La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tendrá que prestar testimonio, en una demanda en el Tribunal Federal en su contra por supuestas violaciones de derechos civiles a un sargento de la policía municipal que fue despedido en el 2017.

“Como la tasa de positividad en Massachusetts se ha mantenido en aproximadamente dos por ciento en los pasados 14 días y tomando en cuenta que Carmen Yulín Cruz Soto ha viajado recientemente, su declaración se hará de forma presencial el 11 de abril en Massachusetts. Aunque no será necesario someterse a un proceso de cuarentena, todos los presentes tendrán que utilizar mascarilla”, dijo el juez federal Daniel Domínguez.

La demanda fue presentada por el sargento Luis Camacho Ortiz, que fue despedido por supuestamente ser dueño de un medio digital y publicar noticias sobre que no le agradaban a la entonces alcaldesa.

Los abogados de Camacho Ortiz solicitaron al juez Domínguez la orden, porque Cruz Soto puso como condición para dar su testimonio que la entrevista se realizara en Massachusetts, que todos los abogados se realizaran una prueba de COVID-19 y se aislaran por tres días antes de tomar su declaración para evitar complicaciones a su salud.

Los abogados del sargento, Jane Becker Whitaker y Jean Paul Vissepó García rechazaron las condiciones de la exalcaldesa, porque Cruz Soto ha viajado en varias ocasiones con cientos de personas en vuelos comerciales.

En la demanda federal, Camacho Ortiz exige que se le restituya a su puesto como sargento de la Policía Municipal; que ordene al Municipio de San Juan que se abstenga de discriminar contra sus empleados por utilizar su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que se le paguen 2 millones de dólares en daños, además de las costas de abogados.

Para el caso estatal, además de que le devuelvan su puesto y le paguen las compensaciones dejadas de recibir, Camacho Ortiz reclama 500 mil dólares al Municipio de San Juan; 300 mil dólares a la alcaldesa Cruz Soto; 250 mil dólares a la licenciada Marta Vera Ramírez y 100 mil dólares a Carmen Serrano. También, pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la Ley de No Represalias.

El pasado 16 de marzo del 2022, Camacho fue restituido en su puesto, luego de prevalecer en los procesos de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) y ratificado por el tribunal apelativo.