El Poder Judicial se defendió al señalar que el proceso se extendió debido a que el Departamento de la Familia no sometió su informe.

El Poder Judicial aclaró el proceso mediante el cual el niño de ocho años que fue asesinado en Aguas Buenas, fue movido de la custodia de su madre y se mantuvo con su padre por los últimas semanas.

El martes las autoridades radicaron cargos por asesinato contra Jonathan Santiago Cortés, por el asesinato del menor. Según la policía, el hombre confesó que llevaba un patrón de maltrato con el niño, el que presentaba en su cuerpo hematomas y quemaduras.

El niño falleció el lunes en el Hospital Menonita de Caguas. Fue llevado allí luego de que, supuestamente, tuviera una caída en el hogar de su padre en Aguas Buenas. No obstante, tras las pruebas médicas, se demostró que los golpes no eran compatibles con una caída.

El menor estaba bajo la custodia de Santiago Cortés debido a un caso de supuesto abuso sexual por parte de un tío materno.

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“El pasado 8 de junio la jueza María Rojas Delgado emitió una orden de protección ex parte bajo la Ley 148-2015, conocida como la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual, a favor del menor J.E.S.F. En un proceso relacionado, el 10 de junio la jueza Yaritza Santiago San Antonio expidió una orden de protección ex parte bajo la Ley 246-2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar, y Protección de Menores", publicó el Poder Judicial en un comunicado en el que detallan como comenzó su intervención en el caso.

El martes trascendió que este caso involucra a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, como la persona que ordenó que la custodia del menor pasara al padre mientras se investigaba el caso de supuesto abuso sexual contra el tío materno del menor.

Alvarado Rodríguez es la jueza que determinó no causa para arresto en la denuncia criminal que promovió Andrea Cristina Ruiz Costas contra su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien un mes luego de ese evento la asesinó y quemó su cuerpo. La semana pasada Ocasio Santiago se suicidó en la cárcel.

En su comunicado, el Poder Judicial expresa que la jueza Alvarado Rodríguez extendió la orden emitida por la jueza Santiago San Antonio. Además se señala que el Departamento de la Familia no presentó un informe requerido por la magistrada, lo que la llevó a extender nuevamente la orden el 30 de julio.

"El 22 de junio, la Jueza Ingrid Alvarado Rodríguez extendió esa orden con las mismas determinaciones de hecho formuladas por la Jueza Santiago San Antonio y le requirió al Departamento de la Familia efectuar una investigación y presentar el informe correspondiente. Citadas las partes y el Departamento de la Familia para el 2 de julio, la Jueza Alvarado Rodríguez extendió nuevamente la orden y emitió una orden de mostrar causa contra el Departamento de la Familia ya que no rindió el informe ordenado. Se volvió a citar para el 30 de julio y otra magistrada, la Jueza Ingrid Caro Cobb, extendió la orden una vez más dado a que el Departamento de la Familia no presentó el informe. Citó vista para el 9 de agosto", finalizó la comunicación del Poder Judicial.

La vista del 9 de agosto no se realizó ya que ese fue el día en que el menor falleció.

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La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz defendió la gestión de esa agencia en este caso.

“En este caso, se determinó en ese momento que el padre era la persona que podía proveerle ese cuidado y esa seguridad del menor. Lamentablemente, todavía continúa la investigación. Pero si te puedo garantizar que la toma de decisiones es ese momento de ubicar a ese menor en esa familia, fue porque se determinó que iba a estar seguro”, sostuvo González Magaz el martes en declaraciones a la prensa.