De 1,518 personas con grillete electrónico en Puerto Rico, 495 de esos casos corresponden a casos de violencia de género y el equipo es controlado por la empresa Track Group.

Sumado a la pérdida de señal en zonas montañosas, el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) —encargado de la supervisión electrónica a personas imputadas de delito— también ha enfrentado problemas con cortes de grilletes, aunque la empresa que les provee el equipo se anuncia como una de las más seguras.

“Las alertas que recibimos cuando ocurre un corte de grillete nos están llegando y, tan reciente como ayer, tuvimos una situación donde pudimos activar el protocolo desde el centro de monitoreo del Departamento para que, tanto la policía municipal y estatal puedan intervenir con el arresto. Sin embargo, tenemos una persona que sigue sin ser encontrada luego de haber cortado el grillete”, indicó Janet Rodríguez Robles, directora del PSAJ, ante una nueva visita a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes.

De 1,518 personas con grillete electrónico en Puerto Rico, 495 de esos casos corresponden a casos de violencia de género y el equipo es controlado por la empresa Track Group.

Track Group es una empresa con base en Illinois, en los Estados Unidos, y fue proveedor de grilletes electrónicos por primera vez en el 2018, con un contrato de un año por $1.9 millones, que a los seis meses fue enmendado y su monto ascendió a $2.7 millones.

La empresa luego fue contratada nuevamente el pasado febrero de 2021 por $1.4 millones, acuerdo que finaliza el 30 de junio, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

De acuerdo a la información publicada en su página web, la correa de sus grilletes supone ser fuerte y resistente a intentos de cortes, además de que se anuncia como un ofrecimiento único de esta empresa y no por otros manufactureros.

Según el representante Ramón Luis Cruz Burgos, se hará otra subasta para determinar si Track Group continuará como la empresa contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para proveer estos equipos.

“Precisamente en momentos en que la Isla enfrenta un estado de emergencia por violencia de género, y siendo nuestra responsabilidad atender las necesidades de todo el componente de seguridad pública del país, es deber de esta Comisión contar con la información más actualizada sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico del Programa de Servicios con Antelación al Juicio’’, declaró Cruz Burgos.

En la vista, que se transmitió de manera virtual a través de la plataforma Zoom, Rodríguez Robles expresó que la empresa controla dos tipos de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, en inglés): uno para casos por Ley 54 de Violencia Doméstica, en el cual se monitorea la localización real de la persona con una cobertura 4G, mientras que otro, llamado “Shadow”, se usa en los demás casos de actos violentos y libertad supervisada, entre otros.

Rodríguez Robles reiteró que uno de los problemas enfrentados al monitorear a las personas es la pérdida de señal del grillete en la zona montañosa de la Isla. O sea, se pierde el rastro de la persona imputada de delito.

Este fue uno de los problemas que destacó durante una primera vista pública ante la Comisión, a propósito de la Resolución de la Cámara 240 para conocer “con carácter de urgencia” el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico del PSAJ y la Resolución de la Cámara 93.

Ese día también dijo que el programa necesita empleados y cuenta con 72 personas para monitorear el total de 1,518 casos de supervisión electrónica, divididos entre 1,469 hombres y 49 mujeres.