El asesino de Ivonne Negrón Cintrón podría salir a la calle bajo libertad condicionada tras cumplir 10 años de una sentencia de 85.

El asesino de Ivonne Negrón Cintrón, Juan Ramos Álamo, puede salir a la libre comunidad al amparo de la Ley de Libertad Bajo Palabra, ya que el reo solicitó ser considerado luego de tomar varios de talleres de rehabilitación y cumplir con 10 años de prisión.

La familia de Negrón Cintrón ha cuestionado en conferencia de prensa los procesos que se llevan a cabo para excarcelar a un convicto y temen que liberar a Ramos Álamo resulte en el asesinato de otra víctima.

“He aprendido a vivir día a día hasta que Dios me de el tiempo. Yo estaba preparada para que este asesino salga de la cárcel después de 25 años y ¿cuál es mi sorpresa?... no hay un día que yo no llore por Ivonne”, expresó Carmen Cintrón , madre de la víctima.

Mientras, su hermano Víctor Manuel Negrón Cintrón sostuvo que le da “horror saber que otra mujer pueda pasar esto… Yo no quiero que eso lo viva nadie. El día que esa carta llegó al buzón, mataron a Ivonne otra vez. Queremos vivir en paz”, dijo entre lágrimas.

El 15 de noviembre de 2013, Negrón Cintrón fue asesinada de 26 puñaladas en la comunidad El Cerro, en Gurabo. Ramos Álamo escondió el cadáver durante cuatro días y lo desmembró para disponer de él en bolsas plásticas. Luego, le negó a la familia el vil asesinato.

El hijo de Negrón Cintrón encontró el torso de la madre en un cubo y conectado a una manguera.

En aquel entonces, el juicio por asesinato en primer grado como se esperaba no ocurrió. En cambio, fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado, lo que conllevó una sentencia menor.

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También se le encontró culpable por destrucción de evidencia y dos cargos por Ley de Armas.

Fue sentenciado a 84 años de cárcel.

Después de 10 años de lo ocurrido, la madre de la víctima, Carmen Cintrón, recibió una carta por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) en la cual se le notificó que el próximo 22 de julio, Ramos Álamo tendría una vista para considerar su solicitud de excarcelación.

Luego la audiencia fue pospuesta y no tiene nueva fecha.

Esto, al amparo de la Ley 85 del 22 de octubre del 2022. La ley establece que un reo sea considerado para libertad bajo palabra, la persona convicta deberá cumplir al menos 75% del término de reclusión impuesta. Este cómputo nunca excederá de 15 años cuando se trate de un adulto o cinco años cuando se trate de un menor sentenciado.

Esta ley recientemente se enmendó bajo el Proyecto de la Cámara 2106 que establece que todo convicto por agresión sexual en todas sus modalidades, actos lascivos, violación, sodomía, incesto, secuestro, secuestro agravado y pornografía infantil, incluyendo sus tentativas, no podrá beneficiarse del Programa de Libertad Bajo Palabra.

No obstante, el estatuto no afecta el caso de Ramos Álamo.

Se desprende de la nueva ley que las personas que estén referidas bajo la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), sin que haya una determinación final, no cualificarán para este proceso independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre su solicitud. En el caso de las personas que se encuentren disfrutando de este privilegio tras cometer este tipo de delitos, y luego, por diversas razones, se les revoque, no se les concederá nuevamente.

La JLBP, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), había apoyado sin reservas esta nueva ley por entender que le hace justicia a las víctimas del crimen.

También, hizo lo propio el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Luego del caso de Hermes Ávila Vázquez, los familiares de Ivonne han puesto en tela de juicio las evaluaciones por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), de la Junta de Libertad Bajo Palabra y de Physician Correctional.

En la conferencia de prensa se difundió que Ramos Álamo tomó talleres de los que recibió bonificaciones que contribuyeron a reducir el tiempo para calificar para JLBP.

Estos talleres fueron provistos por Physician Correcctional, la compañía que administra los servicios de salud a la población correccional y quienes certificaron la supuesta paraplejia de Ávila Vázquez.

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“Tenemos grandes preocupaciones con relación a esos talleres que se toman en camino hacia la libertado bajo palabra y nos preocupa porque en este y en otros casos, esos talleres son provistos por Physician Correctional y ese nombre nos alerta enseguida porque es el que ha estado en boca de todos en las últimas semanas”, expresó la licenciada Josefina Pantoja Oquendo de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT).

Los talleres que tomó Ramos Álamo fueron: “Aprendiendo a vivir sin violencia” y la “Transformación de Patrones Adictivos”.

Los familiares habían solicitado el expediente del convicto para examinar las evaluaciones que se han hecho. Denunciaron también que los documentos que lograron examinar no establecen el nivel de peligrosidad del convicto ni el potencial de riesgo que representa para la comunidad.

“Es un expediente que no debe de tener más de 50 páginas. Así que, por la información que tenemos de organizaciones que han estado trabajando con estos casos, ya sabemos que no está el expediente completo. Así que, el primer proceso mal manejado por parte de la Junta, es hacernos llegar un expediente incompleto”, sostuvo la hermana de la víctima, Leila Negrón.

Hicieron un llamado a la Legislatura para que evalúen nuevamente la Ley 85 con vistas públicas para asegurarse de que el DCR y el JLBP cuentan con la pericia y la responsabilidad de excarcelar otro reo de manera responsable.

El acercamiento se lo hicieron al senador José Vargas Vidot.

“Hay algo que no hace falta legislar que es revisar los procedimientos y que las familias víctimas sobrevivientes sean tratadas con respeto”, aseveró Leila Negrón.

Vargas Vidot, en entrevista con NotiCel dijo que hay espacio para evaluar y enmendar la Ley 85 y que confía que las agencias hayan aprendido sobre excarcelar un reo sin tomar las debidas precauciones.

El senador votó a favor del proyecto que dio paso a la ley.

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"Yo confío que esta lección, aunque no ha sido adjudicada, pueda ser un elemento fundamental para quien esté analizando el pedido, pueda utilizar elementos adicionales (para su evaluación)", expresó.

"Hay posibilidades ( enmendar la ley)...He perdido la confianza en la Libertad Bajo Palabra porque no se si los criterios son uniformes. Por eso admito y valido la urgencia que tiene la familia porque aquí pasan cosas que uno no se imagina que pueden pasar", puntualizó.