Aseguró que es meritorio que se establezca la Carta de Derechos de los Trabajadores Sociales para no sobrecargar a los profesionales que atienden sobre 10 casos a la vez en las agencias gubernamentales.

La profesora Lydael M. Vega Otero, nueva presidenta y portavoz del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, está centrada en mejorar las condiciones laborales actual de los miembros y, a su vez, abogar para que se persiga política pública que vaya acorde al bienestar de los puertorriqueños.

Vega Otero es consciente de los retos que enfrenta la profesión y de lo que representa nadar contra la corriente, pero que por ello aceptó la encomienda de presidir el Colegio.

La profesora es la directora del Departamento de Artes Liberales del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Posee una maestría en Trabajo Social de la Universidad Interamericana y un certificado graduado en Trabajo Social Clínico.

Actualmente, cursa un doctorado en Salud Pública con especialización en Determinantes Sociales de la Salud en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera se ha destacado por su compromiso con el bienestar social, trabajando en proyectos con comunidades, iniciativas de vivienda subsidiada y programas de prevención de conductas de riesgo.

“Es un reto enorme en los momentos históricos en que nos encontramos. Por un lado, todo lo que está pasando a nivel de políticas públicas, órdenes ejecutivas y determinaciones tanto del gobierno de Estados Unidos como de Puerto Rico en los primeros 20 días en Puerto Rico y en a penas tres o cuatro días de la presidencia de Estados Unidos. Eso se convierte en un reto porque, obviamente, la iniciativa que vamos a tener desde el Colegio ser vigilantes y poner esta voz de protesta y de alerta a la población en general de que estas acciones que se están tomando van en detrimento de la salud, la seguridad, la protección y el bienestar de las personas”, dijo Vega Otero a NotiCel.

Vega Otero añadió que, además, están los retos que surgieron a raíz de la determinación del Tribunal Supremo que la colegiación de los trabajadores sociales ahora sea completamente voluntaria.

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“La regulación del trabajo social en Puerto Rico era un poder compartido entre la Junta Examinadora de Trabajo Social en el Departamento de Estado y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Los elementos que estaban a su haber para asuntos relacionados como la ética, educación continuada y los posicionamientos en términos de los valores y principios de la profesión, eran asuntos que se tomaban en un proceso participativo entre los profesionales del trabajo social. Esta determinación del Tribunal Supremo lo que hace es adjudicar todo el poder a una instancia del gobierno para regular la profesión y está a la merced del gobierno de turno”, indicó.

Insistió en que las condiciones de trabajo para los trabajadores sociales está en precariedad. Urge establecer límites y derechos en el área laboral.

El año pasado, el Colegio contaba con unos 7,500 profesionales colegiados y unos 1,000 adicionales que no están.

Ahora, con la determinación del Tribunal que elimina el requisito de colegiación para ejercer la profesión en Puerto Rico, la presidenta desconoce cómo resultará la nueva colegiación en el 2025.

“Ese es el reto que tenemos y en términos de las condiciones de trabajo una de las cosas que nosotros hemos impulsado y que el año pasado tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron, pero después el gobernador Pedro Pierluisi no quiso firmar, fue una carta de derechos de los profesionales del trabajo social donde mínimamente le daban unas guías a los patronos de cuáles eran las condiciones mínimas que debían tener para que mi ejercicio profesional lo pueda hacer bien, y entre ellas estaba la determinación de la cantidad de casos por atender”, insistió.

La medida que hace referencia es el Proyecto del Senado 893 que fue vetado por Pierluisi y buscaba establecer la "Carta de Derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico".

Establecía la facultad de la Procuraduría del Trabajo, así como reconocería la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

El P de la S 893 era de la autoría de Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey, Juan Zaragoza, Migdalia González Arroyo, José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón.

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El año pasado, trabajadores sociales del Departamento de la Familia (DF) denunciaron la carga de trabajo diaria, precisamente, por tener que resolver e investigar varios casos al mismo tiempo. Dicha situación pudo haberse resuelto con la Carta de Derechos vetada por el gobernador.

En una entrevista con NotiCel, una de las afectadas dijo que en el DF, podían atender hasta sobre 10 casos al mismo tiempo y no dar abasto.

“En la medida en que un profesional de trabajo social tenga que tener entre 15 a 20 casos en el Departamento de la Familia asignados para todo lo que es un proceso de evaluación de una familia y de un plan de servicio que va enfocado en que esa familia pueda desarrollar unas capacidades protectoras para que haya un bienestar y una protección tanto de los niños y las niñas que están dentro de ese hogar como de la familia en general. Esto es un proceso muy complejo, no es un proceso que se hace en una sola entrevista, es un proceso que requiere de que se hagan intervenciones, acompañamiento profesional con una familia, que entendamos su contexto, que entendamos sus condiciones de vida, que entendamos por qué han asumido conductas violentas en sus relaciones internas y sus relaciones interpersonales. Esto es un proceso que lleva mucho tiempo”, sostuvo.

“Si me asignan 15, tengo que, en un mes, atender esos 15 o esas 20 familias, más hacer el informe, ir al tribunal, atender las reuniones de la agencia, atender las otras peticiones que vienen por el lado. No, no puedo dar el servicio como se supone”, insistió.

La presidenta dijo que trabajará para mejorar la calidad laboral en Puerto Rico y que más personas anhelen convertirse en trabajadores sociales.

“Es importante para todos los trabajadores y trabajadoras sociales, para aquellos que se mantienen con la membresía en el colegio y aquellos que, por alguna razón, no han mantenido la membresía en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, que sepan que el Colegio es la casa del trabajo social y que nuestra labor es defender la profesión ante todas las amenazas que hay y que vienen con estas nuevas políticas”, indicó.

“La voz del trabajo social va a estar siendo validada como siempre lo hemos hecho por los pasados 85 años. El Colegio de Profesionales de Trabajo Social vamos a seguir siendo la voz que va a estar alertándolas y denunciando estos asuntos, pero también construyendo, porque nos movemos a construir más guías socio-educativas para que sepan cómo hacer las cosas en comunidad, para que los profesionales del trabajo social tengan herramientas y obviamente una ampliación de lo que es toda la oferta académica que necesitan para enfrentar estos nuevos retos”, concluyó.

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