Con la expresa intención de abaratar los costos para obtener una licencia de armas y un permiso de portación, el senador Nelson Cruz Santiago radicó un proyecto de ley que persigue la derogación de la actual Ley de Armas y atemperarla con la segunda enmienda de la constitución federal.

El proyecto del Senado 439, radicado a finales de abril y que aun aguarda por tener su día en vistas públicas ante la Comisión de Seguridad Pública, responde a las críticas efectuadas contra la Ley 404 del 2000 (Ley de Armas actual) por 'colocar la vara muy alta, para la mayoría de la población que tiene un derecho a la autodefensa', según reza su exposición de motivos.

De hecho, la constitucionalidad de la ley de armas fue dilucidada por el Tribunal de Apelaciones en un caso que persigue declarar como inconstitucional aquellos artículos de la ley que disponen del pago de sellos y comprobantes onerosos para solicitar una licencia de armas.

El mes pasado, el Apelativo declaró inconstitucional el artículo 5.04 de la Ley de Armas que establece una pena de cárcel de hasta 10 años por portar un arma de fuego sin tener una licencia de armas.

La propuesta medida no elimina el requisito de tener una licencia de armas ni un permiso de portación, pero establece un pago fijo de $50 a favor de la Policía para realizar el trámite, que a su vez exige que el solicitante entregue una muestra de sus huellas digitales y que la misma sea jurada ante un notario, entre otros requisitos que existen en la actual ley.

Sin embargo, se eliminan las disposiciones contenidas dentro la actual ley que exigen un periodo de tres meses para que la Policía pueda entrevistar vecinos del solicitante para certificar que esté capacitado para poseer un arma de fuego y que el Superintendente certifique por escrito si el peticionario cumple con los requisitos establecidos en la Ley.

En lugar de ese procedimiento, la medida propone que el escrutinio del solicitante se dé a través de una búsqueda en el National Instant Criminal Background Check System (NICS), un sistema utilizado por armeros en Estados Unidos para cotejar si una persona recibir un arma de fuego sin violar leyes federales. El proyecto establece que el escrutinio podrá ser inmediato o no mayor de 72 horas, luego de haber sometido todos los documentos requeridos.

Aunque la medida facilita el proceso para obtener una licencia de armas, establece un proceso posterior si el solicitante desea un permiso de portación, para que pueda cargar su arma de fuego consigo.

Según el documento, la solicitud para portar se puede radicar 30 días después de expedirse la licencia de armas y requiere que un abogado radique una petición juramentada por el solicitante. Tras cumplir este y otros requisitos procesales, la petición se acompañará de un giro de $50 certificado a la Policía, se efectuará una búsqueda en el sistema NICS, y se emitirá una aprobación o denegación en menos de 10 días.

Curiosamente, la medida también incluye disposiciones que no están contenidas en la Ley 404, y que buscan atraer turismo. La ley permite la expedición de licencias de tiro al blanco provisionales para los practicantes de esa disciplina que provienen del exterior, mientras que autoriza a turistas que no tienen licencia de armas asistir a clubes de tiro al blanco y usar el equipo y las facilidades para disparar.

En las disposiciones de armas ilegales, sin embargo, el proyecto propone reducir sustancialmente algunas penas vigentes por delitos relacionados a armas de fuego ilegales, con la excepción de casos en que el individuos también sea convicto por la Ley de Sustancias controladas o la Ley de Crimen Organizado. Para esos casos, las penas serán duplicadas.

A modo de ejemplo, la propuesta de ley impone una pena fija de 10 años por fabricar, vender, distribuir o importar armas de fuego sin los debidos permisos, mientras la actual Ley de Armas fija esa pena en 15 años, sin derecho a sentencia suspendida.

Organización pro armas da visto bueno al proyecto

La Corporación para Asistencia Legal para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) y su presidente, Ariel Torres, participaron en el proceso de confección de la medida y le dieron su aval. Torres enfatizó que el fin de la medida, además de procurar por la seguridad de la ciudadanía en general, es hacer la Ley de Armas cónsona con la segunda enmienda de la constitución.

En específico, Torres resaltó que los costos para obtener una licencia de arma son muy onerosos y cohiben al ciudadano de ejercer su derecho a portar armas.

'Para una portación de armas yo tengo que pagar los gastos de honorarios de abogado, que a veces cuesta 1,000, 1,100, 1,200 dólares y a eso hay que sumarle sellos y comprobantes, tengo que sumarle declaraciones juradas, tengo que decirle a tres amigos míos que no vayan al trabajo porque tienen que ir al tribunal a decirle al juez que yo soy bueno. Para qué? Si ya la policía me investigó, si ya la policía me dio una licencia de armas y tuve que darle tres declaraciones a la policía. Estamos teniendo un proceso que, tras que es repetitivo, es sumamente costoso', enfatizó Torres.

En ese sentido, Torres dijo estar dispuesto a hacer señalamientos contra la medida en lo que consta la reducción de las penalidades, cuando la medida baje a vistas públicas.