Las protestas que allí se iniciaron hace poco más de diez meses inspiraron otras luchas ambientales en la Isla, pero el origen del conflicto todavía no se resuelve.

Los terrenos frente al condominio Sol y Playa de Rincón, que hace casi un año fueron escenario de protestas y confrontaciones entre manifestantes y la Policía por la construcción de una piscina en terrenos frente a la playa, hoy lucen prácticamente vacías.

El bullicio de las consignas en defensa del ambiente, de la protección de la zona marítimo terrestre, del forcejeo y las protestas, ahora se escuchan y se ven en otras costas.

Fue aquí, hace poco más de diez meses, donde se encendió una chispa que extendió su fuego a otras comunidades, como Dorado, Ocean Park o Salinas: la lucha de quienes defienden los recursos naturales y los espacios comunes en contra de la privatización o la construcción desmedida.

Sin embargo, desde que la Junta de Planificación emitió una orden de cese y desista en torno a las obras que allí se realizaban y que el Tribunal de Apelaciones desestimara el pasado 9 de marzo un recurso de revisión administrativa presentado por los propietarios del complejo de apartamentos, los trabajos de construcción que allí habían comenzado, quedaron a medias. Ni se completaron ni se demolieron.

La verja de cemento que tanta polémica provocó se encuentra a mitad de camino y frente a los edificios principales de la estructura, todavía hay montañas de escombros.

Y es que la controversia en Rincón, aunque ya no se encuentra en el ojo público, todavía está lejos de acabar.

“Ellos (la junta de condómines) están esperando a ver si apelan al Tribunal Supremo”, dijo José Ramos, uno de los manifestantes que pasó meses frente al condominio.

“Por eso, dejaron de construir, pero todavía no han tumbado lo que habían construido ni han recogido el área”, agregó.

Del campamento Carey, que por meses se levantó en la Playa los Almendros, frente al condominio Sol y Playa y que reunió a decenas de manifestantes, tampoco queda mucho. Una pequeña caseta aún permanece erguida en uno de los estacionamientos justo a la entrada de la playa, así como las banderas de Puerto Rico, Rincón y de la resistencia, que le dan la bienvenida a los que por allí pasean.

Ramos es uno de los pocos manifestantes que, casi a diario, regresa a la zona para asegurarse que se haga valer la decisión del tribunal.

“Vengo a ver que no hayan construido algo y a velar el área de las tortugas”, manifestó Ramos, retirado y residente en Aguada.

En efecto, al menos cuatro zonas de la playa, algunas justo frente a la destruida verja de la piscina del condominio, están identificadas como espacios donde varias tortugas anidaron y esperan por su eclosión.

Uno de los reclamos de algunos manifestantes era, precisamente, que la zona donde planeaban reconstruir la piscina del condominio estaba sobre la zona marítimo terrestre y que servía de área de anidaje de tortugas, incluyendo el tinglar, una de las 10 especies más amenazadas en el mundo.

El principio de todo

El 17 de mayo del 2021 el ambientalista y excandidato a la gobernación, Eliezer Molina, se paró allí con su celular a denunciar a través de las redes sociales lo que entendía era la construcción ilegal de una piscina frente al condominio Sol y Playa. Dos semanas después, el 2 de junio, una veintena de manifestantes intentaban impedir que los camiones de concreto y otros materiales de construcción entraran a la zona donde planeaban reconstruir el área recreativa del complejo de viviendas, que fue destruido por el huracán María.

Esa mañana, rompieron la verja, entraron al área de construcción y detuvieron los trabajos.

Fue el inicio de meses de confrontaciones entre policías, unidades antimotines y manifestantes. También de luchas en los tribunales.

Para Ramos, fue también la génesis de una nueva conciencia ambiental.

“Esto fue el principio de lo que ahora estamos viendo en Salinas, Río Grande y otros pueblos. Es el mismo problema. Lo que aquí pasó fue muy importante. Despertó la mente de muchas personas sobre la corrupción que hay y de lo importante que es defender lo que tenemos”, sostuvo.

El otro lado de la historia

Pero, en el conflicto del condominio Sol y playa, también existe la otra cara de la moneda. Los residentes que por décadas han vivido en ese lugar y que hoy no saben qué pasará con su propiedad.

“Ha sido muy terrible, primero por la presión que se produjo aquí, no solo por salvar la playa o las tortugas, también la presión indebida contra los residentes, las amenazas, el vandalismo y la destrucción que nos ha deprimido un montón. Aparte del costo que hemos tenido que invertir en abogados... Para nada, porque ahora mismo no sabemos cuál es el estatus o qué va pasar”, dijo la licenciada Sonia Rodríguez, quien lleva desde la década del 80 con una propiedad en el condominio como segundo hogar.

“Yo lo que quiero es que nos digan, ‘ok, de aquí para allá no podemos construir y de aquí para acá sí’. Póngame la verja aquí, nosotros limpiamos, hacemos un camino para la playa y decidimos si ponemos o no la piscina o lo que sea, pero que se resuelva. Mira cómo está esto aquí”, agregó, mientras señalaba el área donde se suponía que se construiría el área recreativa, y que hoy solo son escombros.

Rodríguez se refería a una de las disputas legales que aún quedan por resolver: la definición del deslinde de la zona marítimo terrestre, que fue impugnado por uno de los propietarios, el licenciado José G. Barea, por entender que no se tomaron en cuenta todos los elementos necesarios para su definición.

El caso aún está en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Yo digo que los permisos de construcción tienen dos etapas: la primera, que fue cuando originalmente se construyó el complejo de viviendas, y la segunda, luego del huracán María, cuando sufrieron daños y requirieron de nueva documentación para poder construir el área recreativa que hoy todavía está en disputa. Por eso yo digo que en esta ocasión también hay que traer a los dueños originales, que nos vendieron a nosotros y que dijeron que estos terrenos tenían todos los permisos al día desde el principio”, indicó Rodríguez, quien estaba acompañada, por su esposo, el también licenciado Otto Landrón.

Los residentes lamentaron que la situación haya afectado el valor de dichas propiedades y que muchos dueños de apartamento estén optando por vender a precios por debajo del costo.

“Este era un proyecto de puertorriqueños. No éramos los americanos que se están quedando con Rincón y con todo Puerto Rico. Éramos profesionales que pudimos comprar un segundo hogar”, dijo Rodríguez.

“El resultado neto es que ahora sí le dejamos esto a los extranjeros”, puntualizó Landrón.

Más de diez meses después de iniciada la pugna en el condominio Sol y Playa, Rodríguez no ve la hora en que toda esta controversia llegue a su final.

“Aquí hay unas personas que piensan que hay que ganarlo todo y eso es imposible. Aquí nosotros vamos a perder y los que están reclamando tampoco se les va a dar el 100%. Esa es la verdad”, sentenció.

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