Las galleras, que se supone no operen como tal por prohibición federal de pelas de gallos, quedaron atadas al narcotráfico en un caso federal.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico espera por la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura federal para iniciar cualquier procesamiento que proceda por la realización de peleas de gallos en la isla, que están prohibidas por ley federal desde 2018.

Así lo planteó Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la fiscalía federal en la isla, a preguntas de NotiCel en una conferencia en la que las autoridades revelaron una acusación de gran jurado por narcotráfico en la que se alega que la coordinación para el movimiento de cocaína ocurría en galleras.

"No voy a entrar en comentarios sobre en qué etapa, o no, se encuentran investigaciones al respecto porque las investigaciones continúan", dijo el fiscal al apuntar a Agricultura federal como la agencia encargada en primera instancia de investigar las operaciones de las galleras.

Específicamente sobre el caso de narcotráfico que involucra a 15 personas, Ramírez Carbó explicó que "casualmente, se reunían en galleras, se conocieron a través de las galleras y así mismo se reunían en ellas y planificaban llevar a cabo estos esquemas de tráfico de drogas". En las galleras "ocurre de todo", comentó cuando se le preguntó si entienden que las galleras funcionan como lugares donde se planifican delitos.

Después de la prohibición de las peleas de gallo por parte del Congreso en 2018, los galleros de la isla mantuvieron una lucha legal hasta que en 2021 el Tribunal Supremo federal rechazó revisar una opinión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que había apoyado la constitucionalidad de la prohibición. En 2019, la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura y la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, aprobaron la Ley de Gallos de Puerto Rico del Nuevo Milenio que regula esta actividad con el propósito de evadir la jurisdicción federal. Todavía el gobierno federal no ha llevado a cabo ningún procesamiento legal en la isla para aplicar la prohibición.

La acusación incluye narcotráfico, lavado de dinero y utilización de arma de fuego para cometer un delito de narcotráfico. La forma de operar era que, después de coordinados los cargamentos entre la isla y estados como Florida, Massachusetts, Maryland, Alabama, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, y Nueva York, la droga se enviaba por correo regular o privado, en ocasiones escondida en pailas de sellador de techo, juegos de mesa, artículos para el hogar y otros. Uno de los acusados era empleado postal y una propiedad en la urbanización Jardines de Dorado les servía de almacén, añade el documento acusatorio.

Los acusados son: Pablo Colón Rolón (“Gordo/Goldo”), Enmanuel Matos Matos (“El Menor”), José Pérez Cuevas (“Chipolo”), Juan Manuel Vázquez Díaz (“Demente”), Saúl Montalvo Mulero (“La Momia”), Luis M. Ortiz Rivera (“Jingo/Ñingo”), Miguel Piñeiro Ramos (“El Grande”), Nelson Suárez Ortiz (“El Cocinero/El Quemao”), Carlos Marrero Vázquez (“El Cartero”), Johan Torres Feliciano (“El Ingeniero/Inge”), Gustavo Rivera Mulero (“El Cano”), Abraham Nelson Brenes, Juan González Ayala, Carlos Castro Lecumberri, y Jonathan Santiago Hernández.

En la conferencia, la jefa en Puerto Rico y el Caribe de la Administración Federal Antidrogas (DEA en inglés), Renita D. Foster, dijo que entre 2017 y 2021 ocurrió un promedio de 591 muertes violentas anuales en la isla y que el 50% están "directamente vinculadas con el tráfico de drogas".