Tras un juicio sin jurado de diez días, la jueza federal Silvia Carreño-Coll encontró el lunes, al acusado José Padilla Galarza, culpable de hurtar armas del polígono de tiro de la Policía en Isla de Cabras.

Según se informó, los cargos fueron por conspiración para interferir en el comercio mediante robo (Ley Hobbs); Portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia; Robo de armas de fuego; Persona prohibida en posesión de un arma de fuego; e Interferencia en el comercio por robo (Ley Hobbs).

De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Padilla Galarza, un exoficial del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), solía visitar el campo de tiro Isla de Cabras del NPPR para familiarizarse con el personal, sus turnos y la disposición del campo de tiro. Padilla Galarza, como autor intelectual, planeó el atraco durante más de un año. El robo tuvo lugar el 26 de octubre de 2010. Los cómplices agredieron, sometieron y ataron a los policías de turno y robaron las armas de fuego almacenadas en la bóveda para posteriormente venderlas a cambio de ganancias pecuniarias.

Los co-conspiradores usaron un Ford Crown Victoria blanco con calcomanías oficiales para darle la apariencia de un patrullero oficial. Miembros de la conspiración estuvieron vestidos como policías de la NPPR, algunos con uniformes regulares de policía y otros con uniformes tácticos. Las 125 armas de fuego robadas incluyeron dos pistolas sustraídas a los oficiales de servicio, 40 rifles AR-15, 24 escopetas, nueve carabinas de 9 mm, un rifle MP3 y 49 pistolas.

Este fue el robo con armas de fuego más grande en la historia de Puerto Rico.

Padilla Galarza ahora enfrenta penas de prisión de hasta 20 años por violaciones de la Ley Hobbs, un mínimo de 5 años por portar un arma de fuego para promover un delito de violencia (robo), hasta 10 años por robar armas de fuego y hasta 10 años por ser persona prohibida en posesión de un arma de fuego.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) lideró la investigación con la colaboración de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El caso fue procesado y juzgado por los Fiscales Federales Auxiliares Max Pérez Bouret y Jawayria Auchter.