Un panel del Circuito de Apelaciones federal ordenó su paralización de emergencia, pero podría ser permanente muy pronto.

La determinación de un panel de jueces de una corte federal de apelaciones en Estados Unidos de paralizar temporalmente el requisito de vacunación para empresas con 100 empleados o más en Estados Unidos que impuso el presidente Joe Biden, podría convertirse en permanente, lo que tendría un impacto directo en cientos de empresas y casi medio millón de trabajadores en Puerto Rico.

Según explicó el profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Sanabria Montañez, en el momento en el que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos extendió la paralización, emitió una opinión que parece inclinar la balanza a la posibilidad de declarar nulo el reglamento.

Hace cerca de dos meses, Biden anunció una serie de medidas para atender la pandemia, y entre las directrices que impartió, instruyó al director de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para que adoptara un reglamento temporero de emergencias para obligar a empresas que tienen 100 empleados o más a que adopten una política mandatoria de vacunación.

Las normas, que fueron dadas a conocer por OSHA, requerían la vacunación obligatoria a los empleados presenciales. Además, requería que aquellos que no estén vacunados, que cada 7 días presentaran una prueba molecular negativa, el uso de mascarillas y las medidas de distanciamiento constante. La prueba semanal debía costearla el empleado.

“Las normas también requieren que el tiempo que un empleado esté vacunándose, lo pague directamente el patrono. De igual forma, si un empleado sufre alguna reacción como consecuencia de la vacuna, el reglamento de emergencia requiere también que el patrono recargue el tiempo que ese empleado esté recuperándose a la licencia por enfermedad del empleado”, explicó Sanabria Montañez al conversar con NotiCel.

La directriz exigía a cada empresa cumplir con dichos requerimientos antes del 4 de enero y de no hacerlo, las multas podían fluctuar entre $13,000 y $135,000.

De igual forma, para no tener que presentar prueba negativa semanalmente, el reglamento decía que el empleado debía estar “completamente vacunado”.

Nota relacionada: Biden ordena vacunación obligatoria en empresas con más de 100 empleados

“Esa sección iba a ser objeto de litigio porque parece ser que el reglamento define como ‘fully vaccinated’ a alguien que tenga todas las dosis. No distingue entre tres y dos dosis y eso no está claro”, subrayó el abogado.

Ante esa situación, un grupo de empresas, grupos religiosos, organizaciones de defensa y varios estados, como Texas, Mississippi, Carolina del Sur y Utah, habían presentado demandas en distintas jurisdicciones impugnando ese reglamento.

La semana pasada, el tribunal lo paralizó de manera temporera y el viernes pasado extendió la paralización mientras anunció que tomará un tiempo para emitir un fallo final.

“Hay una probabilidad grande de que la paralización se extienda de manera permanente. Por la manera en que está escrita la opinión, parece que están inclinado a declarar nulo el reglamento”, sostuvo.

Según explicó, parte de la controversia pública es que se entiende que queda en los estados y territorios el poder de reglamentar la forma en que se atenderán temas de salud pública, como el covid-19.

“Estamos viendo un fuerte choque del tema del federalismo, que es cuánto poder tiene el gobierno federal versus cuánto poder tiene los estados para regular temas que tienen que ver con la salud pública”, destacó Sanabria Montañez.

“Los estados están planteando que esta facultad de regular cómo se va a manejar el asunto del covid-19 a nivel de estados y territorios le corresponde al gobierno de esa jurisdicción y no al presidente de Estados Unidos y sus agencias. De igual forma, plantean que el presidente se está extralimitando en sus poderes y que a quien le correspondería en todo caso adoptar una medida de esta naturaleza es a otras ramas de gobierno”, agregó.

El impacto en Puerto Rico

Sanabria Montañez explicó que el reglamento que adoptó OSHA por mandato del presidente, aplicaba a todos los estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico. Es decir, que empresas como farmacéuticas, tiendas por departamentos, sector turístico, aseguradoras, cadenas de restaurantes y bancos en la Isla debían acogerse a ese mandato.

Estimó que en la Isla existen entre 400,000 y 500,000 empleados a los que aplica esta paralización.

“Tendría un impacto grande en Puerto Rico porque no obligaría a las empresas a adoptar estas prácticas mandatorias, no tendría las consecuencias de las multas y no tendrían que estar pagando por el tiempo que un empleado está vacunándose o recuperándose de la vacunación, entre otras”, indicó.

“Hay que recordar también que después que OSHA anunció este reglamento. Pierluisi dijo hace dos semanas que le iba a exigir a las empresas con 50 empleados o más que se vacunaran, pero creo que Pierluisi haya notificado esa nueva orden ejecutiva. Hay que ver qué tipo de postura asume el gobierno”, acotó.

El profesor de derecho detalló, además que al extender la paralización, el panel publicó destacó que este tipo de reglamentos solo aplican a situaciones excepcionales y que solo se adoptan cuando hay sustancias químicas o de otro tipo que ocasionan riesgos en la salud de los trabajadores.

“Pero el covid-19 no es una sustancia química ni tampoco es algo exclusivo del trabajo. El riesgo de contraer covid ocurre tanto en el trabajo como en la casa o en la calle”, señaló Sanabria Montañez.

“Dice, además, que ya OSHA había dicho varias veces que el covid-19 no caía como una de esas situaciones bajo las cuales se podía adoptar un reglamento temporero de emergencia. Sin embargo, la agencia se vio compelida a hacerlo porque Biden les instruyó a hacerlo. Por eso, es que dicen que es un exceso de poder de Biden”, sentenció.

Lea la opinión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito: