El otrora sindicato todopoderoso en el sector público había quedado reducido por la privatización de la generación y de la transmisión y distribución, pero todavía su convenio controla el sistema de pensiones.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó a la jueza que atiende la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que autorice la cancelación de los convenios colectivos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI), para así tomar control del sistema de retiro de esa corporación pública y modificarlo.

La solicitud del ente fiscal no tiene un impacto real en cuanto a organización sindical en la corporación pública, pero sí para los pensionados y también simbólico.

Tras las movidas para que operadores privados se encarguen de la generación y de la transmisión y distribución de la red eléctrica, la UTIER se redujo de unos 4,500 miembros a solo 139, indicó la JSF a la jueza Laura Taylor Swain. Por su parte, la UEPI se había reducido a tres miembros activos.

La UTIER fue fundada en 1942 y se convirtió en el sindicato más poderoso del sector público, con influencia laboral, económica y política tanto dentro de la corporación pública como fuera. Con la transformación gerencial, sus miembros se convirtieron en empleados nuevos de los operadores privados o fueron transferidos a otras agencias del gobierno.

Pero aún cuando la huella del sindicato se ha reducido dramáticamente, en su convenio colectivo está la llave para el control de un sistema de retiro que cuenta con unos 12,000 pensionados y 3,500 participantes activos y que está insolvente oficialmente desde mayo del año pasado, pero que continua haciendo sus pagos mediante un préstamo de $300 millones que le hizo el gobierno.

La UTIER ha sostenido que fue la propia AEE la que llevó el plan a la insolvencia al dejar de pagarle unos $1,300 millones en aportaciones, pero ahora la Junta usa esa insolvencia como argumento principal para que la jueza le permita rescindir el convenio y modificar el plan después de que estuvieran por año y medio negociando con la UTIER para hacer modificaciones que el sindicato no aceptó. La UTIER se sentó en la mesa con la Junta a negociar, pero la UEPI nunca se sentó, según la moción en la que el ente fiscal dijo al tribunal que todavía mientras la moción esté pendiente de adjudicación está abierta a negociar.

Aunque está abierta a negociar, la propuesta de la JSF parece ser final: el sistema de retiro de la AEE cambiará para quedar exactamente como quedaron los sistemas de los empleados del gobierno y la judicatura. Es decir, un plan de contribución definida con beneficios limitados y sin aumento automático por costo de la vida.

“Las modificaciones propuestas alinearán los beneficios de los pensionados de la AEE con los beneficios provistos a otros empleados públicos, incluyendo los de maestros y jueces implantados mediante modificaciones a esos sistemas de retiro, de acuerdo al plan de ajuste del gobierno. Las uniones pueden argumentar que modificar el sistema de retiro como lo establece el plan perjudicará a los participantes por el impacto a los beneficios que reciben. Sin embargo, los empleados y pensionados no verán reducidas sus pensiones acumuladas hasta la fecha de efectividad (del plan de ajuste) y la alternativa a estas modificaciones es un plan de retiro insolvente que no podría realizar pago de pensión alguno”, argumentó el ente fiscal a la jueza en una moción el miércoles.

Con la eliminación del convenio, la Junta busca también borrar reclamaciones que le han hecho los sindicatos por casos pendientes en el sistema de querellas y agravios que proveen los acuerdos sindicales. La UTIER reclamó $1,124 millones por ese renglón y la UEPI $3.7 millones.

La solicitud de la Junta está atada también a la más reciente revisión del plan de ajuste de la AEE que presenta un cargo a los abonados para repago de la deuda y para financiar el sistema de retiro. El ente fiscal planteó a al jueza que dejar el sistema de retiro como está costaría 2.05 centavo el kilovatio hora en 2024 y hasta 3.51 para 2039, pero modificarlo implicaría costos a los abonados que comienzan en 2.2 centavos el kilovatio hora en 2024, pero bajan a un centavo para 2056.

“Distinto a otros acreedores que han estado seis años sin cobrar intereses, las pensiones de los unionados se han pagado completas en todo momento. Además, las reclamaciones de otros acreedores se están repagando a un porciento mucho menor que la reclamación de los unionados”, subrayaron los abogados de la JSF.

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