La directriz incide directamente sobre el arresto que la Policía hizo hoy del líder de una manifestación que reclamaba al gobierno mayor agilidad en la distribución de alimentos.

Un memo del Secretario de Justicia federal, William P. Barr, emitido esta misma semana ordena a los jefes de fiscalía federal en todo Estados Unidos a velar porque las restricciones de control de movimiento impuestas por los estados no afecten derechos constitucionales, como el derecho a la protesta.

La directriz incide directamente sobre el arresto que la Policía hizo hoy del líder de una manifestación que reclamaba al gobierno mayor agilidad en la distribución de alimentos para los ciudadanos y puede incidir también sobre las restricciones que el gobierno de Puerto Rico ha impuesto para mañana, 1 de mayo, día en que se han registrado consecutivamente protestas en la Milla de Oro y otros lugares de la Isla en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

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La directriz de Barr, con fecha del lunes, 27 de abril, ocurrió en el contexto de las protestas que se han llevado a cabo en distintas partes de Estados Unidos en contra de las medidas de encierro y distanciamiento social forzoso que han impuesto 35 estados y tres territorios, incluyendo Puerto Rico.

Sin embargo, el lenguaje de la directriz no limita su aplicación dependiendo del tema u objetivo de la protesta.

“Si una ordenanza estatal o local cruza la línea de un ejercicio apropiado de la autoridad para detener la propagación del COVID-19 a una infracción despótica de protecciones estatutarias y constitucionales, el Departamento de Justicia (federal) podría tener la obligación de atender en los tribunales esa extralimitación”, dice Barr en el memo.

“Muchas políticas que serían impensables en tiempos regulares se han convertido en la cotidianidad en semanas recientes, y no queremos interferir indebidamente con los esfuerzos importantes de los oficiales estatales y locales para proteger el público. Pero la Constitución no se suspende en tiempos de crisis. Por tanto, debemos ser vigilantes para asegurar que sus protecciones se preservan, a la misma vez que se protege el público”, añade.

Incluso, el Departamento de Justicia federal le ha dado a esta directriz un carácter de prioridad que solo está por debajo de la directriz que han emitido de procesar diligentemente los delitos relacionados con los que buscan “enriquecerse ilícitamente de la pandemia” mediante acaparación de recursos médicos o mediante la venta de los mismos a precios “exorbitantes” o mediante fraude.

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Con el trasfondo de esa directriz, la Policía de Puerto Rico arrestó hoy a Giovanni Roberto Cáez, portavoz de la organización sin fines de lucro Comedores Sociales de PR por supuesta obstrucción a la justicia y violación a la orden ejecutiva de encierro y toque de queda. La detención ocurrió durante una protesta realizada mediante una caravana de automóviles en el sector la Milla de Oro en Hato Rey. La manifestación incluía guaguas de sonido y reclamaba que el gobierno distribuya alimentos en los comedores escolares y que lleguen ayudas prometidas, y que no llegan, como el desempleo.

Además, la Policía anunció el cierre de calles aledañas a la Milla de Oro en previsión al 1 de mayo porque, según el comandante de área de San Juan, José Juan García, no se pueden hacer manifestaciones “ni a pie ni en caravana de carros”.

“La orden ejecutiva no lo contempla. No se puede estar en la calle para ese propósito”, añadió.

Para ver el memo de Barr, pulse aquí.