El director de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, indicó que hay un total de 340 jueces y juezas en la Judicatura de un máximo establecido de 386

El director administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, informó, en vista pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que actualmente hay 46 plazas judiciales vacantes.

La expresiones de Steidel Figueroa surgieron en vista de la Subcomisión Especial de la Comisión de lo Jurídico, presidida por José “Conny” Varela para atender la Resolución de la Cámara 687 (R. de la C. 687) que ordenó investigar la carga de trabajo de los jueces y juezas que componen el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

El director indicó que hay un total de 340 jueces y juezas en la Judicatura de un máximo establecido de 386. Steidel Figueroa expuso que, de las 46 plazas judiciales vacantes, se le debe dar énfasis a ocupar las 15 vacantes municipales.

‘’El desglose se sitúa con 297 en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 35 en el Tribunal de Apelaciones y ocho en el Tribunal Supremo. Esto significa que, al presente, hay un total de 46 plazas judiciales vacantes”, informó el director.

De igual forma, Steidel Figueroa compartió que la cantidad de recursos presentados y resueltos por el Tribunal de Apelaciones para el año fiscal 2012-2013 fue de 5,186 y 5,357 casos respectivamente. Mientras que, en el año fiscal 2021-2022, el Tribunal de Apelaciones recibió un total de 3,293 recursos y resolvió 3,633.

Luego de una revisión del movimiento de casos en los tribunales durante las últimas décadas, Steidel Figueroa observó disminución en la cantidad de casos presentados.

‘’Para el año fiscal 2012-2013, la cantidad de casos presentados en el TPI fue de 308,800 casos. Mientras que, diez años más tarde, durante el año fiscal pasado, se presentaron para la consideración del TPI alrededor de 210,300 casos. Esto representa una reducción de 31.8%’’, señaló Steidel Figueroa.

Steidel Figueroa destacó que, durante los cinco últimos años fiscales, la actividad judicial

se vio afectada por el paso de los huracanes Irma y María; la serie de terremotos en el área sur de Puerto Rico; y la pandemia causada por el COVID-19. Según el director de Tribunales, las declaraciones de emergencia decretadas por el gobierno, los daños a la infraestructura sufridos tras los fenómenos naturales, y el cierre de la operación gubernamental para la prevención del COVID-19, incidieron, significativamente, en la cantidad de casos presentados en los tribunales.

Para añadir a los planteamientos, el director indicó que urge una asignación presupuestaria para el poder judicial con el objetivo de “hacerle justicia a los empleados”.

‘’El plan de retribución de los empleados no se ha revisado desde 1998. Mientras, a petición de la jueza presidenta, la Junta de Control Fiscal asignó $11 millones en el corriente año fiscal para un aumento de $200 mensuales para todo nuestro personal. Esa es la respuesta más reciente que solo dio para un aumento insuficiente y que no atiende los reclamos principales’’, explicó el director de Tribunales.

Mientras que, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico favoreció la R. de la C. 687. Sin embargo, el presidente del Colegio, Manuel A. Quilichini, recomendó que la investigación sea detallada, y vaya más allá de un análisis con “meros números”.

De igual manera, Quilichini indicó que se deben integrar todos los componentes del sistema de justicia de Puerto Rico como jueces, abogados y abogadas; entidades que prestan servicios legales a indigentes; y el personal del poder judicial que atiende a estos componentes. Quilichini señaló que “solo así se podrá tener un verdadero cuadro del impacto en la reducción de casos sobre el acceso a los tribunales y a la justicia”.