El ambientalista Eliezer Molina Pérez y otros dos manifestantes podría enfrentar hasta 11 años de cárcel por entrar a la construcción.

Cuando Eliezer Molina Pérez se paró solo, sobre la arena de la playa Los Almendros, en Rincón, y encendió su teléfono para denunciar a través de las redes sociales lo que entendía era una construcción ilegal en el condominio Sol y Playa, jamás imaginó que ese gesto lo llevaría a ser protagonista de dos escenarios distintos, pero unidos entre sí: Uno, ser llevado a los tribunales con la posibilidad de enfrentar hasta once años de cárcel y, dos, ver cómo su mensaje de protección de los recursos naturales comienza a calar en la conciencia de los puertorriqueños.

El excandidato independiente a la gobernación habló por primera vez sobre la construcción de una piscina en el complejo de apartamentos de Rincón el pasado 17 de mayo y dos semanas más tarde fue parte de una manifestación en el lugar que provocó la intervención de la Policía y las fuerzas antimotines.

En esa ocasión, no estaba solo. Los manifestantes entraron al complejo para protestar por lo que entendían era una construcción ilegal, pues se realizan sobre un bien de dominio público, en la zona marítimo terrestre.

''Jamás me lo imaginé. Siento una nota de alegría porque comienzo a ver un pueblo con sentido de pertenencia, que comienza a defender sus recursos naturales'', dijo Molina Pérez al habar con NotiCel.

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La acción tuvo una consecuencia. Tanto Molina Pérez como los jóvenes Jeremmie Vélez Pérez y Miguel A. Luna Ríos fueron arrestados y se les sometieron cargos por escalamiento agravado, daños a la propiedad y un delito por intentar detener una obra de construcción. Un juez del tribunal de Aguadilla no encontró causa por el último cargo y la fiscalía fue en alzada, pero tampoco progresó en ese foro.

Sin embargo, sí se encontró causa por escalamiento agravado y daños a la propiedad, por los que podrían enfrentar hasta 11 años de cárcel de ser hallados culpables

“Es que ahí no hubo ni escalamiento agravado ni daño a la propiedad. Es más, ellos nos están acusando a tres personas por haber entrado en un lugar que entraron sobre 30 personas. Y solamente sometieron cargos a tres. Esto es un juicio selectivo”, sostuvo Molina Pérez, quien ha denunciado otras construcciones que, a su entender, afectan recursos naturales, como la destrucción de mogotes en plena carretera PR-2 y otra construcción en Playuela, ambas en Aguadilla, entre muchas otras.

La vista preliminar está pautada para el próximo 19 de julio a la 1:30 p.m. en la sala del juez Hazam El Musa Espitia en el Tribunal de Aguadilla.

Ese día podría conocerse si las acusaciones contra Molina Pérez y los otros dos manifestantes no progresan o si, por el contrario, tendrán que cumplir tiempo de cárcel.

Sin embargo eso es algo que no le preocupa al ambientalista.

“Uno nunca debe temer a los resultados cuando se actúa por principios. La historia nos va a juzgar por estar del lado correcto”, dijo un convencido Molina Pérez.

Aún así, espera salir airoso tal como pasó con el cargo por intentar detener una obra de construcción.

Demanda de un residente en contra de la construcción

Por lo pronto, las expresiones en contra de la construcción de la piscina no han cesado.

El representante Jessie Cortés celebró una vista ocular en el lugar, en la que se discutió la legalidad de esa construcción. También la senadora Ada García Montes ha solicitado a la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) conocer el trámite en la otorgación de los permisos para la construcción.

Pero una expresión contundente a las labores en el complejo de viviendas vino de uno de los propios residentes.

El licenciado José G. Barea Fernández presentó una solicitud de intervención ante el DRNA en la que impugna el deslinde de la zona marítimo terrestre que dio paso al permiso de reconstrucción de la piscina y el resto del área recreativa del condominio.

El recurso tiene como fin “evitar un daño ambiental irreparable y un improcedente aprovechamiento privado de bienes de dominio público mediante la privatización de la Zona Marítimo Terrestre”, reza el documento.

Según la demanda, el deslinde esta incorrecto porque no toma en consideración varios aspectos como la zona de playa, la topografía y geografía del lugar, entre otros, al tiempo que solicita que se deje sin efecto el deslinde y que se notifique a la Oficina de Gerencia y Permisos para que anule la autorización de construcción en la zona.

Sin embargo, el recurso, que fue sometido hace más de un mes, todavía no ha recibido respuesta de las autoridades pertinentes.

A esa demanda, de paso, se unió el municipio de Rincón.

Molina Pérez agradeció a todos los que, de una forma u otra se han unido a la lucha, pero asegura que todavía se puede hacer más e hizo un llamado a los legisladores, alcaldes y funcionarios públicos para que lleven el reclamo a lo más alto.

“Ninguno está haciendo lo que tienen que hacer de forma correcta, que es someter un 'injunction' con mandamus en el Tribunal para que las autoridades pertinentes atiendan el asunto. No sé por qué lo adornan, porque ya va un mes reuniéndose y no resuelven nada”, sentenció.

Por lo pronto, en la playa los Almendros continúan las labores de construcción de la piscina y las áreas recreativas del complejo de vivienda Sol y Playa, mientras frente al portón que divide las obras de la playa pública, cada vez más personas se unen al llamado de que las playas son del pueblo.