TRS y Vázquez Garced ponen las compras del gobierno en manos de leales mientras la JCF disputa reglamento.

El Gobierno de Puerto Rico mantiene una lucha con la Junta de Control Fiscal (JCF) por la implantación de un reglamento que centralizaría cientos de millones de dólares de adjudicaciones y compras en la Administración de Servicios Generales (ASG) a la vez que la política actual de centralización de contratos en La Fortaleza ha creado un tapón con el saldo de sobre 600 contratos que todavía están bajo “revisión” del equipo del Secretario de la Gobernación.

Estos dos extremos en los procesos de compras y contratación quedaron expuestos esta semana por la JCF en dos cartas y un seminario virtual.

En cuanto a los contratos atascados, una carta de la JCF a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico divulgada recientemente indica que acuerdos cruciales como de tecnología, intercambio de data, contabilidad y para trabajos relacionados a la recuperación y reconstrucción de la isla están aguantados en La Fortaleza desde al menos mayo de este año.

Para ver la carta sobre embotellamiento de contratos en Fortaleza, pulse aquí.

La confrontación es importante porque afecta la manera en que se gastarían al menos $4,400 millones al año (el 20% del presupuesto consolidado), una suma que puede aumentar exponencialmente cuando se suman las compras relacionadas a los fondos federales de recuperación que también se colocan bajo la ASG. Hay otros $1,000 millones anuales en contratos de servicios profesionales cuya otorgación se quedaría en cada agencia pero que, según un proyecto del Senado, volverían a entrar bajo el control de la ASG porque la intención es obligar a las agencias a otorgar esos contratos bajo criterios establecidos en ASG.

Y, mientras sigue la discusión por el reglamento, avanzan los nombramientos en el área de compras de personas claves para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Después de la aprobación de Karla Gabriela Mercado Rivera como administradora de ASG y jefa de Compras (posición de 10 años) a pesar de los cuestionamientos sobre su capacidad para el cargo, han ocurrido las designaciones de Joel Fontánez González (anterior Sargento de Armas del Senado) como subadministrador en ASG así como designaciones en las juntas de Subastas y Revisora de Subastas que inciden sobre el proceso de compras en la ASG. A saber, en la de Subastas, que tiene nombramientos escalonados entre tres a siete años y sueldo de $105,000 anuales, están designados el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, como miembro asociado, aunque no cumple con los requisitos de la ley; Rosario Toro Chiqués (cercana también al senador Héctor Martínez Maldonado) como miembro asociado de esa Junta; el licenciado Álex López Echegaray (exasesor del Senado y de La Fortaleza allegado de Vázquez Garced y de la contratista Valerie Rodríguez Erazo desde sus tiempos en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres) como miembro asociado; y la licenciada Mairis A. Cassagnol Cornier (secretaria auxiliar de Asesoramiento en el Departamento de Justicia pero destracada a Fortaleza) como presidenta. En la Junta Revisora, con nombramientos escalonados de tres a siete años y compensación de hasta $50,000 anuales, están designados Carlos M. Limardo Ortiz (actual miembro de la junta de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y contratista del Departamento de la Familia) como presidente e Hiram C. Rivera López (contratista legislativa y recaudador de donativos políticos) como miembro alterno.

Además de las designaciones, la Sesión Extraordinaria incluye la consideración del P. de la C. 2593, que hace más difícil la remoción de la Jefa de Compras al especificar las circunstancias en que un gobernador podrá declarar vacante el cargo, flexibilizando ampliamente la capacidad de declarar que alguna compra es “excepcional” para así sacarla de los requirimientos que tiene la propia ley 73 que reformó y centralizó el proceso de compras.

Para ver el P. de la C. 2593, pulse aquí.

Oportunidad para centralizar la corrupción

La JCF ni la ASG especificaron cuáles son los elementos del borrador del reglamento de compras que generan discordia, pero de las comunicaciones de la junta y sus asesores se concluye que no están de acuerdo con que los procesos de compra de todo el gobierno se dicten desde una sola agencia y usando un proceso uniforme porque no piensan que eso conlleve eficiencia. En vez, proponen que los procesos de compra se diseñen de acuerdo a los distintos tipos de adquisiciones que hace el gobierno, como ocurre en el gobierno federal, que en vez de una sola agencia controlando todo, las compras se dividan según la consolidación de agencias que está en el Plan Fiscal (y que divide 125 agencias en 44 grupos) y que la columna vertebral de la reforma sea una herramienta tecnológica que permita mejor implantación de controles, más transparencia y más fiscalización de las compras en tiempo real.

En verano, cuando la Junta le obligó a retirar el reglamento porque ese ente todavía no lo había aprobado, la ASG aseguró que había integrado las recomendaciones de la Junta y solo detallaron que el ente había pedido que un representante suyo estuviera entre los miembros de la Junta de Subasta, lo cual la ASG entiende que implica un cambio en la ley. Según el Plan Fiscal, la Jefa de Compras es una de las posiciones que debe caer bajo la supervisión del Principal Oficial Financiero del gobierno (CFO, por sus siglas en inglés), un nombramiento del gobernador.

En una carta divulgada esta semana, la JCF vuelve a plantear que han ocurrido intercambios con la ASG para modificar el reglamento hasta el 15 de septiembre y que está del lado de la ASG responder a las observaciones que le ha hecho el ente que gobierna los asuntos fiscales del gobierno.

Para ver carta de la JCF sobre reglamento de compras, pulse aquí.

En un seminario virtual, la contralora Yesmín Valdivieso indicó que a su oficina no se le pidió participación en la formulación de la reforma de compras que trajo la Ley 73, distinto a otras instancias en las que se le consultaron cambios en la operación de la ASG y del proceso de compras. A preguntas de NotiCel, abundó que ha visto el borrador de reglamento de compras y entiende que contiene elementos que no deben ser de reglamento sino que deben estar en la ley y concluyó que tiene “sentimientos encontrados” sobre la decisión de darle vigencia de 10 años al nombramiento de Jefa de Compras porque, por un lado, sería bueno tener posiciones fuera del vaivén político de cada cuatrienio pero, por el otro, no conoce las capacidades de Mercado Rivera. “Yo no la conozco a ella, no se cuán politizada o no politizada está esa entidad”, resumió.

El costo de la corrupción pública en Puerto Rico ha sido estimado por economistas en unos $417 millones al año.

En 2015, el Negociado Federal de Investigaciones allanó el área de compras de la ASG en el contexto de la investigación sobre el convicto recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, y el exdirector de la agencia en el cuatrienio pasado, Luis Castro Agis, fue acusado por corrupción a nivel de la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

De hecho, la recomendación más abarcadora que hace la JCF sobre el proceso de compras, a través de su director de Investigación y Política Pública, Arnaldo Cruz, es mover el proceso de compras, de cualquier forma que quede estructurado, a una plataforma de tecnología abierta como las que existen en otros países y que trae, a la misma vez, digitalización de los procesos y transparencia.

Para ver ensayo de la JCF sobre procesos de compra en el gobierno, pulse aquí.

Ante la realidad de que hoy las compras se hacen de manera totalmente fragmentada y hasta usando los teléfonos celulares personales de los funcionarios para hacer comunicaciones y adjudicaciones, el sistema propuesto estaría en línea, accesible a todas las partes privadas y públicas que intervienen en las compras, que va creando un rastro digital en cada etapa del proceso y que se puede programar para que sea imposible hacer adjudicaciones de compras hasta que se cumplan con los requisitos de cada etapa.

El sistema también asistiría la fiscalización al imponer controles sobre los funcionarios que pueden intervenir y al registrar quién tomó las determinaciones en cada etapa. “Yo no he visto ningún proceso que haya tanta gente envuelta y que después ninguno quiera hacerse responsable”, dijo la Contralora sobre la experiencia de auditoría de su oficina y en la que el proceso de compras produce el 20% de los señalamientos. Esta semana la Contraloría emitió un informe que suman gastos de $192 millones en proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no se construyeron o completaron.

Para ver auditoría de la Contraloría sobre la AEE, pulse aquí.