia a confidencias, contrario a lo que fue testificado bajo juramento por Román González ante la Comisión Especial.

“Con los testimonios que han estado frente a nosotros y la resolución de la jueza, podemos deducir que nos están mintiendo. No hay nombre de ningún agente, no hay ninguna confidencia, hay fechas de que se estaba usando el almacén de Ponce. Todo eso va en contra de lo que nos dijo Elmer Román, que dijo que desconocía del almacén y los nombres de los agentes [del NIE], que ahora vimos que el Comisionado del NIE estaba allí”, exclamó el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien preside la comisión legislativa.

Durante la vista de hoy, se reveló que López Sánchez realizó entrevistas personalmente antes de rendir el informe, en lugar de asignarle la labor a otros agentes del NIE.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) arribó a la conclusión de perjurio por parte de los tres funcionarios al contrastar las declaraciones bajo juramento de estos funcionarios ante la Comisión Especial y lo que describe la sentencia de la jueza Roques Arroyo.

Al preguntársele por qué necesitaba el “Informe de 48 horas” para referir si ya confirmó que los funcionarios mintieron, Rodríguez Aguiló dejó en las agencias la labor adjudicativa sobre estos funcionarios. "Mi responsabilidad es hacer la investigación y referirlo. De ahí que las agencias adjudicativas, adjudiquen”, expresó.

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Suspensión de Quiñones sigue activa

Durante la vista pública, la licenciada Corally Veguilla Torres, quien dirige la Oficina Legal del Departamento de la Familia, confirmó que la suspensión sumaria contra Surima Quiñones continuaba activa, pese a la petición desde La Fortaleza de restituirla.

Quiñones encabeza la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), una dependencia de Familia que brinda sustento alimentario mediante fondos federales a personas de edad avanzada, personas con impedimentos y personas sin hogar.

“La suspensión no fue detenida, continúa desde sus inicios. No se ha concluido en el sentido de que se ha tomado la decisión, pero ya el final está sometido. Tenemos con nosotros el informe, pero el mismo no se ha interpretado [discutido] con las personas inmoladas”, declaró Veguilla Torres.

La licenciada acudió ante la Comisión Especial en representación del secretario interino de Familia, Eddie García Fuentes, quien se encuentra “convaleciendo” de salud, por lo que tampoco ha podido evaluar el informe final sobre la suspensión.

Al darse a conocer la emergencia de los terremotos, trascendió que la Adsef hizo entregas de suministros federales por consideraciones político partidistas junto a tres senadores del PNP. Quiñones fue suspendida sumariamente la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, mientras se investigaba el asunto.

En una vista pública anterior, Andújar Matos reiteró que la Gobernadora exigió la restitución de la Administradora de Adsef por medio de su secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, en un correo electrónico.

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Discrepancia por quién tenía la llave, pero todos sabían del almacén

El deponente Luis Torres Negrón, director de Zona de NMEAD, apuntó a Cruz Ramírez y a Joel Figueroa Betancourt, director de Operaciones e inventario de NMEAD, como los responsables de ordenar la apertura del almacén de Ponce, junto a Carlos Acevedo Caballero, quien dirigía NMEAD.

“Todos eran responsables”, afirmó, antes de asegurar que le sorprendió la destitución de Acevedo Caballero por parte de la Gobernadora.

En la vista pública salió a relucir que el encargado del almacén y el custodio de la llave eran dos cosas distintas. Según el deponente, Carlos Reyes, actual director de la Zona de NMEAD de Ponce, era el custodio de las llaves de dicho almacén.

En una vista anterior, en cambio, Cruz Ramírez exclamó que las llaves estaban bajo la custodia de otra empleada, Evelyn Cumba, porque le fueron “despojadas”.

Torres Negrón reiteró que el almacén de Ponce es “un almacén alterno”, o sea, cuando los demás almacenes no puedan suplir las necesidades —como el de Cabo Rojo—, pues se acude a este.

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Justicia sigue investigación

Por otra parte, el deponente confirmó que la semana pasada fue entrevistado por fiscales de Justicia respecto a la ampliación de la pesquisa sobre el manejo del almacén.

Ayer, en declaraciones escritas, la Gobernadora exigió al Departamento acelerar los trámites, pues Longo Quiñones aludió en una conferencia de prensa previa que asuntos como este podrían tardar tres años en investigarse.

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“He solicitado al Departamento de Justicia que, independientemente de la decisión que tome el Tribunal de Apelaciones en el caso relacionado al informe del manejo de suministros de un almacén en Ponce, se utilicen todos los recursos del gobierno disponibles para que se investigue con premura y con la celeridad que amerita este caso. Puerto Rico requiere saber el resultado final de la misma lo antes posible. No debe haber razón alguna para que el pueblo no conozca en detalle el resultado de dicha investigación, y así se lo hice saber a la Secretaria de Justicia”, rezaba el texto.