Funcionarios del Gobierno de Puerto Rico serán referidos por la Cámara de Representantes a las autoridades estatales y federales, debido a su mala administración del almacén con suministros en Ponce que no fueron entregados a los damnificados de los terremotos.

Aunque se desconoce exactamente quiénes serían nombrados y a dónde —cuyas opciones incluyen el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental—, las vistas públicas de la Cámara han hilvanado el camino hacia el nominado secretario de Estado, Elmer Román González, y la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Durante una vista pública de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total ante una Emergencia, levantó sospecha sobre que ambos funcionarios, por ejemplo, adjudicaran responsabilidad sobre la mala administración del almacén en Ponce antes que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) finalizara su pesquisa al respecto.

A preguntas del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, el teniente Joel Figueroa Betancourt, exdirector de Operaciones e Inventario del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), mencionó que respondió a requerimientos de información de la agencia investigadora el 20 de enero en horas de la tarde.

Sin embargo, ese es el mismo día en que, en horas de la mañana, Román González había remitido por escrito a la Primera Ejecutiva las conclusiones de la pesquisa, en las que se dedujo que hubo una violación al plan operacional de emergencia del gobierno.

En esa fecha vencía el plazo de 48 horas otorgado al NIE por la Gobernadora para finalizar ese análisis preliminar, documento que debe ser entregado a la Cámara de Representantes mediante una orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Desde esa determinación, el Departamento de Justicia presentó una moción de reconsideración y un relevo de la orden.

“Yo no voy a adjudicar todavía quién mintió o no. Yo sí puedo te decir que aquí jugaron con la verdad. Yo te tengo que decir que están bajo juramento y nosotros vamos a revisar detenidamente todos los testimonios y en el primer informe parcial que ya estamos próximos a generar, vamos a hacer los señalamientos correspondientes y los referidos correspondientes”, aseguró el representante Rodríguez Aguiló, quien insistió en la necesidad de recibir el informe.

Según el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Justicia y el NIE no han sido transparentes, mientras que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha entregado información incompleta a la Comisión Especial.

“Jamás pensé que funcionarios del gobierno, de nuestro gobierno, mi gobierno, actuaran alejados de la transparencia y de la verdad, así que el testimonio de Joel Figueroa es importante para nosotros y nosotros vamos a continuar”, lamentó Rodríguez Aguiló, quien preside la Comisión Especial.

En su testimonio, Figueroa Betancourt indicó que también llegó en horas de la noche del 18 o el 19 de enero a las oficinas del NIE a testificar de manera informal. Luego, le hicieron una citación oficial para el 20 de ese mes.

“Me hicieron que llegara a Ponce para tomar una declaración, pero cuando estuve allí un rato, a las dos, tres horas, me dijeron que no hacía falta y que me retirara”, explicó Figueroa Betancourt, quien es teniente en el Negociado de Bomberos.

Por su parte, Luis Cruz Ramírez, quien laboraba en la División de Operaciones y Logística del NMEAD, aseguró que contestó las preguntas de los cuatro agentes del NIE que lo entrevistaron.

“Después del 18 [de enero] tuve que participar de un proceso investigativo. Yo contesté los planteamientos de mi conocimiento en cuanto a lo que me estaban preguntando. Sometí dos documentos de iniciativa propia”, expresó Cruz Ramírez en la vista pública.

En primera instancia, ambos empleados se contradijeron sobre en quién recaía la responsabilidad del almacén en Ponce, pero posteriormente negaron rotundamente que fueran los encargados del almacén y de sus suministros, pero subrayaron que se trataba de un almacén activo cuya existencia era conocida por el gobierno.

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La única limitación, según Figueroa Betancourt, era de carácter estructural, ya que un ingeniero certificó que contaba con daños leves, lo que le ganaron la certificación “amarilla” bajo la clasificación general. “Por eso es que cuando el León Fiscalizador entró en Ponce, no rompió una puerta. Se encontró con gente trabajando allí”, aseguró.

Cruz Ramírez añadió que fue despojado de sus funciones, por lo que sometió una querella ante la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público que continúa activa.

Aunque alegaron no tener injerencia sobre el contenido del almacén, Figueroa Betancourt recordó que el 16 de enero, el entonces comisionado Carlos Acevedo Caballero les instruyó que distribuyeran “todo lo que haga falta de Ponce en esta emergencia”, pues ya desde el 8 de ese mes se habían sacado suministros con la excepción del agua embotellada porque estaba expirada.

Para el representante Rodríguez Aguiló, estos testimonios y los documentos abonan a la certeza de que en La Fortaleza se tenía conocimiento de la existencia del almacén, pese a que en un inicio fue negado.

Pese a la contradicción en el testimonio, Rodríguez Aguiló otorgó más peso al hecho de que una de las páginas del registro de visitas de ese almacén de Ponce contenía la visita de varias agencias y de funcionarios de La Fortaleza.

De la Mansión Ejecutiva requirieron una torre de luces en noviembre de 2019, mientras que el Negociado de la Policía sacó generadores de energía.

Luego del hallazgo del almacén por parte del “León Fiscalizador” el 18 de enero de 2020 y la toma del mismo por residentes de la Ciudad Señorial en enero, la Primera Ejecutiva afirmó desconocer sobre el local con suministros como agua embotellada, comida para bebés y estufas de gas, entre otros.

No fue hasta que resurgió un video con fecha de septiembre de 2019, en el cual se hizo referencia al contenido de ese almacén en una conferencia de prensa ante la presencia de Vázquez Garced y otros funcionarios, que la Gobernadora admitió que “todo el mundo sabía del almacén”.

Sin embargo, al tiempo de su admisión ya había destituido a Acevedo Caballero como comisionado del NMEAD.

Al ser abordada, Vázquez Garced aseguró que basó su decisión en que se le escondió información sobre el manejo de suministros, uno que fue deficiente. En ese momento, exclamó: “esconder la información a la gobernadora, y al pueblo, constituye una falta de respeto a este pueblo”.

“La Gobernadora de Puerto Rico tiene la facultad de despedir a cualquier empleado porque le falte la confianza y eso nadie lo puede cuestionar y así tiene la potestad la Gobernadora. Pero si la justificación para despedir a Carlos Acevedo fue que ocultó el almacén de Ponce, ya podemos ver que eso no es cierto. Si ella dijo eso, o si alguien dijo eso en Fortaleza, no está diciendo lo correcto. Aquí todos tenían información del almacén de Ponce, hay documentos donde están las coordenadas de los almacenes, incluyendo el de Ponce”, subrayó Rodríguez Aguiló.

A la vista se ausentó Luis G. Torres Negrón, director de la zona de Ponce dentro del NMEAD, quien sería citado so pena de desacato porque no ofreció una excusa, mientras que el general José R. Burgos, actual comisionado del NMEAD, fue excusado por estar “defendiendo el presupuesto de la agencia ante la Junta de Control Fiscal”.

Tanto Figueroa Betancourt como Cruz Ramírez participaron de la vista en compañía de sus respectivos abogados, Luis Cordero y Eduardo Ayala Torres.

Al inicio de la vista, Cruz Ramírez pidió deponer en vista ejecutiva por voz de su abogado, dado a que el asunto continúa bajo investigación y le correspondería a Justicia responder a los cuestionamientos.

“Nosotros, en relación a deponer ante la comisión, no tenemos ningún reparo, sin embargo siendo esto una comisión donde se depone bajo juramento, pues pondría en una posición difícil a nuestro representado en su derecho. Nosotros entendemos que sería procedente que este caballero pudiera deponer en una vista ejecutiva, donde ustedes legisladores puedan escuchar la prueba”, argumentó el licenciado Ayala Torres.

Empero, el representante Rodríguez Aguiló reiteró que le respetarían su derecho a no auto-incriminarse y de ampararse en la quinta enmienda de la Constitución de Puerto Rico de entenderlo necesario, por lo que la vista pública continuaría.

La citación de ambos tomó forma luego de la comparecencia del excomisionado Acevedo Caballero, ante la Comisión Especial en una Vista Ejecutiva. Sin embargo, el representante Rodríguez Aguiló insistió en que esos nombres surgieron por información que recibió de sus “fuentes” en las agencias y los testimonios sirvieron para corroborar datos.

En su participación a mediados de febrero, Acevedo Caballero entregó varios documentos, como el Plan de Distribución y Suministro de Donativos, el cual señala que el almacén hallado en Ponce funcionaba como uno alterno, pues cada municipio y agencia contaba con un almacén asignado.

El almacén principal corresponde al Departamento de Educación y sirve a los municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Juana Díaz, Villalba y Adjuntas. En cambio, el llamado “almacén alterno” —encontrado por ciudadanos de la Ciudad Señorial— funcionaba bajo peticiones, que debían tramitarse mediante un documento (Formulario 113).

La Comisión Especial discute desde hace varias semanas la respuesta del Gobierno de Puerto Rico a los terremotos que estremecieron a los municipios del sur de la Isla en días consecutivos desde el 28 de diciembre de 2019.