Víctor Cruz Quintero enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión.

El Ex director municipal de finanzas del Municipio de Toa Baja, Víctor Cruz Quintero, se declaró culpable el viernes, ante el juez federaldos Marcos López, de un cargo de apropiación indebida de fondos gubernamentales del Programa de Garantía de Préstamos de la Sección 108 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

El o alrededor del 28 de octubre de 2014, el acusado Víctor Cruz-Quintero usó su cargo como director de finanzas del Municipio de Toa Baja para realizar una transferencia no autorizada de 2,538,164.41 dólares de los fondos del Programa de Garantía de Préstamos de la Sección 108 de HUD al fondo general del municipio. Estos fondos se utilizaron para realizar pagos de nómina a empleados municipales y para pagar a varios contratistas municipales.

Todos los fondos federales y el financiamiento provisto por HUD al Municipio de Toa Baja como parte del Programa de Garantía de Préstamo de la Sección 108 debían usarse solo para fines autorizados por HUD. HUD no autorizó en ningún momento al Municipio de Toa Baja ni a ningún empleado municipal a utilizar fondos o financiamiento federal de HUD para pagar a empleados municipales que no pertenecen al programa de HUD o para pagar contratos municipales que no pertenecen al programa de HUD.

El 18 de marzo de 2021, el Municipio de Toa Baja reconoció la apropiación indebida de estos fondos y ejecutó un Acuerdo de Pago con HUD para realizar cinco pagos anuales a HUD por un total de 2,605,164 dólares.

Este caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD-OIG) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. (HHS- OIG). El fiscal federal adjunto Seth Erbe está a cargo del enjuiciamiento de este caso.

El acusado Víctor Cruz-Quintero enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.