Ante las expresiones hechas por la presidenta de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico (FAC) decretó hoy un Estado de Emergencia como respuesta a las expresiones de la directora ejecutiva de la Junta Fiscal, Natalie Jaresko, de eliminar las “tarifas legales para beneficiar aquellos individuos y organizaciones que en abierta violación a la ley las han violado constantemente”.

El grupo hace referencia a la revisión de las tarifas de todos los sectores de la transportación que Jaresko ordenó detener la pasada semana. Como consecuencia de la determinación de Jaresko, el FAC advirtió que de eliminarse el alza de tarifas podrán paralizar el país.

“Aquí la Junta quiere legalizar la ilegalidad. Desde el 2005 no se revisaron las tarifas de todos los sectores de la transportación, a pesar de que la reglamentación y acuerdos estipulaban que cada cinco años la Comisión de Servicios Públicos estaba obligada a revisar las tarifas por reglamento”, dijo el coordinador general del FAC, Víctor Rodríguez.

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El pasado 22 de diciembre de 2020, luego de 15 años y por solicitud de la organización, se autorizó un reajuste de 36 por ciento a las tarifas. Como parte de la discusión se invitó a la Junta a dialogar, pero según apuntó Rodríguez, ningún miembro se hizo disponible.

“Es vergonzoso que encima de la voluntad del pueblo puertorriqueño y sus instituciones gubernamentales, una persona que es una extraña y que cobra un lucrativo salario del bolsillo de los contribuyentes, dentro de los cuales están los camioneros, grueros y demás transportistas, pretenda crear desasosiego en la familia puertorriqueña”, manifestó el coordinador general del FAC.

Por su parte, el coordinador de Relaciones Publicas del FAC, Edwin Marrero, hizo un llamado al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia y a los cuerpos legislativos a no permitir dichas acciones de la Junta.

“El Gobernador y los legisladores deben detener este atropello sin precedentes en la historia de Puerto Rico que pretende hacer la Junta. También será deber de los cuerpos legislativos defender los derechos adquiridos legalmente por 40 mil concesionarios del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, que son los que mueven la economía del país”, puntualizó Marrero.

Del mismo modo, el coordinador de la organización del FAC, Carlos Rodríguez, señaló que el organismo fiscal debe conocer que el sistema de transportación publica mediante paga de Puerto Rico no es comparable con el de los estados de Estados Unidos por razones económicas, sociales y culturales.

“La legislación federal mediante la Ley de Cabotaje afecta a cada puertorriqueño en un 25 por ciento o más que a los ciudadanos de la metrópolis. Los costos operacionales por ser Puerto Rico un archipiélago, son mayores para los transportistas públicos. La eliminación de las tarifas establecería un caos en los servicios a prestarse y por último se eliminaría el justo balance para proteger al consumidor y hacerles justicia a los transportistas”, expuso Rodríguez.

“A nombre del liderato del FAC damos por comenzado el Estado de Emergencia y preparación para evitar que le quiten los derechos legalmente obtenidos a los camioneros, grueros, taxistas, servicio de ambulancia y demás sectores del transporte. Hoy más que nunca, solidaridad, unidad y lucha, que la victoria será nuestra como en 1972,1974,1978 y 2005. Que así nos ayude Dios”, concluyó el coordinador del FAC.