La Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana denunció la falta de comunicación del secretario de la Vivienda, William Rodríguez y señalaron incumplimientos a la Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos.

Residentes de vivienda pública en Puerta de Tierra, Torres de Francia, Renaissance Square, entre otros condominios en San Juan, denunciaron hoy un plan “organizado” del gobierno para incrementar sus tarifas de agua.

Según indicaron en una conferencia de prensa, desde hace 43 meses la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha cobrado aproximadamente $5.4 millones, el equivalente a un aumento de 49% en la factura.

En en el encuentro con periodistas, la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana (CRVPAM) denunció violaciones a la Ley para la Reforma de Subsidios y Pagos de Atrasos de Servicios, también conocida como la Ley 22 del 2016, y acusó a la Administración de Vivienda Pública (AVP) por encubrir lo que llaman “un sistema programado de aumento en la tarifa” desde enero del 2021.

“Conociendo los eventos previos de disminución de vivienda pública, la falta de mantenimiento en muchos complejos, el aumento en la factura de los servicios esenciales, la resistencia a que las comunidades se organicen y otros eventos, no queremos pensar que esto es parte de un plan preconcebido a los efectos de desaparecer al sector de vivienda pública del país”, dijo la portavoz y presidenta de la CRVPAM, Mirta Colón Pellecier.

“No queremos partir de la idea de que estos aumentos al servicio de acueductos responden a la necesidad de acaparar mayores ingresos de las ayudas federales para la reconstrucción del país, recibida luego de los huracanes del 2017, los terremotos y la pandemia de los pasados años”, continuó.

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Los vecinos reportaron un primer incremento de $2.06 a la factura que se mantuvo vigente por seis meses. Luego, en septiembre del 2021, hubo un aumento de $0.52 que, al igual que el primero, respondía al ajuste del Plan Fiscal de la AAA. Sin embargo, en agosto del 2022, evidenciaron una factura con un incremento, según ellos injustificado, de $5.84, sin la cotidiana cláusula que atribuyera el cambio al ajuste financiero.

Desde ese momento, hasta agosto del 2024, se implementaron dos aumentos adicionales a la tarifa que tampoco fueron adscritos al Plan Fiscal, uno de $0.56 y otro de $0.58.

Según el inciso 4 del artículo 3.9 de la Ley 22, es la AAA quien establece la partida a la que se imputará el costo para sufragar los subsidios, contrario a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ya cuenta con una tarifa fija impuesta por dicha ley.

No obstante, la abogada Ariadna Godreau Aubert señaló que la factura establecida por Acueductos y Alcantarillados no aparece en ningún reglamento, además de que se desconoce el análisis que llevó a cabo la corporación pública para justificar los incrementos.

“Desde el 2023 hacia acá, hemos tenido casi 1,300 desahucios por impago solamente de vivienda pública, donde casi el 98% de las familias ni siquiera cuentan con representación legal, así que el problema de los servicios esenciales sí es un factor determinante en desahucios que se promueven, a veces, por $6”, expresó la también directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).

Godreau Aubert resaltó, además, que la factura que reciben los beneficiarios de vivienda pública no detalla el consumo, y que de tratarse de arbitrariedad, no sería una tarifa fija por definición.

“Visualicen cómo sería un aumento de una factura, de cualquier tipo, del 45% de servicios esenciales para un residente de vivienda pública o fuera de vivienda pública, con el agravante de que, en la vivienda pública, no pagar el agua o la luz es causa para el desahucio”, agregó.

El portavoz Jonathan Colón Reyes, vecino del residencial Puerta de Tierra, aseguró, por su parte, que la mayoría de los 53,607 residentes que componen el inventario de vivienda pública no tiene los recursos para hacer frente a los aumentos constantes.

“Vivir en un residencial público es bien particular porque normalmente tenemos la opinión pública en contra, porque se entiende que siempre estamos recibiendo fondos, servicios y ayudas”, subrayó Colón Reyes.

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Melsa Matos, vecina del residencial San Patricio, en Loíza, comentó que las personas mayores y con discapacidad son las más afectadas por los incrementos.

“Algunos no tienen los recursos suficientes para seguir cubriendo estos aumentos además del diario vivir, más otros aumentos que hay en la vida de cada uno de nosotros”, puntualizó Matos, quien es no vidente.

A preguntas de la prensa sobre cuál ha sido la respuesta del gobierno, Colón Pellecier explicó que ni el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, ni la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo, se han reunido con la CRVPAM.

“La AVP, con el saliente administrador Alejandro Salgado Colón, devolvieron, no es que utilizaron, es que devolvieron (al gobierno federal) más de $140 millones del Programa de Asistencia para la Renta que iban destinados a pagar alquileres de personas privadas o vivienda pública, incluyendo las utilidades”, manifestó Godreau Aubert, quien recordó que el programa cerró ayer, lunes.

“¿Por qué se devolvió el dinero? Porque se dijo que no se necesitaba, y lo que vimos fue que fueron muy rápidos para cobrar, pero muy pobres en orientar a la gente incluso de cómo poder salir del hueco que deja ese aumento en las utilidades. Aquí se devolvieron $140 millones sin un plan de mitigación y nadie rinde cuentas por eso”, añadió.