Convicto en masacre de barrio Pájaros solicita desestimación por convicción no unánime
Sammy Báez Figueroa fue hallado culpable por cinco cargos de Ley de Armas y uno de conspiración, en un caso en que la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, fue la fiscal.
Sammy Báez Figueroa, uno de los acusados en el notorio caso de la masacre en el barrio Pájaros, en Toa Baja, solicitó que se dejara sin efecto su convicción de culpabilidad por haber surgido por un voto de mayoría y no por unanimidad.
En su petición al Tribunal de Apelaciones, su abogado, Julio Gil De Lamadrid, se basa en la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Ramos v. Louisiana, en que los derechos de un acusado por delito grave en juicio por jurado incluyen que el veredicto en su contra tiene que ser unánime. La resolución fue adoptada por el Tribunal Supremo a nivel estatal mediante el caso Pueblo de Puerto Rico v. Tomás Cruz Rivera.
La opinión de los tribunales estuvo dirigida a casos pendientes y no fue concluyente en cuanto a los casos finales y firmes, elemento que sería discutido en una resolución futura. Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la representante María Milagros Charbonier Laureano, presentaron dos proyectos en sus respectivos cuerpos legislativos que proponen que la determinación sea aplicable de forma retroactiva a los casos ya resueltos.
Gil De Lamadrid suma a su defensa la orden de un nuevo juicio a Pablo Casellas Toro —acusado de asesinar a su esposa, Carmen Paredes Cintrón— porque en su convicción no medió un voto unánime del jurado. A Casellas Toro le impusieron una fianza de $2 millones de cara al inicio de un nuevo juicio, pautado para el próximo 15 de julio.
“Aquí el compareciente solicita que se deje sin efecto sus convicciones por Ley de Armas, por ser contrarias a derecho y por habérsele violado su derecho constitucional y fundamental de ser convicto por unanimidad”, señaló Gil De Lamadrid en su petición que data del pasado 29 de mayo.
Báez Figueroa fue hallado culpable por cinco cargos de Ley de Armas y uno de conspiración y fue sentenciado a 211 años de prisión, pero sus convicciones surgieron a partir de un veredicto 9-3.
Cuando fue discutido hace una década, el Ministerio Público fue representado en este caso por la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que en ese tiempo se desempeñaba como fiscal de Distrito de Bayamón y cuya ejecutoria fue blanco de múltiples señalamientos y una querella ante el Tribunal Supremo por parte del exjuez Juan José Delgado Delgado, quien pidió sanciones disciplinarias y no prosperó.
El pasado 29 de mayo, fecha en que Gil De Lamadrid presentó su moción y la notificó a la Fiscalía del Tribunal de Primer Instancia de Bayamón, Vázquez Garced se pronunció en contra de los proyectos de ley que proponen la retroactividad, al asegurar que la propuesta abonaría a la revictimización de las víctimas.
“Hago un llamado [a los legisladores] a que lo evalúen con mucho detenimiento. Obviamente, como defensora toda mi vida, por 33 años, de las víctimas del crimen en Puerto Rico, estoy en total desacuerdo con ese proyecto. No voy a abonar a la revictimización, al dolor, a la tristeza, a la desesperanza de las víctimas en Puerto Rico”, exclamó Vázquez Garced.
Con esa declaración, la Primera Ejecutiva se hizo eco de la postura presentada por el Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Asociación de Fiscales durante la única vista pública que celebró la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley. La vista, además, ocurrió luego de que la medida fuera aprobada por ese cuerpo legislativo.
Vázquez Garced dirigió ambas agencias como parte de su trayectoria en el servicio público, precedido por su labor como fiscal.
Desde la presentación de los proyectos de ley se ha señalado la falta de datos sobre a cuántos casos aplicaría la retroactividad. Al deponer en la vista pública, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, aseguró que se habían contabilizado 133 casos a los que le sería aplicable la determinación del Tribunal Supremo, de los cuales 53 están bajo apelación directa.