Junta acaricia idea de que Puerto Rico saldrá de la quiebra este año
Pero todavía pasarán varios años antes de que el ente fiscal se despida de los puertorriqueños.
El gobierno de Puerto Rico podría salir de la quiebra a finales de año, pero escapar de la Junta de Control Fiscal (JCF) tomará años.
Ayer, durante su segunda reunión pública del año, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, mencionó varias veces que se habían tomado las medidas, que permitirían al gobierno central inicial el 2022 libre de la presión de esa negociación con los acreedores.
Después de revisar sus proyecciones como resultado de la pandemia del Covid-19, la JCF presentará este 8 de marzo a la jueza federal Laura Taylor Swain una enmienda al Plan de Ajuste para los $35,000 millones en deuda del Gobierno central y alrededor de $50,000 millones en obligaciones de pensiones.
“La ley impone a la Junta dos requerimientos principales antes de concluir su servicio: Que Puerto Rico tenga cuatro años de presupuestos balanceados y que logre acceso al mercado de bonos con unos intereses razonables. Es fácil de prever que esos cuatro años de presupuestos balanceados serían el año fiscal 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25. Pero lo que no constituye un ejercicio fácil de predecir es el regreso al mercado con intereses razonables”, afirmó a preguntas de NotiCel.
“Uno de los elementos atado a ese acceso son los informes financieros anuales auditados. Por eso, estamos empujando para tener los estados financieros porque sin ellos no puedes regresar al mercado y tener acceso a intereses razonables”, agregó.
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Recalcó que contar con estados financieros auditados constituye una prioridad del ente fiscal y que ahora con el apoyo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia confiaba en que se lograría la meta. Los últimos estados financieros auditados datan del 2017, año en que el huracán María devastó la Isla.
No se trata solo de tener los libros en orden sino que ese acceso al crédito requiere que la Isla salga de la recesión económica, que la agobia desde hace más de una década, y encamine el desarrollo económico del País.
“Ese último criterio es difícil de determinar, pero digamos que vamos a trabajar lo más rápido posible con el apoyo del Gobierno y de la Legislatura y con ese deseo generalizado de ver a la Junta cumplir su mandato y devolver la responsabilidad a todos los oficiales electos de Puerto Rico”, respondió tras concluir el cónclave mensual.
Jaresko aclaró que los procesos de quiebra de las corporaciones públicas seguirán su curso independiente y se expresó confiada en que la Junta también logrará que la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra a finales de año. Después de un criticado acuerdo de reestructuración, la Junta procura otro acuerdo para la deuda de unos $9,000 millones de la corporación pública.
El Gobierno federal impuso una JCF a la Isla en el 2016 para ayudar al territorio a colocar sus finanzas en orden y recuperar la solvencia. Es el ente fiscal quien aprueba el presupuesto del País.
Ayer, durante el encuentro virtual, Jaresko repasó los detalles del Plan de Ajuste a la Deuda, que anticipó a inicios de semana. Ese acuerdo modifica las pensiones de los empleados públicos porque el recorte de 8.5% en su retiro ahora se aplicará a las pensiones que exceden los $1,500 mensuales, en vez de $1,200. Con ese corte, la Junta confía en que el impacto recaerá principalmente sobre las personas con pensiones holgadas.
En comparación con los términos que tenía el acuerdo alcanzado previo a la pandemia, la cantidad de deuda a repagar bajaría de $18,757 millones a $14,438 millones y el efectivo que se pagaría por adelantado aumenta de $5,861 millones a $7,024 millones. Este pago, según Jaresko, se realizaría con dinero en las cuentas del Gobierno. El plan también reduciría el pago anual -por los próximos 22 años- de $1,472 millones a $1,150 millones.
Jaresko explicó que el cambio en el umbral donde comienza el recorte a las pensiones respondió a un intento por tratar a los policías y los maestros de forma justa, que dependen de ese ingreso puesto que no pagaban seguro social. Desde el 2019, los policías comenzaron a cotizar al seguro social, pero ayer la funcionaria aseguró que prontamente los maestros y maestras también comenzarán a realizar dichas aportaciones.
Visto bueno al contrato para el síndico de Educación
Durante la reunión, que se extendió tras horas, los miembros de la Junta aprobaron la contratación de la firma Álvarez & Marsal como síndico de los fondos federales que recibe el Departamento de Educación en medio de la reapertura de las escuelas del país.
El contrato tendrá un costo de $79.6 millones durante los primeros 12 meses del acuerdo.
La firma del contrato se extendió porque la firma objetó cláusulas, que requería el Departamento de Educación, según trascendió en las vistas de transición del Gobierno.
Solo el miembro John Nixon se inhibió de la votación para evitar posibles conflictos de intereses, mientras que Andrew Biggs no participó del encuentro.
Hace dos años, el gobierno federal exigió a Educación contratar a un síndico para el manejo y administración de los fondos federales que recibe la agencia. A la espec, congeló el acceso a $650 millones, de acuerdo a la información que la agencia ofreció en las vistas de transición.
Esta semana, la Asociación de Educación Privada alertó que la falta del síndico impedía a los colegios privados acceder a los fondos del Cares Act.
Ya el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia había anticipado a inicio de semana que solo faltaba aprobación de JCF para completar el trámite. Ayer, indicó que la contratación de Álvarez & Marsal brindaría "asistencia" en la administración de fondos federales.
Como de los trabajos, la Junta dio el visto bueno a dos proyectos de energía renovable (CIRO One y Xzerta-Tec) pese a que son contrarios al plan fiscal aprobado porque estaban por encima del costo de energía estimado y no siguieron un proceso de selección abierto. En ese sentido, Jaresko explicó que el cuerpo realizó la excepción porque no provocaría un alza en la tarifa y en reconocimiento de la necesidad de encaminar propuestas de energía alterna.
La Junta también autorizó peticiones de fondos del Departamento de Educación como $6 millones para el pago del contrato del síndico y $18.8 millones para el pago de un alza salarial a los maestros transitorios, entre otras solicitudes aprobadas.
Contrario al ambiente de tensión, que en ocasiones matizó la primera reunión del año, durante el cónclave permeó un ánimo de camaradería. Antes de cerrar los trabajos, Betty Rosa comentó la alegría que sintió al ver que John Nixon tenía colgada en la pared la bandera de Puerto Rico. En otra pared, tenía colgada la bandera de Estados Unidos.
El presidente David Skeel bromeó que anticipaba que más banderas afloraran en las próximas reuniones. El gobernador Pierluisi Urrutia se conecta a las reuniones desde un salón flanqueado por la bandera de Estados Unidos y de Puerto Rico.