Estudios de la Liga de Ciudades de Puerto Rico evidencian que las medidas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal han restringido drásticamente la capacidad del gobierno para satisfacer necesidades básicas en educación, salud e infraestructura.

La directora ejecutiva de La Liga de Ciudades de Puerto Rico, Cristina Miranda Palacios, planteó ayer ante altos funcionarios de la administración Biden la realidad fiscal de 43 municipios, que tendrán que cerrar operaciones por insolvencia económica.

"Si bien la administración Biden ha realizado considerables asignaciones de fondos durante el pasado cuatrienio relacionadas a leyes como la de inversiones en Infraestructura y para Reducir la Inflación (IRA), el contexto es medular. En la medida que exista una Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, y personas que no son electas tomen decisiones acerca de lo que pasa en nuestro país", manifestó Miranda Palacios acerca del ente federal creado bajo la ley PROMESA.

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Estudios recientes publicados por la Liga de Ciudades de Puerto Rico evidencian que las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal han restringido drásticamente la capacidad del gobierno de Puerto Rico para satisfacer necesidades básicas en educación, salud e infraestructura. Estas políticas han tenido un impacto devastador en las comunidades más vulnerables de la isla.

Ante este panorama, Miranda Palacios urgió a los funcionarios federales de la Casa Blanca a llevar a cabo un proceso de auditoría de cumplimiento sobre la ley PROMESA, “algo similar a una auditoría única que se rige bajo los estándares del 'Yellow Book' y la GAO”, indicó.

“Sería una auditoría de cumplimiento y desempeño de la Junta de Control Fiscal bajo la ley PROMESA y otras leyes federales vigentes. Esto puede ser asignado a la GAO o al Consejo de Inspectores Generales", agregó Miranda Palacios.

El llamado de Miranda Palacios se realizó durante una sesión convocada por la Casa Blanca titulada “Comunidades en Acción: Construyendo un Mejor Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses”, a la que la Liga de Ciudades de Puerto Rico fue invitada junto a otras organizaciones de base comunitaria (CBOs, por sus siglas en inglés), del archipiélago y varias organizaciones gubernamentales.

Fundada en el año 2019, la Liga de Ciudades de Puerto Rico es una organización política no partidista que busca el empoderamiento ciudadano, la autonomía municipal, el fortalecimiento y la interconexión de los municipios como ejes de la vida local y de los servicios cercanos a la ciudadanía. A esto se le llama la agenda municipalista.

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Los secretarios de Transportación Federal, Pete Buttigieg, y Energía Federal, Jenniffer Granholm, la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell y el subsecretario de Comercio, Don Graves, lideraron la sesión.

La directora para Puerto Rico y los Territorios de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, Gretchen Sierra Zorita, la secretaria adjunta de Energía para la Oficina de Electricidad, María Robinson y el director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, Tom Pérez, también tomaron la palabra.

Durante el evento, la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico resaltó cómo los municipios y la participación ciudadana son esenciales para implementar soluciones adaptadas a las realidades locales.

Ejemplo de ello es la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, quien también estuvo presente en la sesión federal. Rivera Santana formó parte del Laboratorio de Innovación Municipal, un proyecto de capacitación y asistencia técnica liderado por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, para optimizar la gestión de gobernanza. El lanzamiento del Laboratorio de Innovación Municipal fue posible gracias a las aportaciones de las fundaciones Magic Cabinet, Policy Link y Ford Foundation.

La sesión, que se llevó a cabo en el marco del séptimo aniversario de la catástrofe causada por el huracán María, también sirvió para discutir temas como sostenibilidad y desarrollo económico, reconociendo que las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro han sido clave para la sostenibilidad y la reconstrucción a largo plazo de la isla.

"La administración de Biden ha hecho mucho por Puerto Rico, pero aún queda mucho por hacer. Abordar el impacto devastador de la Junta de Control Fiscal debe ser una de las principales prioridades de la agenda federal. Nuestro compromiso con la defensa de los derechos e intereses de Puerto Rico continúa", recalcó Miranda Palacios.

"Agradecemos a los representantes en Washington por su disposición a escuchar nuestras preocupaciones y reconocer la necesidad de un enfoque más colaborativo que incluya a los gobiernos locales en el diseño de políticas. La colaboración entre el gobierno federal y los municipios es clave para construir un futuro más justo y equitativo", concluyó Miranda Palacios.