La Directora Ejecutiva recalcó que los gobiernos de Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia no han eliminado la inconsistencia, pero tampoco la han defendido.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insistió en que el gobierno tiene que derogar una parte de la Ley 32 de 2020, una que pretende proteger los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 y evitar que sean desviados a otras agencias, toda vez que el Gobierno de Puerto Rico no ha cumplido los deseos del ente financiero, pero tampoco ha defendido el estatuto.

En una cuarta carta dirigida al Gobierno de Puerto Rico en un periodo de diez meses, la directora ejecutiva Natalie Jaresko relató que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced certificó que la Sección 3 de ese estatuto incumplía con el Plan Fiscal, pese a que fue ella quien lo convirtió en ley en el 2020.

La Sección 3 enmienda a su vez el artículo 2.01 de la Ley 26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, en donde se establece como política pública necesidad de responsabilidad fiscal para que Puerto Rico recupere su credibilidad ante los inversionistas y mercados financieros, restablezca su crédito y maneje sus deudas y finanzas. Específicamente, la Sección 3 es la que exime de cumplimiento a la Universidad de Puerto Rico y al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, salvedad que fue replicada en la Ley 32.

“La entonces gobernadora Vázquez Garced encontró que la sección 3 de la Ley 32, que excluye al Negociado de la Ley 26 de 2017 en la medida en que los beneficios que no sean salariales serían restaurados para el personal a niveles previos a la implementación de la Ley 26, era ‘significativamente inconsistente con el Plan Fiscal’. Más allá, la gobernadora Vázquez Garced aconsejó a la Junta de Supervisión a ‘notificar a la Asamblea Legislativa que la sección 3 de la Ley 32 era significativamente inconsistente con el Plan Fiscal’”, citó Jaresko en su misiva.

La Directora Ejecutiva recalcó que los gobiernos de Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia no han eliminado la inconsistencia, pero tampoco la han defendido. La única respuesta que el ente financiero ha recibido es a los fines de confirmar que la medida no sería implementada. No obstante, según la JSF, como sigue siendo una ley vigente, debe ser revocada “para evitar confusión”.

Por otro lado, en marzo, los senadores Henry Neumann Zayas y José Vargas Vidot presentaron la Resolución del Senado (RS) 104 para investigar si la Ley 32 llegó a ponerse en vigor y cómo se podían proteger los fondos del Sistema 9-1-1. En su exposición de motivos, establece que entre el 2014 y el 2017 se desviaron $12 millones en fondos del 9-1-1, según constatado por la Oficina del Contralor, lo que a su vez violentaba leyes federales.

En la resolución se hace la salvedad que la entidad se nutre de cargos a individuos y no del Fondo General, por lo que no entendían la razón de la inconsistencia con el Plan Fiscal.

Carta Jaresko: