La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, comenta sobre la revisión que hicieron de las compras de pruebas de coronavirus.

La Junta de Control Fiscal (JCF) dijo hoy que la forma en que el Gobierno de Puerto Rico hizo las compras de emergencia para las pruebas de coronavirus fue tan desordenada que no se puede revisar o auditar.

La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, divulgó el resultado de la revisión que hicieron de ese proceso durante una conferencia hoy para anunciar el aval de la Junta al nuevo Reglamento Uniformes de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG) que se supone controle todos los procesos de compra en el gobierno.

La JCF demandó al gobierno el 8 de junio para que entregaran la información sobre las órdenes de compra hechas a Apex General Contractors, 313 LLC, Maitland 175 y Puerto Rico Sales para pruebas de detección de coronavirus, las comunicaciones escritas de cualquier naturaleza sobre esas transacciones, otros contratos y órdenes de compra que no se hubieran sometido a la Junta de antemano, y las comunicaciones con otros suplidores en ese proceso. La Junta luego desistió de la demanda porque el gobierno entregó la información.

Pero, a juzgar por lo que dijo Jaresko hoy, la revisión de la Junta no pudo aclarar los eventos ni las responsabilidades de los implicados por la manera fragmentada en la que el gobierno realizó las compras millonarias que implicaron que se detuviera una transacción de $19 millones con Apex pero siguiera adelante un pago de $3.6 millones a 313 que al día de hoy no ha producido el producto que se compró y que generó una demanda del Departamento de Salud para recobrar esos $3.6 millones.

“Hay una conclusión única: nadie puede decir, con certeza, cómo ocurrió realmente ese proceso”, dijo Jaresko. Abundó que no se pudo identificar qué personas de autoridad ordenaron las pruebas, o las aprobaron, sobre si se cotejó la calidad del producto, quién identificó a los suplidores o cómo se escogieron y aprobaron los suplidores.

“¿Usted puede concluir si fue un proceso negligente?”, le preguntó NotiCel.

“No voy a adjudicar un valor. Solo diré que fue improvisado (ad hoc) y no estuvo bien documentado”, dijo al enfatizar que la Junta no es una agencia de investigación criminal y que ese aspecto es responsabilidad de otras entidades. De hecho, la semana pasada el Departamento de Justicia anunció que sus investigaciones no concluyeron que había responsabilidad criminal de nadie en el proceso mientras que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente todavía tiene pendiente una pesquisa separada e independiente a la de Justicia, que se basa en el referido que hizo la Cámara de Representantes tras su pesquisa. El ejercicio de la Cámara arrojó que la recomendación de algunos suplidores vino de los exmiembros del Task Force Médico, Segundo Rodríguez y Juan Salgado, que las compras se realizaron entre el Departamento de Salud, ASG y el Negociado de Manejo y Administración de Desastres bajo un proceso flexibilizado por la orden de emergencia por la pandemia y que al menos dos de los suplidores, Apex y 313, tenían claros vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según reveló NotiCel, la demanda por incumplimiento de contrato que 313 sometió contra Salud cuando la agencia rehusó completar la compra de pruebas con ellos contiene documentos bancarios que evidencian cómo $1.2 de los $3.6 millones que llegó a desembolsar Salud fueron transferidos a la cuenta de otra empresa sin que se tenga claro por qué. La persona que controla ambas empresas y ambas cuentas es el cabildero y contratista Juan Carlos Suárez Lemus, asociado al PNP.

“Hay un laberinto de mensajes de texto… no hay documentación para identificar muchos de los puntos decisionales críticos… fue hecho de una manera improvisada que no permite una auditoría o revisión”, comentó Jaresko sobre la revisión que hicieron de las compras y que se supone que en algún momento la Junta publique formalmente.

La funcionaria argumentó que, en contraste, el nuevo reglamento de compras limita al mínimo las compras que se pueden hacer mediante un proceso especial de “emergencia” y que, aún bajo emergencia, se crea la obligación de mantener documentación y expedientes que permitan la revisión posterior del proceso así como obligaciones de transparencia para que el público conozca qué está ocurriendo con las compras en tiempo real.

Vea: Demanda revela transacciones bancarias de cabildero PNP con dineros de pruebas COVID-19