Durante un conversatorio para reflexionar sobre el impacto del estatuto, también se conmemoró la creación de la Línea de Ayuda 24/7 ‘Estamos Para Ti’ junto a la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Diversas organizaciones enfocadas en la erradicación de la violencia de género en la isla se unieron este jueves en un panel sobre los efectos de la Ley 54 y sus enmiendas desde su creación en 1989.

La actividad convocada por el Proyecto Matria y la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) brindó perspectivas diversas sobre el panorama que enfrentan las sobrevivientes de abuso, desde el proceso judicial hasta los esfuerzos comunitarios que existen para cuidar la recuperación de las víctimas.

Esther Vicente Rivera, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, abrió el conversatorio estableciendo cómo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, según enmendada, promovió un nuevo paradigma sobre las relaciones de poder entre las parejas.

“Al inicio, durante las primeras décadas, miles de mujeres acudían a los tribunales a solicitar órdenes de protección o llamaban a las autoridades”, contó la docente, quien llevó a cabo un estudio histórico exhaustivo de la pieza legislativa original junto a su asistente de cátedra y estudiante de Derecho, Débora Galarza Pomales.

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“La llegada a posiciones de poder de líderes políticos que no comparten la visión que enuncia la Ley 54, fue generando, poco a poco, patrones discursivos y legislativos que han restringido el impacto de la ley en la vida cotidiana, en los procesos sociales y en la práctica jurídica en los tribunales”, abundó.

Desde 1995, la legislación original ha sufrido, de las que Vicente Rivera pudo identificar, 45 enmiendas que, a su juicio, son innecesarias.

Como ejemplo, la doctora se refirió al último cambio efectuado el 8 de agosto del presente año, que otorga al poder judicial la capacidad de incluir un punto de distancia circunferencial mínimo de 50 metros entre las partes.

“¿Por qué imponer distancias mínimas cuando la Ley 54, en el artículo 2.1-B establece la facultad de los tribunales para condenar a la parte peticionada a abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentra la parte peticionaria? Lo que tiene que hacer, es irse”, cuestionó la profesora.

“Muchas de las enmiendas no han tomado en consideración ese carácter integral de la ley ni tampoco los propósitos, la visión de perspectiva de género y de derechos humanos que la alimenta, y la política pública que persigue, que es proteger a la persona sobreviviente de violencia, no es proteger a la persona que comete la violencia”, agregó.

Vicente Rivera recordó el llamado de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien ha solicitado la revisión de la Ley 54, ya que “es un trabajo que requiere años, no lo puede hacer una sola persona ni se puede hacer en el vacío (...) Tiene que haber un trabajo en equipo de personas expertas, abogados y abogadas que litigan en los tribunales a diario, personas conocedoras del trámite legislativo, legisladores aliados y aliadas, y organizaciones”.

La fiscal especial y panelista Lindsay Murillo resaltó, por su parte, el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, en abril del 2021, quien había solicitado una orden de protección contra su presunto asesino, Miguel Ocasio Santiago, un mes antes de su muerte.

“Andrea asistió al tribunal a pedir auxilio contra lo que era un patrón de intimidación, de acecha, de persecución y, sin duda alguna, de maltrato psicológico. La balanza de la justicia, que a veces sufre unos problemitas de calibración, le falló a Andrea, le falló a su familia y le falló al país”, denunció Murillo.

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“¿Por qué es importante mencionar a Andrea entre tantas (mujeres)? Porque su caso movió desde el dolor, la frustración y el coraje, a que el sistema se viera obligado a redoblar esfuerzos dirigidos a acompañar, de una forma más cercana, a las sobrevivientes de violencia doméstica en los procesamientos de casos criminales”, explicó.

La oficial del Departamento de Justicia precisó, además, que no hay suficientes intercesores legales para cubrir todas las regiones judiciales.

Según datos actuales de la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM), hay alrededor de 115 intercesoras legales certificadas para un país que suma, hasta el 31 de julio, 660 incidentes de violencia de género para el 2024.

“Tenemos agencias que infantilizan a las sobrevivientes, y le imponen procesos innecesariamente, auscultan ciertos procesos que quieren tener las sobrevivientes, o les criminalizan, o las revictimizan por haber experimentado una situación de violencia de género”, aportó Coraly León Morales, presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.

León Morales tomó su turno para visibilizar a las facilitadoras que laboran en las siete organizaciones que integran la Red y que acompañan a sobrevivientes en procesos judiciales, de vivienda y rehabilitación emocional para recuperar su vida.

“En Puerto Rico, los albergues no son prioridad. Eso duele decirlo, pero hay que decirlo (...) No son reconocidos como recursos esenciales, y deberían ser reconocidos como los hospitales, la Policía, los bomberos. Hacen un trabajo ininterrumpido. No hay días de fiesta donde se cesan las labores”, sostuvo.

“No existe un fondo específico para los albergues, tienen que competir a nivel estatal y a nivel federal con festivales, que están chéveres y todo el mundo quiere ir, pero aquí estamos hablando de un servicio que salva vidas y que es crucial para las víctimas del país”, declaró.

Cristina Parés Alicea, directora ejecutiva del Proyecto, moderó el foro educativo que, a su vez, respondió preguntas de los presentes y contó con palabras de saludo de la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga.

“Veo caras conocidas, veo caras que son reconocidas, y todas me alegran el corazón (...) Estoy honrada por el valor de cada una de las personas que se encuentran presentes y por la generosidad, con su tiempo y conocimiento, de cada una de las panelistas y la quinta presidenta del hermoso Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico”, mencionó Parés Alicea.