La agencia no compareció a exponer su posición de custodia en una vista realizada en junio ni presentó informe de recomendaciones en otras dos ocasiones.

El asesinato de un niño de ocho años a manos de su padre Jonathan Santiago Cortés, colocó ayer sombras sobre el manejo del caso por parte del Departamento de la Familia (DF) que no compareció de forma alguna a una vista en junio y falló en presentar informes en otras dos vistas en julio.

Esta serie de posposiciones por fallas del DF provocaron que se prolongara el patrón de maltrato contra el menor, por parte de su padre, y reseñalamientos de vistas judiciales hasta el mismo día de su muerte.

El caso originalmente comenzó el 8 de junio, cuando la jueza María Rojas Delgado emitió una orden de protección bajo la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual, debido a que al parecer el niño era objeto de abuso sexual por parte de un tío materno. Ahí se le concedió la custodia del niño a su padre, el ahora asesino confeso.

La no comparecencia de funcionario alguno del DF en una vista presidida por la juez Ingrid Alvarado Rodríguez provocó que esta vista fuera suspendida hasta el 2 de julio, por lo que la custodia del menor continuó preliminarmente en las manos de su asesino, como lo había determinado en una vista previa la jueza Yaritza Santiago San Antonio.

A esa vista del 2 de julio la madre del niño compareció junto a su abogado. Pero en esa vista el DF falló en presentar el informe en el que debió hacer recomendaciones entre las que pudo haber estado darle la custodia a un tutor o familiar, o removerlo y que el Estado se hiciera cargo de su protección por razones de seguridad, negligencia y maltrato.

El caso se volvió a citar para el 30 de julio y otra magistrada, la jueza Ingrid Caro Cobb, extendió la orden una vez más dado a que el DF tampoco presentó el informe.

Una vez más se reseñaló la vista, esta vez para el 9 de agosto. Trágicamente, la vista del 9 de agosto no se realizó. Ese fue el día en que el menor falleció en el Hospital Menonita de Caguas, donde fue llevado luego de que, supuestamente, tuviera una caída en el hogar de su padre en Aguas Buenas.

No obstante, tras las pruebas médicas, se demostró que los golpes no eran compatibles con una caída.

Ayer, las autoridades radicaron cargos por asesinato contra Santiago Cortés, por el asesinato del menor. Según la policía, el hombre confesó que llevaba un patrón de maltrato con el niño, el que presentaba en su cuerpo hematomas y quemaduras.

El menor, según fuentes de NotiCel, vivía anteriormente con su mamá, un tío y sus abuelos maternos. Fue la jueza Santiago San Antonio quien emitió la orden quitando la custodia a la madre y a sus abuelos maternos, con la condición que se le diera a su padre. De acuerdo a la fuente con conocimiento del caso, esto ocurrió porque el menor le contó a su padre que tanto su madre como sus abuelos calificaban los actos del tío con el niño como un "juego de manos" natural.

Ayer, abordada por NotiCel en una conferencia de prensa relacionada a los eventos atmosféricos, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, aseguró que la agencia busca de manera preferencial que los menores permanezcan con sus familias y que el caso había sido atendido diligentemente.

“En este caso se determinó en ese momento que el padre era la persona que podía proveerle ese cuidado y esa seguridad del menor. Lamentablemente, todavía continúa la investigación. Pero sí te puedo garantizar que la toma de decisiones en ese momento de ubicar a ese menor en esa familia, fue porque se determinó que iba a estar seguro”, sostuvo la funcionaria.

Poco después, en un comunicado de prensa, el Poder Judicial relató las vistas en que se había atendido este asunto, en defensa de las tres juezas que vieron el caso,- siendo una de éstas la que no concedió la orden de protección contra el asesino de Andrea Ruiz Costas- y arrojó sutilmente dudas sobre el desempeño del DF.

"Sobre la intervención del Departamento de la Familia en este asunto, refiéranse a ellos para información", se dijo desde la Oficina del Poder Judicial.

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