La Fiscalía de Humacao del Departamento de Justicia presentó el miércoles, cargos criminales contra Wilfredo Rivera Vargas y Héctor Iván Rodríguez Román, quienes fueron arrestados por el Negociado de la Policía durante un allanamiento en la urbanización La Inmaculada en Las Piedras.

Ambos enfrentan cargos al amparo de la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Alegan que Rivera Vargas se dedica a suplir armas a organizaciones criminales y había sido arrestado anteriormente por delitos similares.

“Como parte de un plan de trabajo que se ha estado llevando a cabo entre el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y las autoridades federales, ayer se diligenció una orden de allanamiento en la residencia donde vive el señor Wilfredo Rivera Vargas, quien en el bajo mundo es conocido por ser el armero de varias organizaciones criminales. Este se encontraba en compañía de Héctor Iván Rodríguez Román. En la residencia se ocupó un rifle AR-15, marihuana y una balanza, entre otras piezas”, informó el fiscal en declaraciones escritas.

La jueza Enid Rivera, de Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para arresto contra el dúo. A Rivera Vargas se le impuso una fianza de 1.5 millones de dólares, mientras a Rodríguez Román se le fijó la cuantía de 225,000 dólares.

El fiscal Miguel García Rodríguez, quien representó al Ministerio Público, detalló que a nivel estatal “se les radicó un cargo por infringir el artículo 6.09 de la Ley de Armas, que tipifica la portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, y dos cargos adicionales por violar los artículos 401 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas debido a la posesión de drogas y parafernalia con intención de distribuir”.

Se anticipó que las autoridades federales también podrían radicar cargos por la comisión de otros delitos en esa jurisdicción.

“El trabajo coordinado entre el Departamento de Justicia, la Policía y las autoridades federales en protección de los ciudadanos continúa dando resultados”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

La vista preliminar fue señalada para el 1 de junio.