Después de agotar las posibilidades de un caso local, la Asociación de Detallistas de Gasolina demanda al gobierno en el tribunal federal.

En medio de un debate público sobre la propuesta para prohibir el uso de efectivo como forma de pago en los comercios, la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG) renovó la ofensiva judicial que iniciaron hace nueve años contra el gobierno para eliminar las leyes y regulaciones que le impiden dar un precio descontado a los clientes que paguen en efectivo.

Según reclaman los gasolineros en su demanda ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la prohibición de ofrecer un descuento choca contra una ley federal que específicamente mandata que ese tipo de precio descontado no se puede prohibir y convierte a la isla en la única jurisdicción estadounidense donde no se puede ofrecer precio descontado por precio en efectivo.

Además, el documento sometido el martes, indica que los cargos por servicio que las gasolineras pagan a bancos por las transacciones de tarjetas de crédito o débito (“swipe fee”) constituyen, típicamente, el cuarto renglón de costo operacional más caro detrás de electricidad, nómina y la propia gasolina que venden. Anualmente, pueden sumar “decenas de miles de dólares”. El cargo es normalmente de entre 2 a 3% de cada transacción.

“De forma nada sorprendente, para minimizar el gasto del ‘swipe fee’, los demandantes quisieran incentivar el uso de efectivo y desincentivar el uso de tarjetas de crédito o débito”, asegura en el pleito la ADG, que dice representar a sobre 450 detallistas con sobre 600 estaciones de servicio.

Una ley del Congreso de 1968, enmendada subsecuentemente y conocida como la Cash Discount Act, y la ley de reforma bancaria Dodd-Frank de 2010, son los dos estatutos que prohíben arreglos que resulten en que los comercios no puedan ofrecer un precio descontado a los clientes que paguen con efectivo, argumenta la ADG al apuntar que, desde 2013, enmiendas a la Ley 150 y a las regulaciones del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) mantienen a los comercios sin poder ofrecer precios descontados.

Los gasolineros habían impugnado esto ante el propio tribunal federal inicialmente en 2014, pero un juez decidió que ese foro debía abstenerse para que el foro local resolviera la controversia. Eso ocurrió y el Tribunal de Primera Instancia dio la razón a la ADG, pero el apelativo revocó y el Tribunal Supremo decidió en 2017 que no iba a revisar esa determinación.

Por entender que han extinguido posibilidades en el foro estatal, y que el gobierno sigue violando leyes federales al respecto, la ADG decidió volver al foro federal con este nuevo pleito en el que, entre otros reclamos, piden que se declare “que tienen un derecho, bajo ley federal, a ofrecer descuentos a consumidores que paguen en efectivo”.

La acción legal llega después de que, hace poco más de un mes, el representante novoprogresista José “Memo” González Mercado, sometiera un proyecto para “incentivar a que los comercios eliminen la aceptación de papel moneda o dinero en efectivo como parte de sus operaciones, con el propósito de luchar y evitar el lavado de dinero”. La medida está sometida a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes.